A los presos políticos

No podíamos cerrar este espacio editorial del 2005 sin dedicarlo a todos los venezolanos que siguen tras las rejas por motivos políticos y otros tantos a quienes se les siguen investigaciones desde la Fiscalía, entre los que se cuentan militares, periodistas, dirigentes políticos y gremiales y en general personas que se sintieron llamadas a participar en política, en un momento en que el país entró en el callejón oscuro del enfrentamiento y la intolerancia.

Creo que la persecución política, camuflada como delitos de rebelión y conspiración, reflejan la retaliación que ha asumido el Gobierno contra sus oponentes, luego de más de seis años en que el diálogo, la convivencia y el entendimiento para acuerdos comunes que beneficien al país, han desaparecido como instrumento democrático.

Por ello consideramos que el llamado que hiciera el arzobispo de Caracas, monseñor Jorge Urosa Sabino, al Gobierno Nacional, para que propicie "medidas de gracia" para favorecer a los presos políticos del país, como un paso inicial en el camino del diálogo necesario para salir de la crisis, es el hecho político más relevante ocurrido en estas dos últimas semanas. Su llamado realizado desde la Catedral de Caracas, no debe ser evadido por el presidente Chávez y las autoridades del Gobierno, más en un momento en que el sector oficialista controla todas las instancias de la sociedad.

Uno de los aspectos resaltados por el arzobispo es el hecho de que se trata de personas que no son "delincuentes, asesinos ni criminales"; por ello considero, al igual que lo refirió el arzobispo, que es importante que los presos sean beneficiados con una medida de gracia, para que haya una demostración clara de amplitud y diálogo necesario.

Chávez y su gobierno no deben olvidar cómo fueron tratados por la justicia que imperó en la llamada Cuarta República. El actual Presidente no sólo protagonizó un golpe de Estado armado, sino que meses después, estando en la cárcel, lideró una segunda intentona con el resultado de cientos de muertos y heridos. Aun así el país reconoció que detrás de esos hechos de violencia había una "razón política" que lo diferenciaba del delincuente. Ese aspecto fue entendido por el presidente Rafael Caldera, quien ordenó el sobreseimiento de la causa contra él y todos los militares involucrados en los golpes del 4 de febrero y 27 de noviembre.

La mayoría de esa gente disfruta hoy de altos cargos en el Gobierno y tienen el poder para llevar al país hacia el camino de la distensión.

Hay casos aberrantes como del general Francisco Usón, con casi seis años de prisión por un comentario en un programa de televisión. La pena aplicada a Carlos Ortega es realmente exagerada e injustificada, especialmente si vemos la historia de los últimos 20 años de quienes gobiernan.

Y con ellos los comisarios Forero, Simonovis y Vivas, a quienes nunca se les vio una actitud política en sus gestiones públicas. Los periodistas perseguidos, los militares presos y los que están en el exilio. Esperamos que las palabras de monseñor Urosa no caigan en el vacío como tantas otras.

Este espacio estará un mes sin publicarse por vacaciones, mientras que la sección de Expediente regresará a partir del 15 de enero. ¡Feliz Navidad!