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Caracas, jueves 15 de diciembre, 2005  
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DERECHOS HUMANOS / Corte Interamericana ordenó reparación integral de daños
Condenan a Venezuela por desapariciones en Vargas

Alejandra Iriarte y Nélida Fernández esperan por sanciones a los responsables
(Foto Cortesía)
Se violaron derechos a la vida, integridad personal, libertad y protección judicial

EDGAR LOPEZ

EL UNIVERSAL

La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que el Estado venezolano violó los derechos a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a través de la actuación de los cuerpos de seguridad durante la tragedia de Vargas que generaron la desaparición forzada de Ocar José Blanco Romero, Roberto Javier Hernández Paz y José Francisco Rivas Hernández.

Los hechos evaluados por el máximo tribunal hemisférico tienen que ver con los excesos cometidos por policías y militares en la represión de saqueos y otros actos vandálicos que se cometieron en medio del caos que generó el deslave ocurrido en diciembre de 1999. Blanco Romero, Hernández Paz y Rivas Fernández fueron detenidos por funcionarios del Ejército, entregados a funcionarios de la Disip y luego desaparecidos.

Las acciones judiciales intentadas por sus familiares fueron infructuosas y, con el respaldo de Cofavic y la Vicaría de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas, el caso fue denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desde donde se elevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El fallo se emitió sobre la base del reconocimiento de responsabilidad internacional, expresado por la agente del Estado, María Auxiliadora Monagas, en junio pasado.

Sin embargo, la Corte dispuso que el Estado debe llevar a cabo investigaciones judiciales "efectivas e imparciales" que permitan el esclarecimiento de los hechos y la sanción de los responsables. También está obligado a localizar a Blanco Romero, Hernández Paz y Rivas Hernández y, en caso que hayan fallecido, entregar los restos a sus fami liares.

Para garantizar la no repetición de las violaciones comprobadas, la sentencia de la Corte establece que el Estado debe adecuar su legislación penal a los estándares internacionales en materia de desparición forzada de personas y, en particular, para asegurar la efectividad del hábeas corpus en la investigación de este tipo de casos. Además, debe impartir cursos de formación y capacitación en derechos humanos a los funcionarios policiales y militares, específicamente en cuanto a la prohibición de la tortura y el uso desproporcionado de la fuerza. En materia de indemnizaciones, la sentencia dispone que el Estado debe pagar por concepto de pérdida de ingresos 45 mil dólares (Blanco Romero), 47 mil dólares (Hernández Paz) y 65 mil dólares (Rivas Hernández); por concepto de daño emergente, mil dólares en cada caso; por concepto de gastos y costas procesales 40 mil dólares en cada caso; y por concepto de daño inmaterial 25 mil dólares a cada uno de los padres de las víctimas, 25 mil dólares a la esposa de Blanco Romero y 25 mil dólares a sus hijos y sobrinos, diez mil dólares a los hermanos y al tío de Hernández Paz y diez mil dólares a los hermanos de Rivas Fernández.

Aunque la Corte Interamericana de Derechos Humanos valoró positivamente que el Estado venezolano haya reconocido su responsabilidad internacional por las violaciones de derechos humanos durante la tragedia de Vargas, la sentencia concluye advirtiendo que se supervisará su cumplimiento íntegro (lo cual comprende reparaciones pecuniarias y no pecuniarias) y, a tales efectos, se fijó un plazo de un año, para que se remita un informe al respecto.



 
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