Carlos Ortega aprovechó su derecho de palabra para dar un discurso político, pues aseguró que desde el principio del juicio sabía que lo iban a condenar. A sí mismo se define como "un prisionero de Chávez", por lo cual dijo entender que la juez Milagros Morales y la fiscal Luisa Ortega no actuaran imparcialmente sino en fiel cumplimiento de órdenes impartidas desde Miraflores.

"El paro fue convocado por todos los sectores democráticos y era propiedad de todos. No ha variado la persecución a la disidencia, por lo cual hoy ratifico que hay que prepararse para lo difícil. Aquí no vale Constitución ni COPP, pues el Poder Judicial está secuestrado por Chávez, al extremo de que no se permitió ser juzgado con escabinos", expresó pocas horas antes de ser condenado. Insistió en defender la protesta que emprendió la oposición a finales de 2002, se fundamentó en genuinos valores democráticos: la protesta pacífica frente a los abusos de poder y de autoridad, así como la defensa del voto.

Se atrevió a pronosticar males peores como el cierre de medios de comunicación social y desaparición de las convenciones colectivas, al tiempo que aumentará el deterioro de la economía (por la desinversión nacional y extranjera), la crisis de inseguridad ciudadana y, en general, la vulnerabilidad de la calidad de vida de los venezolanos, por insatisfacción de necesidades básicas. Aunque parecía ajeno al debate que se llevó a cabo en el Tribunal Noveno de Juicio, Carlos Ortega considera que el déficit de democracia que motivo el paro se mantiene y un ejemplo de ello sería el 75% de abstención en las recientes elecciones parlamentarias.

Finalmente, dijo que volvía a la cárcel de Ramo Verde sin cargos de conciencia, pero angustiado por el país.