MAYELA ARMAS H.
EL UNIVERSAL
El Ejecutivo nacional decretó en estado de emergencia
el sistema nacional de vivienda con el objeto de realizar
adjudicaciones directas de los contratos y entregar más
soluciones habitacionales, pero esos procesos no son garantía
de que se cumplirá con la meta de construcción,
tal como sucedió en períodos pasados.
Esta será la tercera vez en que las autoridades del
sector vivienda volverían a recurrir a las adjudicaciones
directas.
En el año 2000 el Gobierno decretó emergencia
por la tragedia del estado Vargas, debido a que se necesitaba
realizar nuevas unidades para atender a los damnificados
y para agilizar los procedimientos se efectuaron adjudicaciones
directas. Para ese período se programó la construcción
de más de 99.000 viviendas.
Pero de esa cantidad solamente se terminó el 64%
y en un plazo de año y medio.
En el año 2001 se volvió a presentar un
nuevo plan de viviendas. La meta era realizar más
de 48.000 soluciones habitacionales. Para ese año
la emergencia había terminado, pero el 70% de
los fondos que se previeron para construir las soluciones
se incluyeron en la Ley de Endeudamiento. 
El para entonces presidente de Fondur, Víctor
Cruz Weffer, argumentó que al estar los recursos
dentro de la Ley Paraguas el organismo podía
efectuar adjudicaciones.
En marzo del año 2001 expresó que la
Ley de Licitaciones permitía que cuando los
recursos dependían de las colocaciones de
bonos de la deuda no era obligatorio realizar
ofertas públicas, luego manifestó que
no le gustaban las licitaciones, porque "esos
procedimientos los ganan cuatro o cinco constructores
que son las mafias de la construcción, son
los mismos dueños de terrenos, proyectistas
y constructoras".
Tres meses después, en junio de 2001,
Cruz Weffer indicó que de la meta de viviendas
previstas para el año solamente se terminaría
el 25%, es decir, 12.000 soluciones estarían
listas a pesar de las adjudicaciones directas
a pequeñas y medianas empresas.
Según cifras de la Cámara Venezolana
de la Construcción (CVC), en diciembre
de 2001 tanto el sector público como
el sector privado solamente realizaron 22.800
unidades, menos de 50% de la meta prevista.
Para mediados de 2002 todavía se estaba
ejecutando el plan de unidades del año
anterior y se había entregado el 51%
de los recursos programados. En la Ley de
Endeudamiento de 2001 se previeron 732 millardos
de bolívares para el sector y solamente
se desembolsaron 373 millardos de bolívares.
A pesar de los rezagos, en 2002 se decidió
construir 35.000 viviendas, pero la programación
no se ejecutó. Por tal motivo a partir
de 2003 el Gobierno dejó de presentar
nuevos programas y optó por terminar
las unidades de los planes pasados, pero
el Ejecutivo ya tiene más de dos años
terminando esas soluciones.
Repetición
El titular del despacho de Vivienda, Luis Figueroa, indicó
la semana pasada que el objetivo del
nuevo decreto de emergencia del sistema
nacional de vivienda era terminar las
unidades pendientes y "obviar los procesos
de licitación, los cuales retrasarían
más la entrega de las soluciones".
Para el funcionario, en los próximos
meses "habrá adjudicaciones directas"
y destacó que "esa decisión
está amparada en la demanda que
hay de unidades habitacionales".
Los procesos de adjudicación
serán para la construcción
de las unidades y la realización
de los urbanismos. Figueroa agregó
que "se buscarán las empresas
con una buena ejecución financiera".
En el decreto se indica que los
organismos ejecutores "tendrán
que efectuar con urgencia todas
las contrataciones necesarias
para la ejecución y culminación
de obras en todos sus ámbitos,
incluyendo la adquisición
de materiales de construcción
para culminar los desarrollos".
Las viviendas pendientes de
los planes pasados superan las
50.000 unidades, pero el ministro
ha indicado que las factibles
para terminar en los próximos
meses serán 10.000. Al
cierre de julio el Gobierno
había culminado 17.000,
de manera que al término
de 2005 solamente se tendrán
listas 27.000 soluciones habitacionales.
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