MAYELA ARMAS H.

EL UNIVERSAL

El objetivo de la medida es terminar parte de las soluciones habitacionales pendientes de los planes de 2001 y 2002 y realizar adjudicaciones directas en lugar de licitaciones.

En la disposición se faculta al Consejo Nacional de la Vivienda (Conavi), Fondo de Desarrollo Urbano (Fondur), Instituto Nacional de la Vivienda (Inavi), Servicio de Vivienda Rural (Savir), Fundabarrios y Banco Nacional de la Vivienda y Hábitat (Banavih) "a efectuar con urgencia todas las contrataciones necesarias para la ejecución y culminación de obras en todos sus ámbitos, incluyendo la adquisición de materiales de construcción a los efectos de dar respuesta inmediata y definitiva a la culminación de los desarrollos urbanísticos que deben ser concluidos dentro del último trimestre del año".

Luis Figueroa, ministro de la Vivienda, explicó que a través de ese decreto "se tratarán de terminar las unidades pendientes y además se crea un margen jurídico para obviar los procesos de licitación, los cuales retrasarían más la entrega de las viviendas".

En la Ley de Licitaciones se establece que cuando se decretan estados de emergencia las instituciones pueden efectuar adjudicaciones directas, y ello es lo que hará el despacho.

El funcionario manifestó que "habrá puras adjudicaciones directas y esa decisión está amparada en la demanda de soluciones habitacionales".

Los procesos de adjudicación serán para la construcción de las unidades y la realización de los urbanismos. En ese sentido manifestó que "se buscarán aquellas empresas que han tenido una buena ejecución financiera, que no han tenido problemas".

Las viviendas pendientes superan las 50.000 unidades y según Figueroa las soluciones factibles para terminar este año suman 10.000. "Esa cantidad de unidades se pueden entregar por cierre de ciclo. Una primera cosecha estará lista al término de 2005 y una segunda parte se completará en el primer trimestre de 2006. Hemos escogido aquellos proyectos que tienen una función significativa, como es la entrega de las casas".

Disponibilidad
En el decreto de estado de emergencia el Ministerio de Vivienda ordena "el traspaso de recursos financieros y las modificaciones presupuestarias, incluyendo los traslados a los fines de lograr la disponibilidad inmediata de los recursos para dar cumplimiento a la culminación de los desarrollos urbanísticos iniciados por los organismos ejecutores".

Figueroa apuntó que por ejemplo el Conavi recibió 147 millardos de bolívares y ello permitirá realizar 4.500 unidades de las 10.000 soluciones factibles y agregó que Fondur e Inavi pueden tener listas unas 5.000 viviendas.

El funcionario no precisó la cantidad de fondos que se invertirán en la terminación de las soluciones, pero sí manifestó que no se descarta solicitar más recursos en 2006 para efectuar las soluciones.

El próximo año los recursos que se destinarán por la vía de presupuesto al sector vivienda ascenderán a 800 millardos de bolívares y ello representa un aumento de 22% en relación con lo programado en este ejercicio, sin embargo la inversión está 52% por debajo de lo previsto en el año 2000.

El titular de la Vivienda explicó que los fondos previstos en ejercicios pasados a la construcción de las soluciones en parte se destinaron a los pagos de las empresas. "A los fideicomisos que se abrieron para atender los proyectos se les realizaron depósitos, sin embargo cuando se conversó con las empresas para revisar las gestiones se determinó que se tenían que indexar algunos aspectos, con lo cual el dinero no fue suficiente. Ahora el dinero será realmente para la construcción de casas. Esto es un reordenamiento a la inversa". "Con la decisión del estado de emergencia tratamos de interpretar la angustia de la población. Es importante la cantidad de proyectos que están a mitad de construcción. Por ello vamos a reorientar todos los fondos disponibles de los organismos ejecutores, nuestra prioridad es aumentar la oferta de vivienda".

En el decreto se indica que "el derecho a la vivienda es un precepto constitucional y es parte de la base fundamental del Estado de Derecho social y de justicia, valor este que concurre en la acción transformadora del Estado, el Gobierno y la comunidad".