El diputado Jesús Garrido Pérez (AD-Barinas) estuvo presente en el encuentro y ratificó la disposición del embajador Morodo de interceder ante las autoridades venezolanas por las propiedades y derechos de estos ciudadanos españoles, quienes manifestaron que desde el año 2003 han sufrido el continuo irrespeto de sus fincas y fundos.

Garrido Perez informó que el diplomático español realizaría gestiones ante la Vicepresidencia Ejecutiva, el Ministerio de Relaciones Interiores o la Comisión Agrícola Nacional a fin de que cesen las agresiones contra estos pequeños y medianos productores.

"El embajador incluso envió una misión a Yaracuy para indagar sobre esta situación. También conversó con los afectados y les pidió esperar un intervalo de tiempo prudencial para dialogar con las instancias correspondientes en el Gobierno nacional".

Entre los soportes que estos 14 productores entregaron al embajador se encuentran fotografías, videos y documentos probatorios de la cadena titulativa de esas tierras. Según el diputado Garrido Pérez, "esos predios fueron expropiados por el Estado venezolano en 1926 y luego entregados a campesinos, quienes posteriormente se las vendieron a estas personas, de manera legítima y legal".

María Fátima Vieira, hermana de Antonio Vieira, productor asesinado presuntamente por invasores, se reunirá hoy con el embajador de Portugal en Venezuela para plantearle su caso.

Irregularidades en Fondafa
El parlamentario barinés denunció una serie de irregularidades cometidas por el Fondo de Desarrollo Agropecuario, Pesquero, Forestal y Afines sobre las tierras de estos productores yaracuyanos.

"Fondafa otorgó créditos y financiamientos a los invasores de estos predios, a pesar de que carecen de la documentación que demuestre que son sus legítimos propietarios.

Estas personas han arrasado con los cultivos, los rebaños, las cercas y demás infraestructuras de las fincas que violentaron".

Agregó que los propietarios de los fundos han sido beneficiados con decisiones del Tribunal Agrario correspondiente, pero no hay ninguna autoridad que haga cumplir dichas sentencias.

Con información de Ernesto J. Tovar