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Caracas, domingo 30 de octubre, 2005  
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ENTREVISTA / Jesús Garrido dice que en 6 años fueron intervenidas 5 mil fincas
Nace la nueva plutocracia terrofágica

(Foto Gustavo Bandres)
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Según el diputado adeco, el gobernador Manuitt, de Guárico, es dueño de 45 mil hectáreas; la hacienda de Lucas Rincón tiene 3 mil 500 ídem y Rodríguez Chacín pagó 800 mil dólares por un hato en Barinas

ROBERTO GIUSTI

EL UNIVERSAL

El diputado Jesús Garrido anda con un maletín lleno de papeles. Denuncias de propietarios despojados, estadísticas de fincas ocupadas, cartas de campesinos, cifras y más cifras, entre las cuales sobresale una: "En lo que va de gobierno más de cinco mil fincas han sido invadidas, la mayoría pertenecientes a pequeños y medianos productores".

Pero este sociólogo de la Unellez, con doctorado en Filosofía y Educación y militante de AD, aspirante a su ratificación parlamentaria, también presenta datos: "Las primeras fincas invadidas fueron aquellas cuyos propietarios solicitaron ante el INTI calificación de productividad, con información del Seniat".

_¿Pero no resulta un acto de justicia el que Chávez cumpla su palabra de acabar con el latifundio y entregar la tierra a quienes la trabajan? _Se trata de actos de confiscación violatorios de la Constitución y de la Ley de Tierras porque primero se invade, se mete en las propiedades a los militares y luego se asocia al discurso del presunto socialismo del siglo XXI, que para mí no se trata sino de un modelo estatificador, comunista y atrasado, que no se corresponde con las dinámicas globales. Creo que se trata de la reacción desesperada de un gobernante que ha perdido siete años sin producir equidad, igualdad ni inclusión, empeñado, sobre la base del populismo agrario latinoamericano, en crear una dicotomía entre lo que llama la oligarquía latifundista y los campesinos.

_Todo eso puede ser cierto, ¿pero no se trata de un acto de justicia despojar a quien posee tierras en exceso y dárselas a quien no tiene nada? _Es que la finalidad no es darle acceso a los campesinos a la propiedad de la tierra, sino de ocupar, por la vía de la violencia y de la coacción militar, unas propiedades que se pretende nacionalizar dentro de una mentalidad comunista. Según la Ley de Tierras las afectaciones que hace el Gobierno no garantizan la titularidad de los supuestos beneficiarios. Este es un típico modelo de nacionalización, de estatificación, suerte de reconfiguración oligárquica del propio Estado para convertirse en el gran propietario. El ejemplo de La Marqueseña es claro porque allí, luego de haber anunciado que se iba a repartir esas tierras, se creó una empresa del Estado, un centro de recría en un modelo corporativo y socializante, mientras las ochenta familias, supuestamente beneficiadas, se quedaron sin nada. _Eso puede haber ocurrido en La Marqueseña, mas no en El Charcote o en el Hato Piñero. _Esas entregas de tierras son actos espurios e ilegales que no se acogen a la Constitución. No tengo nada en contra de la entrega de tierras a los campesinos. Todo lo contrario; mi partido, AD, promovió la promulgación de la Ley de Reforma Agraria en 1960 con Betancourt. Eso permitió un proceso masivo de afectación de grandes latifundios, pero de acuerdo con la ley y luego de la respectiva declaración de utilidad pública y social de las tierras. Hoy se hace de una manera totalitaria y fascista que nos recuerda la vocación terrofágica de Juan Vicente Gómez, quien terminó como dueño del país.

_En todas las revoluciones las afectaciones de tierras han sido violentas. Así ocurrió con los gulags en la URSS y lo mismo en México, en China y en Cuba. _Sí, pero nadie votó por Chávez para que hiciera una revolución. La gente eligió a un presidente constitucional. Claro que el Gobierno podría propiciar una política de distribución de tierras en el marco de la Constitución y de la ley. Lo que cuestiono es la arbitrariedad al estilo Jalisco. Desde el punto de vista social no existe una ordenación del uso del territorio. ¿Dónde está el catastro del Gobierno? ¿Dónde están las políticas macrosociales y de afectación de latifundios? ¿Por qué el Gobierno no levanta, junto con Fedecámaras, un catastro nacional y se establece una concertación, con un cronograma de avalúos que le permita a la República pagarles a los propietarios el valor de sus tierras?

_¿Mediante qué tipo de propiedad de la tierra? _Buena pregunta, a la que agrego otras: ¿quiénes serán los beneficiarios de las cartas agrarias? ¿Quiénes, de verdad verdad, son campesinos? En Barinas, por ejemplo, encontramos que esos "campesinos" son personas vinculadas con los gobiernos municipales, regionales y el MVR. No existe verdadera intención de beneficiar a las familias campesinas, cuyo perfil socioproductivo tampoco existe, además de que no se sabe, a ciencia cierta, hasta qué punto hay una demanda social de tierras.

_¿Quiere decir que los campesinos sin tierras son un invento para beneficiar a los amigos del régimen? _Digo que no debe haber un proceso de estatización, de "socialización" para beneficiar a una nueva plutocracia agraria, detrás de la cual el Estado pasa a ser el verdadero titular de esa tierra. Así se crea una gran industria clientelar de la tierra, de gente ideologizada. De hecho eso ocurre con los miembros de las cooperativas, a quienes llevan a Cuba para formarlos en el modelo comunista, que nada tiene que ver con la evolución democrática del pueblo venezolano.

_¿Es compatible la existencia de una nueva plutocracia de la tierra con un proceso de estatificación y colectivización?

_Sería interesante que el Gobierno comenzara a dar signos de credibilidad. En Barinas las personas afectadas en 99,9% no simpatizan con el Gobierno. Es como una lista de Tascón agraria. El Presidente debería ponerle el ojo a las propiedades del gobernador de Guárico, quien no obstante ser sancionado por la Comisión de Contraloría y la comisión especial que lo investigó, sigue tan campante. Ese señor, de acuerdo con indagaciones que he adelantado, es propietario de 45 mil hectáreas.

_¿Tiene usted pruebas?

_Claro que sí. Además, lo mismo ocurre en Barinas, donde mientras invaden propiedades, los familiares del presidente Chávez, a través de intermediarios, se han ido convirtiendo en grandes terratenientes. En el caso de La Chavera, la finca del papá del Presidente, él dijo que se trataba sólo de algo más de 60 hectáreas, unos cochinitos y unas vaquitas. Yo propongo que una comisión parlamentaria se traslade a "la finquita" para que compruebe la existencia de una estructura onerosa y unas instalaciones de lo más ostentosas. ¿Por qué no se investiga las grandes propiedades adquiridas por generales del régimen en Barinas?

_¿De quiénes habla usted? _Del general Lucas Rincón Romero. Cada vez que voy al municipio Zamora me indican que el señor adquirió una finca de más de tres mil 500 hectáreas. Por otro lado está el ex ministro, capitán Rodríguez Chacín, quien en las narices de los barineses se compró una de las fincas más caras del estado por su proximidad a la ciudad. Unas mil 500 hectáreas por las cuales pagó, en efectivo, 800 mil dólares.

_Le pregunto de nuevo: ¿tiene usted pruebas? _Yo consigné los vouchers de los cheques en la Comisión de Contraloría. Y eso ocurrió luego de haber declarado que sus bienes se limitaban a un apartamentico y una cuenta bancaria. Pero hay casos de otros altos funcionarios, sobre todo del mundo castrense, que andan con su chequera loca comprando grandes fincas porque se sienten protegidos por la Fuerza Armada.

_Entonces, antes que un proceso de estatificación o colectivización lo que hay es un cambio de manos en la propiedad? _Claro, hay un proceso de movilidad social de una nueva plutocracia, una nueva oligarquía terrofágica que se enfrenta, por envidia social, a quienes históricamente fueron dueños de las tierras y que Chávez ataca para perpetuarse en el poder.

_Si eso es así, no viene el comunismo agrario. _Las tierras que el Gobierno está invadiendo con bayoneta calada no conducen a ningún tipo de titularidad. Son ocupaciones donde el Estado se hace dueño y en ese sentido si iríamos a un modelo cubano. Paralelamente el Gobierno ataca a los terratenientes, estimulando la emergencia de una nueva oligarquía afecta al proceso revolucionario y beneficiaria directa de la FAN.



 
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