EDGAR LOPEZ
EL UNIVERSAL
Por segundo año consecutivo, Venezuela mantuvo la puntuación
de 2.3 (sobre el ideal de 10) en el Indice de Percepción
de Corrupción (IPC) que publicó ayer Transparencia
Internacional. La diferencia respecto al año anterior
es el descenso en el ranking de los países de América
(sólo por encima de Paraguay y Haití) y la similitud
con países como Burundi, Camboya, República del
Congo, Georgia, Kirguistán y Papúa Nueva Guinea.
Desde Londres, el presidente de Transparencia Internacional,
Peter Eigen, destacó que más de dos tercios
de los 159 países analizados a través del IPC
obtuvieron una puntuación menor a 5. Desde su punto
de vista el sondeo realizado este año "es testigo
de la doble carga de los países menos desarrollados
del mundo: la pobreza y la corrupción. La corrupción
es una de las mayores causas de la pobreza, a la vez que
representa una barrera para combatirla. Ambos flagelos
se alimentan mutuamente, atrapando a las poblaciones en
el círculo vicioso de la miseria. La corrupción
debe ser abordada con fuerza si se busca que la ayuda
al desarrollo tenga resultados para liberar a los pueblos
de la pobreza".
Transparencia Internacional recordó los múltiples
estudios que indican que la inversión extranjera
merma en los países percibidos como corruptos,
lo cual, según el Instituto de Banco Mundial, disminuye
la posibilidad de mejorar los niveles de mortalidad
infantil, los ingresos per cápita y la alfabetización.
También se advirtió que la riqueza no es
suficiente para el control exitoso de la corrupción
pues "los factores de riesgo, como el secretismo de
los gobiernos, la influencia inadecuada de los grupos
de élite y el financiamiento político distorsionado
tienen lugar tanto en los países ricos como en
los pobres".
Entorno presidencial
El coordinador de Transparencia Internacional para
América Latina, Alejandro Salas, de visita
en Caracas, comentó que el hecho de que Venezuela
siga figurando en una posición desfavorable
en el IPC puede obedecer a la insuficiencia de
los esfuerzos para promover reformas estructurales,
tanto en el campo normativo como en las instituciones
requeridas para el combate de la corrupción.
Adelantándose a eventuales descalificaciones,
Salas di jo que el propósito del IPC es
que las autoridades gubernamentales presten
la atención debida al fenómeno de
la corrupción y comiencen a tra bajar para
combatirla, "en conjunto con la sociedad ci
vil organizada", enfatizó.
Al analizar los resultados del IPC en cuanto
a los países de América Latina,
indicó que se aprecian avances en Colombia
y México y retrocesos en Costa Rica y
Brasil, estos últimos asociados a recientes
escándalos de corrupción en torno
a la figura de los presidentes o ex presidentes
de la República.
En su opinión, el hecho de que el
presidente Hugo Chávez sea percibido
como un gobernante honesto no es suficiente:
"Yo creo que difícilmente el índice
va a tener mejoras en los próximos
años si se percibe que en el entorno
del Presidente suceden hechos de corrupción
o que falta transparencia, específicamente
en los procesos de compras y contrataciones
públicas".
Sin indicios de cambio
Alejandro Salas insistió en señalar que el
IPC no persigue desprestigiar a los
países percibidos como corruptos,
sino estimular una sana competencia
para impedir los efectos de la corrupción,
entre ellos la profundización de
las desigualdades sociales. Se trataría
de una especie de abono a la voluntad
política imprescindible para llevar
adelante los cambios legales e institucionales.
Sin embargo, Salas está consciente
del impacto, sobre todo de carácter
económico, que, a mediano plazo,
genera este tipo de mediciones a las
inversiones extranjeras.
Salas señaló que, excepto
la variación del IPC entre
2001 y 2002, "Venezuela ha permanecido
estancada en materia de corrupción,
pues simplemente no se ha hecho
un esfuerzo por reformar nada y
no hay indicios de cambio, pues
el combate de la corrupción
no es prioritario en el debate público.
Los cambios sistémicos siguen
en un segundo plano y las cosas
siguen como estaban hace cuatro
años".
El especialista explicó
que no hay fórmulas genéricas
que se puedan aplicar indistintamente
en todos los países: "Hay
que trabajar en varios frentes,
entre ellos el control efectivo
basado en información disponible,
así como suficiente claridad
en las reglas para evitar su interpretación
y aplicación discrecional
y acomodaticia".
Tal recomendación, acotó
Alejandro Salas, podría
ser acogida por el Gobierno
para aumentar el impacto de
los programas sociales que promueve:
"Si estas misiones estuvieran
caracterizada por la transparencia
de los procedimientos para la
distribución de bienes
y servicios, de apertura de
cuentas, de detalles sobre inversiones
y gastos, tendría el doble
de impacto en beneficio de la
sociedad e incluso del Gobierno
mismo, en la medida en que sólo
recibiría aplausos por
lograr cabalmente el objetivo
de proporcionar recursos a los
sectores más necesitados".