RAQUEL BARREIRO C.

EL UNIVERSAL

Los antecedentes en la era democrática en Venezuela demuestran que los procesos expropiatorios estuvieron relacionados con la construcción de importantes obras de infraestructura que buscaban el beneficio de toda la comunidad, como carreteras, embalses o el sistema de metro, entre otras. Sin embargo, las actuales expropiaciones están orientadas a la compra de empresas por parte del Estado, con la intención de que éste se constituya en su accionista mayoritario y reactivarlas. A consideración de algunos juristas, la forma como esto se ha llevado a cabo constituye una violación a la Constitución y las leyes.

Anuncios que se cumplen

Durante el programa Aló Presidente del 17 de julio, Chávez señaló que "es contrario que haya empresas cerradas en Venezuela, sea cuales sean las razones, eso es como las tierras ociosas (...) Este es un mensaje para los empresarios cuyas empresas están trabajando con dificultades, a media máquina, queremos que trabajen a toda máquina".

El Primer Mandatario dijo incluso que podría ofrecer ayuda financiera a aquellos empresarios que quisieran reactivar sus plantas, pero recordó que "el que tenga la bodega que la atienda o que la venda, si no la atiende ni la vende se la expropiamos, le expropiamos la bodega".

Estas afirmaciones fueron atendidas por organizaciones de productores y sindicales, y decidieron iniciar la toma de varias empresas.

Marcela Máspero, coordinadora de la Unión de Trabajadores (UNT), justificó estas acciones, alegando que "ante los ataques del neoliberalismo y del capitalismo utilizaremos los mecanismos de los trabajadores y vamos a ocupar estas empresas". Dijo que tenían 800 en lista.

Sumados a estos señalamientos el Gobierno de Barinas y la Asamblea Nacional anunciaron la declaratoria de utilidad pública de varias empresas para la elaboración de los correspondientes decretos de expropiación. Alegan que estas industrias están paralizadas aunque sus propietarios dicen que son productivas.

Uno a uno

Los juristas y profesores universitarios José Ignacio Hernández y Antonio Canova explican que las ocupaciones previas a un bien son ilegales y no deben preceder los procesos expropiatorios.

"Lo que se ha hecho aquí de ocupar un bien y decidir que se va a declarar de utilidad pública para expropiarlo es ilegal. No es lo previsto en a Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública o Social", dijo Hernández.

Estas ocupaciones previas de los bienes a expropiar violarían el debido proceso y por tanto serían ilegales, y sobre esto ya se ha sentado jurisprudencia.

Aseguró además que no se puede decretar la utilidad pública para casos particulares, esta debe ser una norma general establecida además en una ley general.

Antonio Canova explica que "si se quieren expropiar empresas paralizadas, tiene que existir una declaratoria de utilidad pública general. Por ejemplo, debe haber una ley aprobada por la Asamblea Nacional que señale que por causa de utilidad pública o interés social se podría expropiar a todas las empresas que estén paralizadas y proceder a reactivarlas para generar empleo. Pero esto no existe, y las declaratorias de utilidad pública se están haciendo sobre bienes particulares. Por lo tanto estos procesos son ilegales".

Explican los juristas que además no se puede declarar de utilidad pública cualquier cosa, y "se debe hacer su justificación basado en las leyes y la Constitución", dijo Canova.

José Ignacio Hernández señaló que el decreto de expropiación debe ser específico y reflejar sólo los bienes necesarios para cumplir con el objetivo final de la expropiación, pero esto no se ha cumplido en todos los casos.

También algunos empresarios se quejan de la manera

coercitiva como se han llevado a cabo algunos procesos de expropiación, como el que se siguió a Venepal.

Eduardo Gómez Sigala, presidente de Conindustria, explicó en días pasados que en relación con estos procesos "no se han cumplido los extremos legales y muchas de las decisiones se han impuesto por la vía de la fuerza".

Agregó que "después de que han intervenido las empresas e introducido a la fuerza militar ningún mecanismo de negociación en esos términos puede ser exitoso o equilibrado. En un mecanismo de negociación el cual se hace después de que una de las partes tiene la fuerza, evidentemente es difícil que se establezca una discusión balanceada".

Expertos legales explican que la coerción que se ha ejercido sobre algunas empresas para que vendan antes de ser expropiadas también es ilegal.

Cabe recordar que el gobernador de Monagas, José Gregorio Briceño, informó que tenía listo un decreto de expropiación de la planta de tomate de Heinz y que para no aplicar este decreto invitaba a sus representantes a negociar. Heinz accedió a la conversación y propuso la venta de la empresa por Bs 1.100 millones, pero finalmente terminó aceptando la oferta del Gobierno regional de Bs 550 millones.