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Caracas, viernes 07 de octubre, 2005  
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Gerardo Blyde // Chaz = confiscaciˇn


EL METODO "CHAZ", proclamado por el Presidente como la fórmula para despojar a propietarios, no es más que una violación abusiva e ilegal del derecho de propiedad.

El mismo consiste en producir una ocupación de facto, no de derecho, amedrentando, secuestrando e incomunicando, para obligar a quien así es sometido a doblegarse y terminar pactando con el Gobierno la cesión aparentemente voluntaria de parte de su propiedad para no terminar perdiéndolo todo, al menos momentáneamente, pues cuando lo arrebatado parezca insuficiente, vendrán por el resto.

La propiedad es un derecho humano reconocido internacionalmente y, por si a alguien le queda alguna duda, baste sólo con citar el artículo 17 de la Declaración Universal de Derechos Humanos aprobada el 5 de febrero de 1951 por las Naciones Unidas que establece: "Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad".

EL METODO CHAZ es una descarada y arbitraria forma de privación de la propiedad y está expresamente prohibido por las Naciones Unidas. Nuestra historia republicana también ha protegido a la propiedad privada y ha prohibido las confiscaciones. Baste con referirnos por cuestión de espacio, a tres de las últimas constituciones venezolanas. La Constitución de 1947, en su artículo 65, estableció que "La nación garantiza el derecho de propiedad. En virtud de su función social, la propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general". Claramente establecía la propiedad como un derecho garantizado por la nación. Sin embargo, ésta debe responder a un interés social que obliga a quien ejerce el derecho a realizar contribuciones (fiscales) o a estar limitado, de acuerdo a la naturaleza del bien en algunos aspectos de ese derecho, siempre que medie un fin de utilidad pública o interés general o colectivo. Así como se establecieron cargas al propietario en virtud de su derecho, también se establecieron cargas al Estado, que debe fundamentar de manera fehaciente la utilidad pública o el interés general en caso de necesitar, parcial o totalmente, ir en contra del derecho individual de propiedad.

La Constitución de 1961 estableció el derecho-garantía en los mismos términos dispuestos por la Constitución de 1947 (artículo 99), repitiendo los conceptos pero agregando lo siguiente: "Artículo 101. Sólo por causa de utilidad pública o de interés social, mediante sentencia firme y pago de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes". Se sujetó así el proceso expropiatorio al Poder Judicial, para que el expropiado tuviera oportunidad de defenderse del decreto que alegaba la utilidad pública o el interés social, que debía ser probado por el ente expropiante, y se constitucionalizó el derecho a obtener una jus ta indemnización. Adicionalmente las confiscaciones quedaron expresamente prohibidas así: "Artículo 102. No se decretarán ni ejecutarán confiscaciones sino en los casos permitidos por el artículo 250". (Apropiación de bienes públicos en virtud de usurpación de funciones de Gobierno o golpe de Estado).

LA CONSTITUCION VIGENTE, aprobada en 1999, establece aún de manera más clara el derecho-garantía, al no sólo proteger la propiedad sino mencionar de manera explícita sus atributos (uso, goce, disfrute y disposición). Artículo 115. Se garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes. La propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general. Sólo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes". Mejorando la técnica legislativa y asimilando los conceptos de las constituciones de 1947 y 1961, la vigente Carta Magna fundió la garantía del derecho de propiedad, sus atributos, las restricciones y el necesario procedimiento expropiatorio con fines de utilidad pública en una misma disposición. La prohibición de confiscaciones se desarrolló en el artículo siguiente (116).

NINGUNA DISPOSICION constitucional faculta al Presidente a aplicar su método Chaz, en el cual no media procedimiento judicial ni sentencia firme que compruebe la utilidad pública o el interés social alegado y probado por el Ejecutivo, ni la justa indemnización al propietario expropiado. El método Chaz es una vulgar confiscación no voluntaria, producida por la utilización de la fuerza del Estado en contra de un ciudadano a quien, aun cuando la ley lo ampara, el poder del Estado lo deja en la más absoluta indefensión.

gblyde@cantv.net




 
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