GUSTAVO AZOCAR ALCALA

ESPECIAL PARA EL UNIVERSAL

Mi familia fue la primera víctima de esta guerra. Un grupo de personas que había creado un comité de tierras asesinó a mi esposo, Héctor Crespo, el 19 de marzo de 1999. Mi esposo fue, por decir lo menos, la primera víctima de esta lucha absurda que se ha creado en nuestro país por la tenencia de la tierra.

Mi esposo fue asesinado por un grupo de personas que querían apoderarse de la finca. Mis tres hijos varones y yo hemos seguido trabajando desde entonces para tratar de mantenerla. Cuando mataron a mi esposo, el gobernador del estado Barinas, Hugo de los Reyes Chávez, dictó medida de protección a favor de la finca y medidas de desalojo contra los invasores, las cuales se cumplieron durante un tiempo. Posteriormente, con la entrada en vigencia de la ley de tierras y el nombramiento de algunas personas como representantes del INTI aquí en Barinas, volvieron a invadir la finca, y allí están involucrados funcionarios de la Alcaldía del Municipio Rojas.

Han pasado seis años después de la muerte de mi esposo y todavía me están invadiendo una zona que estoy trabajando con un crédito del CAEZ, que es el programa Ezequiel Zamora. Estos han sido seis años de hostigamiento, persecución, de una falta de apoyo por parte de las autoridades, que parecen hacerse de la vista gorda frente a los invasores, quienes me tienen cercada, acosada, y hasta amenazada de muerte. Tengo años pidiendo protección de las autoridades, pero hasta la fecha no he obtenido respuesta. Los invasores, mientras tanto, siguen haciendo de las suyas.

Los invasores son personas amparadas y protegidas por varios trabajadores de la Alcaldía del Municipio Rojas, que están plenamente identificados. Los asesinos de mi esposo también están identificados, pero nadie los atrapa. Los invasores crearon una cooperativa y se apoderaron de mis tierras a pesar de que el INTI hizo un levantamiento topográfico y determinó que la finca no está ociosa.

Los informes del INTI demuestran que se trata de una finca productiva, pero, a pesar de ello, interviene el elemento político. Los invasores están amparados por dirigentes políticos, por personas que tienen capacidad para parar a la Policía, a la Guardia Nacional.

Tengo medida de protección de la gobernación, un interdicto que no se cumple. Hice la denuncia en el MIJ y en la Subcomisión de Agricultura de la AN. Los invasores son culpables desde el punto de vista penal, pero la falta de respuesta del Gobierno Regional y de la Policía los ha convertido en delincuentes que actúan con total impunidad. Yo me siento una persona sin derechos, no hay obreros que quieran trabajar con nosotros, no puedo acceder al crédito del CAEZ y los invasores siguen allí como si nada.

Yo no estoy defendiendo unas tierras, sino el derecho de mis hijos de poder trabajar una finca que fue de sus abuelos y más tarde de su padre. Nosotros pusimos un muerto, el Gobierno tiene que poner la parte que le corresponde."

La Marqueseña
"Me llamo Carlos Eduardo Azpurua y soy copropietario de el hato La Marqueseña, el cual se encuentra tomado militarmente desde hace poco más de una semana. El gobierno alega que esas son tierras baldías y ociosas y mi punto es que son seis fincas y que las mismas son privadas y son productivas. Nosotros presentamos todos los papeles. Los hemos presentado tres veces desde el 19 de enero de este año. La primera vez a la Subcomisión Especial Contra el Latifundio, que presidía el Secretario General de Gobierno Pedro Cordero Ichazo.

Tenemos documentos notariados donde el Procurador del Estado, Aulo Isaías Rivas, deja constancia de que se entregaron todos los papeles al INTI.

A los funcionarios del INTI no les convencían nuestros documentos y mandaron otra comisión, integrada por Félix Moreira y Hugo Prado. Les dimos nuevamente la información a estos señores. Se contaron los animales y la primera vez la subcomisión decía que no había sino 3 mil animales. Hicimos otro conteo y salieron 7 mil y tantos animales.

Los ingenieros Prado y Moreira levantaron un informe en el que dicen que ésta es una finca productiva, pero, aun así, el INTI envió una tercera comisión el 2 de mayo de 2005. Trabajaron 4 días y se retiraron intempestivamente de la finca. Yo me alarmé, y el 15 de mayo llegó la comisión con un contingente armado del Ejército y el teniente Lincones me dijo que tenía orden de seguir trabajando hasta el 8 de junio de este año. Elaboraron un tercer informe, del cual nunca nos dieron copia.

Luego vino un auto de proceder y el abogado Barrios, consultor jurídico del INTI, me dijo que me darían copia del informe sólo si firmaba el auto de proceder. Me llamó la atención que en el tercer estudio no aparece ninguno de los estudios anteriores, y cuando el INTI tomó la decisión de decretar que esta finca era ociosa e improductiva, lo hizo con un informe incompleto.

El INTI dice que no entregamos documentos, pero sí los entregamos y eso consta en documentos notariados.

Tenemos hasta la foto de la doctora Betty Duque Sánchez recibiendo los documentos necesarios para que el INTI tomara una decisión ajustada a derecho.

Las seis fincas que integran el Hato La Marqueseña son productivas. Debe reconocerse la propiedad privada de los dos fundos, Juan Fernando de Boconó y Santa Bárbara de Masparro. La tradición legal del primero es de 1795 y en el otro es de 1829. Las dos fechas son anteriores a la ley de baldíos que fue promulgada en 1848.

Los señores del INTI han puesto en vilo el trabajo de más de 300 familias y puesto en riesgo la vida de 1.500 personas. El Cicpc debe investigar y castigar a los responsables. Hay que sancionar penalmente a quienes resulten culpables de esta situación."

Cifras que matan
La Marqueseña es una de las seis empresas agropecuarias que manejan desde hace 28 años los hermanos Azpurua. Las otras son La Realidad, La Teolindera, Las Torres, Caño de Raya y La Luisera. Las seis agropecuarias operan en dos fundos que, unidos, forman una extensión de 8 mil 490 hectáreas. La tradición legal dice que los terrenos fueron registrados oficialmente en 1795 y en 1829. La familia Azpurua se hizo propietaria de las tierras en 1949. Los primeros en explotar esos terrenos fueron Enrique Azpurua Capriles y Mercedes Arreaza de Azpurua.

De las 8.490 hectáreas, sólo pueden aprovecharse 4.500, por cuanto 3.200 se encuentran bajo un régimen de administración especial conocido como ABRAE, que prohíbe utilizar las tierras para cultivo o cría de ganado. Otras 700 hectáreas son áreas protectoras de los ríos y reserva forestal.

De acuerdo con el último informe técnico preparado por dos ingenieros del INTI, Hugo Prado y Félix Moreira, en los predios de La Marqueseña había más de 8 mil reses; una producción de poco más de 1.400 litros de leche por día; 350 hectáreas de maíz y sorgo. El promedio de producción de carne es de 164 kilos por hectárea, y el mismo está por encima de la media nacional. También se producían 6 mil kilos de maíz por hectárea.

¿No saben sembrar?
"Me llamo Esther de Romero. Mi finca fue invadida en febrero de 2004 por supuestos campesinos. La finca se llama Mata de la Paz y está ubicada en Sabana de Vainilla, en el estado Barinas. Esa es una finca de 986 hectáreas y fue invadida por 300 personas.

Nosotros denunciamos a los invasores y pedimos a las autoridades que investigaran a cada una de las personas que se metieron en nuestros terrenos. Descubrimos que ninguno de los invasores es agricultor, porque están sembrando maíz en el mes de septiembre y cualquier agricultor sabe que el maíz no se siembra en septiembre sino en junio.

En Sabana de Vainilla han invadido siete predios que en total abarcan 12 mil hectáreas. Nosotros le pedimos al INTI que investigara los antecedentes penales de los invasores, para determinar si realmente eran productores o campesinos. Los representantes del INTI llevaron unas máquinas captahuellas y encontraron que entre el grupo de supuestos cooperativistas hay violadores, estafadores, asesinos, ladrones; de todo, menos agricultores.

Allí lo que hay es una cuerda de sinvergüenzas protegidos por gente del gobierno. Ellos (los invasores) se dedican a la venta de tierras. Nosotros tenemos 19 meses con la finca invadida y los invasores han vendido los terrenos más de una docena de veces. Ellos venden las hectáreas en un millón doscientos mil bolívares cada una. Y lo hacen sin tener papeles y mucho menos los documentos de propiedad.

El líder del movimiento invasor de fincas se llama Arturo Monzón, es un sindicalista que trabajó en Pdvsa y que ahora se dedica a las invasiones de fincas para luego vender los terrenos al mejor postor. Las autoridades lo saben, pero no hacen absolutamente nada."