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Caracas, domingo 18 de septiembre, 2005  
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Las acciones del INTI, como la reciente sobre La Marqueseña, se apoyan en las armas del Ejército (Foto Jorge Santos)
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Llano en llamas
Barinas fue la región piloto para el programa de expropiaciones a través del INTI. El proceso continúa en la tierra de los Chávez y se tambalea la propiedad privada

GUSTAVO AZOCAR ALCALA

ESPECIAL PARA EL UNIVERSAL

No es una novela escrita por un célebre autor mexicano. Es una historia de la vida real. Y está ocurriendo ahora mismo, nada más y nada menos, que en la tierra que vio nacer y crecer al Presidente de la República, Hugo Chávez. Allí, en Barinas, la tierra de Zamora y de Maisanta, al menos 15 fincas han sido invadidas y tomadas a la fuerza por campesinos apoyados por efectivos de la Fuerza Armada Nacional y funcionarios del INTI que, cual colonos europeos de nuevo cuño, toman para sí miles y miles de hectáreas productivas, en lo que ellos denominan la guerra contra el latifundio.

Primero fue Santa Rita, luego El Miedo; más tarde le tocó a la Marqueseña; la hacienda Altamira y hasta los terrenos de la escuela diocesana. Hatos, fincas, fundos y haciendas han sido tomados a la fuerza por campesinos agrupados en cooperativas, quienes, con el apoyo del Ejército y del Instituto Nacional de Tierras, se han metido en instalaciones privadas para reclamar su derecho a trabajar el campo.

Cálculos conservadores de la Asociación de Ganaderos de Barinas estiman que unas 40 mil hectáreas de tierras productivas han sido invadidas en los últimos dos años por una suerte de "mangosta revolucionaria" que en pocas semanas ha acabado con sembradíos completos de maíz, sorgo y pastos que son de vital importancia para mantener los niveles de producción de carne y leche.

Llama la atención el hecho de que la mayoría de las fincas tomadas por las cooperativas revolucionarias pertenecen a personas o a familias que no militan en el "proceso". Los cooperativistas que invaden terrenos parecen tener el suficiente olfato como para no meterse, por ejemplo, con la hacienda La Chavera, propiedad del padre del Presidente de la República. Tampoco han tocado ni un solo metro de terreno de la hacienda propiedad del ex ministro de interior y justicia Ramón Rodríguez Chacín.

El llanero solitario
14 de febrero de 2003. Rogelio Peña, ex alcalde de Barinas, se disponía a celebrar el Día de los Enamorados con su esposa, cuando una llamada telefónica le informó que su finca Santa Rita, la cual regentaba desde 1996, había sido tomada militarmente por el Ejército y cuatro docenas de campesinos. La toma de Santa Rita fue liderada por Antonio Albarrán, el actual ministro de Agricultura y Tierras, quien para aquel entonces se desempeñaba como director regional del INTI en Barinas.

"La finca Santa Rita era un verdadero emporio productivo. Teníamos 1.400 vientres. 700 animales, entre becerros y mautes. 80 caballos. 140 cochinos. 150 hectáreas de maíz y sorgo. 1.400 hectáreas de pasto introducido (artificial) y plantaciones de teca. La finca era un ejemplo a seguir por muchos otros productores de la zona", dice Peña.

El ex alcalde de Barinas intentó solventar la situación de buenas maneras. Habló con el director regional del INTI, con los militares y hasta con los invasores, pero no logró persuadirlos. Agotados los esfuerzos, el 24 de febrero de 2003, optó por la vía jurisdiccional y denunció la situación ante el fiscal superior de Barinas, Valmore Pérez, a quien pidió investigar al director regional del INTI, Antonio Albarrán.

Se designó a la fiscal tercera, Mery Martínez para que conociera los hechos y se abrió el expediente No. F3-215-03. Pero Albarrán nunca fue llamado a declarar. El 16 de octubre, Peña denunció el caso ante la fiscalía militar, por considerar que sus propiedades habían sido invadidas por efectivos del Ejército. El 12 de marzo de 2003, solicitó un amparo constitucional contra la acción emprendida por Antonio Albarrán y el general Carlos Mata Figueroa, comandante de la Guarnición de Barinas.

Me robaron
"Lo que hicieron con mi finca fue un atraco a mano armada. Se metieron sin tener una orden judicial, sin abrir un expediente administrativo, sin realizar una inspección, es decir, violando todas las normas, todos los procedimientos, todas las leyes y hasta la propia Constitución. No tuvieron ni siquiera la delicadeza de entregarnos copias de los informes, o de pedirnos los documentos de propiedad. Todo lo hicieron violando el estado de derecho", denunció Peña.

"El robo que cometieron fue de tal magnitud, que el 4 de febrero de 2004 una comisión de la Guardia Nacional, al mando del subteniente Jackson Niño, capturó un lote de reses que habían sido robadas de mi propiedad. Las reses estaban en poder de miembros de la Cooperativa Brisas del Masparro, Abraham Burgos y Esteban Marino Ruiz Jara, quienes fueron remitidos a la fiscalía sexta de Barinas, donde se les dejó en libertad".

No conforme con eso, Peña cuenta que "en julio de 2004, fue capturado in fraganti, con un lote de más de 100 reses robadas, el teniente Nelson Omar Michelangelli Rivera, destacado en la finca Santa Rita. Los animales eran propiedad de mi vecino, Lisímaco Rubio". Y si todo eso no fuera suficiente: "El 11 de julio de 2005, los integrantes de la Cooperativa Brisas del Masparro, que invadieron mi finca, denunciaron ante la Fiscalía al señor Alexander Tapia Coirán, presidente de la cooperativa, a quien acusan de los delitos de estafa agravada y apropiación indebida de 800 millones de bolívares de créditos otorgados por el Fondo de Financiamiento Agrícola".

Pase de factura
A 45 minutos de Barinas, se encuentra el hato El Miedo, una enorme extensión de tierra de aproximadamente 3 mil hectáreas, que desde el año 1985 es propiedad de la familia Torrealba Bastardo. Antes del mes de diciembre de 2004, en los predios de El Miedo se contabilizaban 5.872 reses, 200 ovejos y 60 caballos. También había 400 hectáreas de maíz, 200 hectáreas de sorgo, 47 potreros cercados con pastos artificiales, 9 lagunas con coporo y cachamas y sembradíos de teca y eucalipto.

"Teníamos una finca en plena productividad", dice Thisbeth Bastardo de Torrealba, esposa del radiodifusor Alí Torrealba, dueños de El Miedo. "Cada metro cuadrado de la hacienda estaba siendo aprovechado al máximo, porque teníamos prácticamente casi 6 mil animales en 3 mil hectáreas. Era el fruto de veinte años de trabajo".

Bastardo cuenta que todo iba muy bien hasta que, el 18 de diciembre de 2004, salió publicado en la prensa regional un aviso del INTI en el que se informaba a la opinión pública la apertura de un procedimiento administrativo contra el hato El Miedo. "Antes de eso nadie nos había dicho que el INTI nos estaba investigando. Jamás citaron a la empresa o a sus representantes".

Los abogados de la familia Bastardo acudieron al INTI y los funcionarios se limitaron a informar que se trataba de un procedimiento administrativo y que, en su debido momento, les enviarían una notificación. "Sospechábamos que algo malo iba a ocurrir y el 6 de enero solicitamos una inspección ante el Consejo Legislativo Regional. Vinieron los diputados, incluyendo varios pertenecientes al oficialismo, y observaron que la finca estaba en plena fase productiva".

Dos días más tarde, el 8 de enero de 2005, los terrenos de El Miedo fueron tomados por poco más de 20 efectivos del Ejército, junto con 50 campesinos. "Los funcionarios del INTI nos informaron que el hato estaba confiscado y nos prohibieron la entrada a las instalaciones".

Con todo, hubo un momento en que las cosas parecieron mejorar: "Entregamos el informe de la inspección realizada por los diputados, donde se demostraba que la finca tenía 98 por ciento de productividad. El gobernador, Hugo de los Reyes Chávez, se enteró de la situación y pidió la destitución del director del INTI, un señor de apellido Márquez, así como también del consultor jurídico, el abogado Patiño. Pensamos que la situación mejoraría con la salida de esos dos funcionarios, pero nos equivocamos".

El 17 de enero de 2005, pese a los esfuerzos del gobernador Chávez, el INTI ordenó entregar las cartas agrarias a los 50 campesinos que habían tomado los terrenos. "Tumbaron las cercas, quemaron el maíz y el sorgo. Se robaron los ovejos y los caballos. Acabaron con los potreros. 200 hectáreas de sorgo que estaban a punto de ser recolectadas fueron destruidas. El hato fue dividido en 4 cooperativas, a cada una de las cuales le entregaron casi 700 hectáreas de tierra.

"A nosotros sólo nos dejaron 390 hectáreas de 3 mil. La zona que nos dejaron es la menos aprovechable. Para tratar de recuperarnos, sembramos 150 hectáreas de maíz que están a punto de ser recolectados. Estamos amenazados permanentemente. Hay una cooperativa que nos ha dicho que tan pronto recolectemos el maíz, nos invadirán y nos sacarán definitivamente de las tierras".

La familia Torrealba Bastardo tiene otros fundos, El Tigre y Barrancoso. El primero de 558 hectáreas, con 1.500 reses, y el segundo, de 1.300 hectáreas, con 1.800 reses, sobre los cuales también han recibido amenazas de invasión.

"Interpusimos un recurso jerárquico ante el INTI, pero no nos han dicho nada. Introdujimos un amparo constitucional, pero tampoco ha habido decisión alguna. Patiño, el consultor jurídico del INTI, cuando le reclamamos su actitud nos dijo que todo esto era un pase de factura, porque nosotros somos dueños de algunas emisoras de radio de la región. Ofrecimos al INTI donar otra propiedad de 2 mil hectáreas que tenemos por la zona de las Dantas. Pero no aceptaron, porque ellos lo que quieren es quedarse con las tierras que están en plena fase de producción".



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