Caracas.- El gobierno de Venezuela investiga a más de 700 empresas privadas, cerradas o semiparalizadas, que pudieran ser confiscadas para entregarlas a trabajadores dentro del proyecto socialista que impulsa el presidente Hugo Chávez.

El Ministro de Agricultura y Tierras, Antonio Albarrán, dijo el miércoles en una conferencia de prensa que en un mes tendrá el censo definitivo de empresas que pudieran ser declaradas de utilidad pública, abriendo el camino para ser tomadas por el Estado, reseñó Reuters.

"Son 700 (instalaciones) que están algunas semiparalizadas, otras cerradas", dijo. Aclaró que tomarán en cuenta cierres de plantas por fracasos comerciales.

El gobierno de Chávez, quien dice impulsar un nuevo socialismo, ha tomado activos de compañías a las que acusó de estar inactivas, luego de que el parlamento en el que tiene mayoría las declara de utilidad pública.

El anuncio de Albarrán siguen a la reciente toma militar de depósitos de grano del principal grupo de alimentos y bebidas del país, Empresas Polar, y de una procesadora de tomates de Heinz.

En ambos casos las autoridades venezolanas dijeron que las instalaciones estaban inactivas o abandonadas.

Polar apeló esta semana la medida ante el Tribunal Supremo de Justicia, mientras que Heinz exigió respeto a la propiedad privada y dijo que buscará un diálogo con las autoridades.

Albarrán negó que las plantas hubiesen sido intervenidas o expropiadas, y dijo que la presencia de tropas busca resguardar el orden público de las áreas.

El ministro no explicó bajo qué ley se efectuaron las tomas militares y descartó que ahuyenten a la inversión extranjera en el quinto país exportador mundial de crudo.

Sin embargo, dijo que las investigaciones se abren por denuncias populares y siguiendo los "lineamientos" de Chávez en su programa dominical.

"Aquí tenemos un maestro que todos los domingos nos da los lineamientos, que es el presidente en 'Aló, Presidente'", dijo.

El ministro sostuvo que lo que está buscando es la justicia social en Venezuela, donde la mayoría de sus 26 millones de habitantes son pobres, pese a los ingresos adicionales que recibe por los altos precios del crudo.

"Si la justicia social determina en ese momento que hay que expropiar, y si la justicia social dice que tiene que ir en cogestión con los trabajadores, será en cogestión", dijo.

Chávez también ha ordenado distribuir tierras ociosas o improductivas entre los campesinos pobres.