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Caracas, domingo 14 de agosto, 2005  
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ADIOS A LA DEA / La GN reinterpreta casos y desconoce aportes
Los polvos fantasmas

Las entregas vigiladas cumplen con todos los requisitos aduaneros
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Se acabó la cooperación para la lucha antidrogas entre la Drug Enforcement Administration y la Guardia Nacional y el Cicpc que hasta hoy arrojaba buenos resultados. Los agentes estadounidenses no sólo son acusados de actividades irregulares y acciones contra la soberanía, sino que son señalados por el Presidente Chávez de conspirar contra su gobierno

OSCAR MEDINA

EL UNIVERSAL

Las acusaciones contra la DEA contenidas en las denuncias de dos antiguos informantes de operaciones antinarcóticos incluyen señalamientos sobre violación de soberanía, casos de entregas vigiladas, casos de entregas controladas y extravío de droga.

Y algo de eso también apunta un informe presentado por el jefe del Comando Antidrogas de la Guardia, general Frank Morgado, al comandante general de la GN, general de división Miguel Ramírez, en el que solicita la reconsideración del convenio firmado entre la Conacuid y la DEA.

Fuentes vinculadas al trabajo antidroga en Venezuela aclaran que no hay mayor sustentación en esas acusaciones. Y advierten, de paso, que ningún organismo oficial venezolano le ha pedido explicaciones formales a la DEA. Todo se ha limitado a la enrevesada vocería en medios.

Para empezar, cuando se refieren al extravío de droga, pareciera estar confundiéndose de manera deliberada el concepto de "entrega vigilada" con el de "entrega controlada". Este último, en el que agentes infiltrados aportan la droga y además impulsan una negociación para capturar a los delincuentes, es un procedimiento prohibido por las leyes venezolanas; mientras que el primero no está reñido con la norma legal puesto que sólo contempla el seguimiento a distancia del pase de droga de un país a otro para tratar detener a las figuras del negocio.

De acuerdo con las fuentes, desde la entrada en vigencia del convenio bilateral (4 de marzo de 2002) se han realizado siete entregas vigiladas siempre con la intervención del Ministerio Público y con la aprobación de un tribunal de control. Y en todas las operaciones _aclaran_ han participado miembros de los grupos especiales tanto del Cicpc como de la Guardia Nacional: "Consta en los expedientes".

De modo que, al menos desde la perspectiva de las fuentes estadounidenses consultadas, no se entiende cómo es que ahora se intenta decir que esas operaciones eran ilegales si recibieron la aprobación del Ministerio Público: "Ellos aprobaron las solicitudes de entregas vigiladas". Tampoco logran explicarse cómo es que del lado de la Guardia se pretende señalar que la DEA coordinaba casos con el Cicpc a espaldas de la Guardia y viceversa: "Era un trabajo conjunto".

Las acusaciones de que agentes de la DEA llegaron a participar directamente _y armados_ en allanamientos y capturas de personas son despachadas como absurdas tanto por las fuentes estadounidenses como las venezolanas: "Eso no es cierto. La DEA se limita a dar información a las unidades especiales y éstas son las que actúan".

Perdiendo peso
Como parte de este plomo verbal que ya registra una baja _el convenio_, salió a relucir un caso fechado el 23 de marzo del año pasado a partir del cual se acusa a la DEA de haberse apropiado de 15 kilos de droga. Se argumenta que la DEA había avisado que un grupo de narcos intentaría embarcar una caja con 50 kilos de cocaína en un vuelo con destino a Miami y que, al detener a los traficantes en esa ciudad el informe de la DEA daba cuenta de un paquete de apenas 35 kilos. ¿Y los otros 15?

En el acta policial (ver reproducción), el teniente Ericson Iriarte Niño, jefe de la Unidad Especial de Investigaciones del Comando Antidrogas de la GN, escribe que recibió una llamada del agente especial de la DEA Jim Dehass en la que se le informaba que "un sujeto moreno de contextura fornida, cabello corto negro, realizaría un envío de drogas a las 12:30 horas de la tarde a través de la oficina de Carga Aérea de la Aerolínea American Airlines...".

Ya antes, según consta en el acta, se había tramitado el requerimiento de aprobación para una entrega vigilada por parte del fiscal 27 con competencia plena, José Antonio Guerrero Angulo, que fue autorizada por la juez quinta de primera instancia en lo penal Aimara Quintero Concepción (el número es 01F27NN-020-04).

El documento policial detalla la jornada y la participación plena de la Guardia en el operativo que vio llegar "dos cajas de tamaño mediano" al depósito de carga de la aerolínea en Maiquetía y se anexa la copia de los documentos que normalmente deben llenarse para el envío de carga. Y justamente en esos papeles está la clave que aclara el entuerto: el peso verificado al momento de la recepción en carga era 36 kilogramos (ver reproducción).

¿Y los 50 kilos? No existían. La cifra no figura en ninguna parte del acta porque era un dato imposible de verificar cuando la DEA pasó la información a la GN. Era lo que se creía iban a mandar, pero resultó que enviaron una cantidad menor: 35 kilos. El kilo que completa los 36 corresponde al peso de los envoltorios. Con eso despegó el vuelo 936 de American Airlines y el procedimiento permitió detener en Estados Unidos al dominicano José Benjamín Franco.

¿Por qué pasado más de un año se intenta poner en entredicho una operación que en el papel luce sin misterios?

Sacando cuentas
Otro de los casos que alimentan el pleito con la DEA habla de una entrega vigilada que involucraba 20 kilos de cocaína. El permiso para la observación y seguimiento fue tramitado pero según la Guardia, la DEA nunca informó adónde fue a parar el alijo.

La explicación de las fuentes consultadas es elemental: no hubo operación. "La DEA recibió la información de que cierta gente iba a pasar 20 kilos de cocaína, pero no se sabía cuándo lo harían. Ni siquiera hubo vigilancia de la Guardia o del Cicpc, de modo que nunca se dio tal incautación".

Se supone que el informe elaborado por el general Frank Morgado utiliza como ejemplo de "irregularidades" seis casos de operaciones con apoyo informativo de la DEA. El expediente de Fiscalía añade otros tres. Uno de estos tiene que ver con la confusión de identidades de dos traficantes de nombre similar, Tito Arenas (a quien también se identifica como Luis Arenas) y Luis Gerardo Arenas, a quien mataron en San Antonio del Táchira en noviembre de 2004.

El punto aquí es que se acusa a la DEA de crear una dualidad, quién sabe con qué oscuros intereses, trabajando lo que se quiere hacer ver como un mismo caso _el de un único Luis Arenas_ con uno y otro cuerpo policial.

Además se ha deslizado a la prensa la "preocupación" de la GN sobre la inseguridad y la falta de recursos de la sede de Maripérez en la que funcionan las unidades especiales. Desde el inicio del convenio las unidades han ido cambiando de sedes _todas financiadas por la DEA_: desde Chuao, El Peñón y la actual en Maripérez, que se suponía iba a ser donada a la Conacuid. Las fuentes aclaran que en este último despacho se invirtieron más de 1 millón de dólares en su reacondicionamiento, incluyendo 90 mil dólares en medidas y equipos de seguridad, además de tecnología para las labores y 22 vehículos aportados por la DEA. "La Guardia alega que es un sitio peligroso, pero eso es falso. ¿Se les olvida que el Comando Antidrogas de la Guardia está pegado al barrio El Mamón, en El Helicoide?".



 
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