En la reunión sobre seguridad campesina que se realizó en Miraflores el pasado martes, el gobernador de Apure reconoció la existencia de grupos paramilitares, guerrilla, hampa organizada y la presencia de las Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL), cuya membresía podría ascender a 4.000 hombres, y luego resaltó que "nuestro Comandante en Jefe ya lo dijo, que no necesitaba una Fuerza Armada paralela...". Es patético que después de seis años se llegue a esta conclusión y al rechazo de una presunta solidaridad armada en las áreas fronterizas. En definitiva ¿qué harán con ellos, quizás los desincorporarán?

SORPRENDE ESTA POSICION racional frente al tema de la guerrilla, la violencia, la inseguridad, la corrupción y los secuestros; sorprende también el reconocimiento de la infiltración del narcotráfico y el sicariato en los cuerpos de seguridad regionales; sorprende, en fin, la aceptación de las terribles distorsiones que provoca la impunidad y las consecuencias de las acciones de estos grupos en Portuguesa, Anzoátegui, Cojedes, Carabobo y Aragua. Gobernador de Apure dixit.

Se planteó ampliar la jurisdicción del Teatro de Operaciones Nro. 2 y enviar a la frontera a los oficiales más calificados, llegando a extremos de tal racionalidad que el Defensor del Pueblo analizó que, más allá de la seguridad, debía entenderse el problema fronterizo como un proceso de desarrollo humano, profundizando las misiones y atendiendo la situación de los servicios públicos en la zona. Definitivamente se llegó a la cumbre de la sensatez y ojalá que las libertades de acción de la democracia se encaminaran en esta dirección.

LA FAMOSA REUNION también consideró lo referido a la comisión especial para luchar contra la extorsión y el secuestro, garantizando que hay voluntad política para coordinar en cada Estado a los representantes de los organismos de seguridad y judiciales. Lo cierto es que conviven con el secuestro express modalidades de largo aliento, donde el crimen organizado compartimenta la captura, el lugar de reclusión y las negociaciones; sin embargo, un régimen tan centralizado como éste no debería permitir la proliferación de hechos que afectan su autoridad y que son la expresión más perversa de la inseguridad.

Mientras tanto la Fiscalía cuestiona las ONG, por el informe de Cofavic que señala la ineficiencia del Ministerio Público, y continúa el rol protagónico del ministro del Interior y Justicia en los casos de trascendencia política y la actuación de grupos parapoliciales, amparados por la debilidad institucional evidenciada en la impunidad. Con franqueza descarnada, cualquier ciudadano puede ser la próxima víctima del fuego cruzado entre el hampa y las autoridades.

La manipulación proselitista y permanente de la administración de justicia protege a delincuentes, en ocasiones disfrazados de revolucionarios, y la seguridad debe tener la disposición de cohabitar con los derechos humanos. Desgraciadamente, como lo demuestran los hechos, los extremos suelen tocarse y las vanguardias se adelantan tanto al grueso del propio Ejército, que a veces llegan a convertirse en el enemigo: FBL, corrupción y secuestro.

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