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Nuestra Tribuna

La masacre de Kennedy

Cuando ocurre una actuación como la masacre de los estudiantes en barrio Kennedy, se plantea la interrogante de si actuaron siguiendo instrucciones superiores, o se trata de funcionarios que están tomando la justicia por su cuenta. Frente a esa disyuntiva hay un hecho cierto, las autoridades han condenado los hechos y se han comprometido a castigar a los responsables. Hay que esperar.

La existencia de los grupos de exterminio es pública y notoria en Portuguesa, Falcón y Aragua, entre otros. Asimismo ha sido ampliamente publicitado por miembros del oficialismo en la Asamblea Nacional, el informe sobre la violación de los derechos humanos en el Estado Guárico, donde se sindica a las autoridades regionales.

Se pretende sancionar y al mismo tiempo alegar que hubo un exceso en cuanto al cumplimiento de sus funciones, ya que se trata de una manifiesta desproporción entre  seis estudiantes desarmados y veintiséis funcionarios encapuchados y con armas de guerra. El contraste son los testigos veraces y un conjunto de circunstancias injustificables. Lo peor es que lo ocurrido le puede pasar a cualquier ciudadano.

De la masacre se desprenden una serie de lecciones, la inseguridad no puede combatirse con tanta intolerancia, porque el hombre de la calle se encuentra en medio del fuego cruzado de delincuentes y funcionarios. No hay una política criminal y no existe una estrecha coordinación, coherente y eficiente entre las policías, la Fiscalía y los tribunales. Definitivamente lo que hay son archipiélagos insuficientemente interconectados. Quien carga con la falta de planificación, los errores, la corrupción y la violencia, es la sociedad civil.

Estas muertes revelan un modus operandi de disparar primero y preguntar después, con millares de abatidos en enfrentamientos, de acuerdo con las estadísticas oficiales. Se quiere combatir la delincuencia solamente con el uso de la violencia, sin tomar en cuenta la prevención, la participación de las comunidades y los programas de autodefensa. 

El Gobierno debe aprender a oír el clamor de los ciudadanos, ante la inseguridad en los barrios, la delincuencia masiva, la corrupción desbordada  y las pocas condenas, aparte de la cifra negra y la sensación de inseguridad que vive el ciudadano a lo largo  del territorio nacional.



 
 
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