Carlos Blanco

La indignación que recorre a la opinión pública por el asesinato de los tres estudiantes de la Universidad Santa María, Leonardo González, Erick Montenegro y Edgar Quintero, y por las heridas infligidas a Daritza Buitrago, Urúa Moreno y Elizabeth Rosales, también estudiantes, comienza a esparcirse como torbellino.

No es un disparo que, lamentable como siempre es, se le escapó a un gatillo alegre, sino que es la operación de un comando conjunto cívico-militar, como la revolución, que asesinó a unos estudiantes que imploraban por su vida. Acribillados miserablemente. La noticia revienta porque no pueden achacarle antecedente policial o penal alguno a los muertos y heridos; porque lo hicieron junto a las residencias de algunos de ellos, porque el desparpajo de los asesinos se hizo manifiesto. Si se analiza la cantidad de muertos diarios que hay a manos de los cuerpos "de seguridad", se llega a la conclusión de que en Venezuela no sólo se aplica la pena de muerte sino que, además, algo pestífero anida en la FAN, a la que pertenece la DIM, y en las policías. No es un agente del orden público borracho el que actuó, ni un militar despechado tampoco. Es una comisión, sin identificación alguna, que procedió a matar y a herir a los muchachos porque no se detuvieron. Esos asaltantes iban esa noche a destripar, iban a vengar la muerte de un compañero suyo, según se ha colado. Esos tipos se encaminaban, con toda decisión, a violar la Constitución, las leyes, los reglamentos y normas. La gavilla asesina no surge de la nada. Los escuadrones de la muerte son parte del paisaje revolucionario; el MVR los denuncia en los estados en los cuales quiere salir de los gobernadores y calla en los otros. Pero es un fenómeno nacional. Es verdad que violaciones policiales han existido siempre, pero no es fácil recordar un concierto de casi treinta civiles y militares matando a sangre fría a unos estudiantes. La otra cara del asunto es que los cuerpos "de seguridad" andan por la libre. La idea de que la Constitución y las leyes no se cumplen porque hay un objetivo revolucionario que todo lo subordina es la base que permite a grupos vinculados al Estado, actuar, como dijo aquella pajarita descarriada, como les dé la gana. Lo que señala Provea es patético. Al referirse a este caso, Carlos Correa dice que "lo peor es que de las personas muertas presuntamente en enfrentamientos, más de 2.300 casos son denunciados por enfrentamientos, pero si uno analiza las cifras por cada policía muerto hubo 45 ciudadanos, eso quiere decir que bajo el patrón de enfrentamiento hay alta probabilidad de que se esté escondiendo una situación como ésta". No son casos aislados. El Estado venezolano, maltrecho desde hace muchas décadas, ahora se disuelve bajo el peso infamante de la bota revolucionaria. Los policías profesionales, que aunque parezca mentira los hay, los expulsan o los jubilan, para darle paso a la cosecha ideologizada. El patrón para incorporarse a las funciones policiales, especialmente a eso que llaman la DIM, es la adhesión al militarismo socialista en marcha; no hay experticias, no hay cursos, no hay nada que no sea el compromiso político y la subordinación a los cubanos del G-2. Así, las funciones policiales son deshechas, las instituciones demolidas y las muertes abundan.

Carlos Blanco5
DIARIO