No podemos decir que no tenga precedentes este alevoso hecho del asesinato de tres indefensos estudiantes. Todos los días aparecen muertos cuyo deceso se registra como producto de un enfrentamiento policial, de resistencia a la autoridad o como fallecidos en un ajuste de cuentas, sin que se investigue, enjuicie ni sancione a los responsables.

Los ajusticiamientos policiales están a la orden del día y lo más grave es que estas conductas se amparan en la más grosera impunidad, con la complicidad de los órganos de investigación, al amparo de la indolencia de los tribunales e, inclusive, bajo el alegato inadmisible de haber actuado la policía en cumplimiento de un deber porque se le dio la voz de alto al fallecido o había sospechas de que se trataba de un peligroso delincuente.

En este gravísimo hecho (donde han fallecido tres jóvenes estudiantes de la Universidad Santa María) se ha puesto de manifiesto el más condenable proceder de integrantes de cuerpos denominados de seguridad del Estado, que en todo caso nunca han servido a los fines de la protección de la ciudadanía, sino que se han convertido en organismos ejecutores del terror, que utilizan las mismas estrategias y el mismo comportamiento de la más violenta delincuencia que teóricamente combaten.

Y, lo más grave, es que estas actuaciones no se llevan a cabo por la iniciativa de sus ejecutores, sino bajo órdenes superiores que autorizan a disparar a matar, con la promesa de que no habrá castigo.

Ante situaciones como la ocurrida, ante el dolor de los familiares de los jóvenes estudiantes masacrados, ante la conmoción pública suscitada por la aplicación sin más de la pena de muerte de hecho, violentando el bien más preciado del ser humano, se impone una acción contundente por parte del Estado para poner fin a estas acciones de la más primitiva violencia, que ni siquiera alcanza las exigencias que cotidianamente se conocen como del ojo por ojo y diente por diente.

Por una vez, por los caídos en otras oportunidades, por paliar de alguna manera el cáncer de la impunidad que nos ha invadido, por la más elemental medida tendiente a prevenir otras muertes de honestos ciudadanos o de perseguidos por la justicia, con todos sus derechos a reclamar la aplicación estricta de la ley, la colectividad clama por el esclarecimiento de estas muertes y por un juicio justo, público y transparente que, de alguna manera, devuelva confianza en los garantes de la legalidad, reivindicando además el buen nombre de quienes velan por el orden social y no pueden ser agentes de la más descarada violencia.