BLANCA SANTOS
EL UNIVERSAL
A juicio de Marcelino Bisbal, profesor de las escuelas de
Comunicación Social de la UCAB y la UCV, la irrupción
de medios impresos, radiales, televisivos, electrónicos
y comunitarios adeptos al oficialismo ha signado el gobierno
del presidente Hugo Chávez Frías en los últimos
años. "Se trata de un fenómeno inédito en la
historia del periodismo y de la comunicación en Venezuela,
así como de la historia política del país",
advierte Bisbal.
Más de setenta medios impresos, canales como Telesur,
Asamblea Nacional TV o Vive TV, 159 medios comunitarios
_según reseña Conatel en su página web_ y
circuitos radiales, dan cuenta de cómo el Gobierno
trata de reforzar su plataforma comunicacional buscando
"confrontar, no sólo el volumen massmediático
de medios del sector privado-comercial, que en su mayoría
no son afectos al proceso, sino también configurar
una supuesta política comunicacional que sirva para
proyectar al régimen".
A la lista de medios, recientemente se sumó el grupo
de emisoras del Circuito YVKE Mundial que Fogade cedió
al Ministerio de Comunicación e Información.
Aunque se buscó conocer qué perfil tendrán
las radios y más detalles de su programación,
William Castillo, viceministro de Gestión Comunicacional,
evitó dar declaraciones "hasta tanto se termine el
proceso legal, se haga el cambio de las nuevas autoridades
y se efectúen las reformas respectivas".
En torno a si en otros tiempos el Estado venezolano
concentraba tantos medios, Bisbal puntualiza que "estamos
en pleno escenario del gobierno de Hugo Chávez
Frías y será en este período en donde
se den agrias confrontaciones con los medios y el Gobierno.
Ningún otro gobierno había abierto tantas
discusiones y confrontaciones con los medios de comunicación,
y tampoco ningun gobierno había requerido de la
creación de espacios para dar a conocer su proyecto
político. La confrontación política,
siempre necesaria, entre el gobierno y la oposición
se trasladó de sus lugares naturales como solía
ser el parlamento, las consultas electorales, los foros-seminarios-encuentros
y mesas de diálogo, hacia los medios.
Disponer de tantos medios no garantiza _en opinión
de Bisbal_ una política comunicacional firme,
pero sí asegura contar "con un número significativo
de medios que apoyen al proceso. Además habría
que conocer los niveles de penetración y de audiencia
que tienen y que en estos momentos sabemos que son
muy bajos".
Enfatiza que los medios radioeléctricos del
Estado son empleados para la propaganda y el proselitismo
político y ello desvirtúa su función
de informar oportuna, imparcial y verazmente. "El
periodismo debe ser cada vez más consciente
de que no puede desarrollar su papel sin pagar un
precio a su sentido de la responsabilidad y sin
cancelar el peaje de estar a la altura de la sociedad
que pretende describir y servir. Ser periodista
significa no sucumbir a los fines y objetivos del
aparato de medios (lucro e intereses), pero tampoco
debe ser tentado por las razones de grupos y organizaciones
del poder político instituido. Ser periodista
es hoy una profesión que exige un alto nivel
de responsabilidad".
Frente a la Ley Resorte
Desde su entrada en vigor, la Ley de Responsabilidad Social
en Radio y Televisión ha pretendido regular
los contenidos de medios privados y públicos;
no obstante, Elizabeth Safar, ex directora del
Ininco, alerta que es difícil que las radios
y televisoras del Estado puedan cumplir las
exigencias del polémico marco legal, pues
estos "están totalmente al servicio de
la presidencia de la República y la parcialidad
política que ella representa, contraviniendo
el espíritu y articulado de la mencionada
ley. Los denominados medios del Estado, en Venezuela
tienen un comportamiento, una función y
una dirección con clara orientación
gubernamental, y están siendo utilizados
como medios de propaganda del Gobierno en el
contexto de un proyecto político muy preciso,
aunque éste no se presente a la población
de manera explícita. Esta precisión
es muy importante, pues seguimos aspirando a
que los medios estatales sean verdaderos medios
públicos no gubernamentales, cuando la
realidad nos ha demostrado con abundancia de
ejemplos que la situación es totalmente
distinta a lo que queremos. Hasta hoy, los medios
del Estado, en lugar de ser de todos los venezolanos
en una concepción avanzada de civilidad,
han sido un monopolio de los gobiernos centralizados,
proselitistas, clientelares, autoritarios".
La comunicóloga puntualiza que hoy en
día Venezuela tiene un sector estatal-gubernamental,
que crece y se fortalece progresiva y aceleradamente
"al servicio de la denominada revolución,
con una clara orientación propagandística
que se encamina a la total ocupación
del espectro radiotelevisivo, utilizando para
ello varios instrumentos: la Ley Resorte (que
es una ley de contenidos), los fondos públicos
para el fortalecimiento de la infraestructura
radiotelevisiva y de telecomunicaciones gubernamentales
a nivel nacional e internacional, el incremento
de estaciones, la creación de estructuras
para producción de contenidos destinados
a reforzar el carácter propagandístico
del Gobierno y la formación de prosélitos".
El cumplimiento del articulado de la Ley
Resorte por parte de las radios y televisoras
estatales es otro punto a considerar por
Safar. "El estudio del investigador Bernardino
Herrera (VTV: nueva dinámica de la
TV del Estado, según un análisis
morfológico de su programación)
analiza la programación de Venezolana
de Televisión entre febrero y agosto
de 2004. Comparando esto con los estudios
del Ininco realizados entre 1990 y 1998
(Safar, Hernández, Herrera), los análisis
de programación de VTV del año
pasado dan cuenta de un aumento sustancial
de los programas de información y opinión:
mientras en 1998 la proporción alcanzaba
poco más de 17% en un día. En
2004 llegó a 51% (más de 9 horas
de programación sobre 18 en total)
del cual 41% se destinó a opinión
y el resto a informativos y avances noticiosos.
La propaganda sola ocupó más de
13% de la programación total del canal,
cifra que no se había visto en la televisión
oficial venezolana, lo cual pone en evidencia
un cambio radical en la orientación
de la programación y la producción
del canal estatal. La Ley Resorte, por otra
parte, no establece un capítulo especial
destinado a los medios estatales (no hace
distinciones entre los distintos tipos de
medios radiotelevisivos), lo cual es un
grave error sólo comprensible cuando
se descubre la verdadera intencionalidad
de la norma".
Asegura que los medios de comunicación
del Estado conforman, junto a los medios
de uso comercial, los dos polos dominantes
del espectro radiotelevisivo nacional
y es necesario un tercer polo: "el sector
de la radiotelevisión pública
no gubernamental, verdadera garantía
para que los ciudadanos puedan disponer
de información ajustada a criterios
de calidad, imparcialidad, pluralismo,
credibilidad, diversidad cultural, veracidad,
oportunidad".
Indica que el venezolano de hoy hace
rato que desconfía de todos sus
medios, sean estos oficiales u opositores
al Gobierno y asegura que en estos momentos
en Venezuela "hay graves limitaciones
al ejercicio de la libertad de expresión,
y esto obedece a una orientación
no explícita de la política
gubernamental de comunicación que
se manifiesta en restricciones tales
como la prohibición de acceso a
las fuentes de información pública
a los periodistas de los medios no oficiales,
al abuso cometido contra periodistas
y camarógrafos al incautarles sus
instrumentos de trabajo, la imposición
de la "voz única" del Presidente
a través de las interminables cadenas
de radio y televisión, en lo que
se conoce como abuso de posición
de dominio del gobernante por encima
de todos los ciudadanos, en la utilización
indiscriminada de bienes públicos
para la transmisión de ¡Aló,
Presidente!, en la inexistencia de criterios
de pluralismo e imparcialidad en los
medios estatales, en la imposición
de un solo punto de vista".