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08 de junio de 2003. Los presos políticos del Táchira se someten por primera vez a la justicia y acuden a la audiencia convocada por el juez Jorge Ochoa Arroyave.

11 de junio de 2003. El juez Ochoa Arroyave dictó privativa de libertad contra trece dirigentes políticos del Táchira y ordenó su inmediata reclusión. Por esta decisión, Wilfrido Tovar, Elsy de Peña, Orlando Pantaleón, Jorge Hinojosa, José Neira Celis, William Forero, Jacobo Supelano y Omar Guillén fueron recluidos en el cuartel de prisiones de la Policía del Táchira.

17 de junio de 2003. El juez Alberto Berríos practicó una inspección judicial y constató condiciones infrahumanas de los detenidos y violación de sus derechos humanos.

18 de junio de 2003. Los siete presos políticos del Táchira fueron llevados a la sede de la Policía Municipal de San Cristóbal, donde mejoraron sus condiciones de reclusión.

26 de junio de 2003. El juez Eliseo Padrón ordenó el traslado de los presos políticos al Centro Penitenciario de Occidente, ubicado en la región de Santa Ana del Táchira.

25 de julio de 2004. Casi un año después de ser detenidos y privados de su libertad comenzó el juicio a cargo del juez Gerson Niño.

14 de octubre de 2004. El juez segundo de Juicio, Gerson Niño, dictó sentencia condenatoria contra los presos políticos. El abogado Wilfrido Tovar fue exonerado de toda culpa y declarado inocente de todos los hechos, obteniendo así la libertad plena. Elsy de Peña, Jacobo Supelano, William Forero, Omar Guillén y José Neira Celis fueron condenados a tres años de prisión, pero se les concedió el beneficio de la libertad condicional. Danny Ramírez, Orlando Pantaleón y Saúl Lozano resultaron condenados a seis años de prisión sin ningún tipo de bene ficio.

24 de noviembre de 2004. Los abogados defensores apelaron de la decisión del juez Niño ante la Corte de Apelaciones. De acuerdo con la normativa, la Corte disponía de 30 días hábiles para conocer la apelación y tomar una decisión.

13 de junio de 2005. Danny Ramírez, Orlando Pantaleón y Saúl Lozano dieron inicio a una huelga de hambre indefinida.

14 de junio de 2005. Con un retardo procesal de seis meses y diez días, la Corte de Apelaciones del Táchira sesionará para fijar la fecha de la audiencia en la que se conocerá de la apelación.


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