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Caracas, lunes 13 de junio, 2005  
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SERVICIO EXTERIOR / MRE crecerá "multiplicado por cinco"
Carrera diplomática bajo control revolucionario

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Funcionarios de Cancillería advierten que la reforma a la ley que los rige socava su estabilidad laboral

PEDRO PABLO PEÑALOZA

EL UNIVERSAL

Luego de que la Asamblea Nacional aprobara en segunda discusión la Ley de Servicio Exterior (LSE), algunos funcionarios de Cancillería ahora temen quedar literalmente en el exterior de la institución.

Miembros de la Asociación de Funcionarios Diplomáticos y Profesionales del Servicio Exterior Venezolano (Asofudip) advierten que la reforma practicada al instrumento legal atenta contra su estabilidad laboral, y creen que la norma se convertirá en la guadaña de cierta lista que, como un cadáver insepulto, ronda los predios de Casa Amarilla.

La viceministra de Relaciones Exteriores para Europa, Delcy Rodríguez, desmiente esas versiones y ante la preocupación por la "depuración" responde con la tesis de la expansión del organismo. "Esta es una Cancillería que va a crecer y lo hará proporcionalmente a su reestructuración. Si tenemos cinco viceministerios, pues imagino que creceremos multiplicado por cinco", calculó Rodríguez.

¿Influirá en esa operación la variable partidista? No se trata de posicionamientos políticos, se trata de que existen cargos de confianza y eso está establecido perfectamente en las leyes administrativas que rigen la función pública, señalando la existencia de nombramientos de libre remoción y de confianza", contesta la encargada de los vínculos con el Viejo Continente.

La excepción

En la exposición de motivos de la modificación de la LSE se explica que "se consideró necesario la eliminación de la remisión a la Ley del Estatuto de la Función Pública (...) que en su Parágrafo Unico exceptúa expresamente de su ámbito de aplicación a los funcionarios del servicio exterior (...) porque es voluntad del legislador que este tipo de funcionarios esté sujeto a un régimen o estatuto funcionarial especial".

Empero los integrantes de Asofudip, que hablaron bajo la condición de mantenerse en el anonimato, indican que "esa referencia sí es necesaria porque existen situaciones que están reguladas en la Ley del Estatuto de la Función Pública (LEFP) y no en la LSE", entre las que destacaría "la determinación de los cargos de alto nivel y de confianza".

Añaden que "el régimen disciplinario previsto en esta ley es confuso e incongruente al incorporar disposiciones de la LEFP y agregar otras que no están en ese instrumento".

Sin piso

En otro apartado de la exposición de motivos de la reforma de la LSE se fija: "En materia de faltas y sanciones se clasifican dos tipos de sanciones, la amonestación escrita y la destitución, estipulando claramente los supuestos de cada una de ellas y el procedimiento disciplinario a seguir. La inclusión y la reformulación de la redacción de las normas referidas a las faltas y sanciones conllevan la eliminación de los artículos 76, 77 y 78 de la vigente ley".

La primera de las disposiciones citadas enfatizaba que si un funcionario sentía que sus derechos habían sido vulnerados por un superior inmediato, "podrá presentarse un recurso de consideración ante el jurado calificador exponiendo la situación de la cual ha sido objeto".

Las fuentes de Asofudip apuntan que este cambio "crea el efecto práctico de atentar contra la seguridad laboral y anular el derecho a la defensa ante el jurado calificador", cuerpo colegiado encargado principalmente del proceso de admisión, evaluación y ascenso de los funcionarios.

Juan Francisco Contreras, presidente del Colegio de Internacionalistas de Venezuela, observa que "con este régimen el jurado calificador desaparece completamente y deja en manos de la discrecionalidad de la Dirección de Recursos Humanos y de la Consultoría Jurídica del Ministerio, todos dependientes jerárquicamente del mismo mando, las decisiones sobre la vida laboral de los funcionarios".

"Por otra parte _arguye Contreras_ se desmejoran profundamente los lapsos que por derecho corresponden a los funcionarios para ejercer su defensa, y se propone un híbrido de legislaciones que los dejaría en minusvalía laboral al disponer de un amplio margen de interpretación y discrecionalidad para aplicar la legislación laboral".

Todos rojos

El artículo 108 de la LSE, que ha sido enviada a la Comisión de Política Exterior para la redacción del informe final, determina que "los funcionarios del servicio exterior con 15 años de servicio en el MRE, podrán solicitar el beneficio de la jubilación y el MRE podrá aprobarlo".

A juicio de la diputada de Proyecto Venezuela, Vestalia Sampedro de Araujo, esto "imposibilita el desarrollo de la carrera diplomática"; no obstante, en el interior de la Cancillería ciertos empleados opinan que la medida busca "despachar de forma más delicada y económica a aquellos que son identificados con la Cuarta República".

Porque, como manifestó el líder de la Comisión de Política Exterior, Saúl Ortega, "todos los funcionarios deben comprometerse con el Estado y el Gobierno, que dirige la política exterior de la nación. No puede ser que uno esté en el servicio exterior en contra de la línea del jefe de Estado, pues eso sería estar en contra de la línea internacional de Venezuela".

Esta idea también inspiró la enmienda del artículo 88, que anteriormente imponía al presidente de la República un límite de 50% en las designaciones "políticas" o de personas que no pertenecen a la carrera diplomática, para cubrir las jefaturas de embajadas y consulados de la nación.

"La facultad de dirección de las relaciones exteriores implica necesariamente la libertad de nombrar y remover a los jefes de misiones", se aclara en la exposición de motivos para borrar ese porcentaje, tachándolo de inconstitucional por restringir las atribuciones del mandatario venezolano.

Sin embargo, en lo que Sampedro de Araujo califica como una "incongruencia", se ordena la modificación del artículo 89 para remarcar que el personal diplomático en comisión "en ningún caso podrá exceder el 30% del total del personal diplomático de carrera en cada categoría".

Contreras piensa que, más allá de las posibles contradicciones del texto legal, éste cumple una función básica: "Establece el control partidista de las jefaturas de misión y, desde ellas, de todo el aparato diplomático".



 
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