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Caracas, domingo 12 de junio, 2005  
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Intereses políticos inciden en las decisiones

"El caso Manuitt es la mejor demostración de todas las denuncias que hemos venido formulando. El presidente de la Asamblea Nacional Legislativa, Nicolás Maduro, asegura que el informe de la Comisión de Política Interior está marcado por los intereses políticos. Lo cierto es que hay muertos de por medio y viudas y huérfanos que claman por justicia y castigo a los culpables. Ahora, si están implicado o no el gobernador o sus policías sólo puede determinarlo un tribunal penal imparcial y autónomo".

_¿Cómo se supone que debería discurrir este proceso?

_Primero tendríamos que ver cuál es la posición del fiscal del Ministerio Público para formular el antejuicio. El fiscal considera que las imputaciones son selectivas y en la medida en que selectivamente se administra justicia penal tendríamos que preguntarle si, dentro de su selectividad, es posible acusar al gobernador para que exista un antejuicio de mérito. Luego hay que ver si el Tribunal Supremo de Justicia acuerda el antejuicio y decide si va a los tribunales ordinarios. Esto en el caso de la presunta participación del gobernador, porque el hecho de los homicidios y la presunta participación de la policía de Guárico en esto, ya está siendo investigada por los tribunales.

_El asunto es que en aras de defender los intereses políticos, en este caso la unidad del oficialismo, con unas elecciones en puertas, se puede enterrar el caso.

_Así es. Y aquí cabe preguntarse: ¿Qué le importa más a los poderes públicos? ¿La muerte de decenas de venezolanos o la posible vinculación política que tenga un gobernador o un diputado?

_Las diferencias de criterios entre los parlamentarios del Gobierno sobre el caso obedecen a que en algunos de ellos priva el imperativo de hacer justicia o se trata más bien de la expresión de una pugna interna que ya trasciende lo interno del oficialismo?

_No conozco a fondo nada de las diferencias políticas que puedan existir en la Asamblea Nacional Legislativa. Pero allí debe estar influyendo la política, al igual que en muchísimo otros casos. Yo estoy segura que dentro del TSJ, del Ministerio Público y de la Asamblea Nacional, hay gente valiosa, que a pesar de defender determinados intereses políticos, clama por justicia. Hay magistrados, jueces y fiscales honestos y quizás pueda resultar duro responsabilizar a una institución en su totalidad.

_¿Hay o había porque usted dice que están siendo destituidos?

_Yo conocí grandes fiscales del Ministerio Público. El problema es que no hay confianza, por parte del fiscal general, en asignarle esos casos a fiscales honestos.

En mi caso, Leopoldo López, Enrique Capriles y yo estamos siendo investigados desde hace tres años. Pero había dos fiscales imparciales, con conocimiento del caso. Primero el fiscal Oswaldo Domínguez renunció por no estar de acuerdo con el discurso del fiscal general. Lo mismo hice ante el Poder Judicial porque el caso se le quitó a la fiscal Rosa Memoli, quien iba a presentar el sobreseimiento y el fiscal general se lo asignó a uno de sus fiscales de confianza. Fue así como Gilberto Landaeta decide imputarnos con los mismos elementos a Capriles, López y Mónica Fernández._RG



 
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