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Caracas, domingo 12 de junio, 2005  
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ENTREVISTA // Mónica Fernández: "Se habla de magistrados sin título de doctor"
"Poder Judicial es un brazo ejecutor del régimen"

(Foto Nicola Rocco)
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La ex jueza denuncia que nunca estuvo la justicia tan entregada al poder político, utilizada como brazo ejecutor de los intereses del régimen en contra de quien se convierta en un disidente

ROBERTO GIUSTI

EL UNIVERSAL

Ex jueza renunciante e imputada por la Fiscalía, abogado penalista litigante y combatiente, a sus casi 33 años Mónica Fernández habla con el aplomo de un jurista consumado y un lenguaje forense que fluye torrentoso aunque directo y preciso. Ella, la semana pasada, en compañía de un grupo de sus colegas, presentó un enjundioso informe, firmado por los presos políticos venezolanos, que constituye un detallado memorial de agravios sobre el uso de la justicia como brazo político del régimen a la hora de castigar a quienes, bien sea militares, periodistas, políticos, sindicalistas u hombres de pie, han decidido enfrentar a un gobierno que consideran, viola principios, derechos y garantías consagrados en la Constitución mandada a hacer por su propio jefe.

_¿Cuáles han sido las repercusiones del informe presentado por ustedes la semana pasada sobre la situación de la justicia en Venezuela?

_La intención a la hora de reunir un grupo de abogados penalistas era la de pronunciarnos en conjunto sobre una serie de irregularidades que veníamos observando en distintos procesos penales que iban a radicalizar políticamente a partir de la celebración del revocatorio de agosto del 2004, cuando se observó la tendencia a concentrar los casos en un número reducido de fiscales del Ministerio Público y de jueces. Producto de esa investigación determinamos en qué porcentaje se distribuyen los casos.

_¿Esa localización de casos en una minoría determinada de jueces y fiscales no quiere decir todo lo contrario de lo que ustedes señalan, es decir, que el Poder Judicial no está siendo dominado por el Gobierno sino en una pequeña proporción?

_Esa es una de las preguntas que nos hicimos inicialmente y si ciertamente estos fiscales y jueces concentran los casos políticos, no podemos negar que el resto de la institución podría estar parcializada y politizada. Allí está en denominado plan de la revolución judicial que ha traído ya más de 70 destituciones en menos de cuatro meses, implica que se está intimidando, con el terror, a los jueces. El Ministerio Público ha asumido la misma conducta. Siempre hay el rumor, los últimos de cada mes, que van a ser destituidos fiscales y ya han salido de sus cargos más de 200 a nivel nacional, sin razones aparentes y aplicándoles, indebidamente, una ley orgánica del Ministerio Público que no corresponde aplicar en determinadas situaciones.

_En otras palabras, se destituye a jueces y fiscales que no estén identificados con el denominado "proceso".

_Efectivamente. Hay miedo en el Poder Judicial y en el Ministerio Público porque los casos se comienzan a asignar a jueces recién designados. Vemos, por ejemplo, como el caso de los hermanos Guevara fue asignado al Tribunal de Juicio, a cargo de Luis Cabrera, quien está vinculado políticamente al Gobierno. Está claro, entonces, que hay presión directa e indirecta y manipulación por parte de quienes manejan el Ministerio Público y el Poder Judicial.

_Según lo que dices, lo que está ocurriendo es la invasión masiva y definitiva del Poder Judicial por parte del oficialismo.

_Sí, pero no sólo se trata de eso. Se está designando a jueces y fiscales que no cumplen los requisitos mínimos para ocupar los cargos. Desde el Foro Penal Venezolano estamos haciendo un análisis sobre quiénes son esos jueces y fiscales. Se habla, aunque todavía no tenemos pruebas contundentes, de jueces con antecedentes penales por homicidio, robo a mano armada y estafa, cuando la Ley Orgánica del Poder Judicial prohíbe el ingreso de personas con antecedentes penales al cargo del juez.

_Dices que no tienen las pruebas "contundentes".

_Obviamente las pruebas resultan fáciles de obtener, pero dentro del medio judicial todos nos conocemos y sabemos quién es quién. Ha descendido muchísimo tanto la calidad de las sentencias, como la capacidad de trabajo y la credibilidad del abogado en los despachos judiciales, cuando sabe que quienes los dirigen tienen un apuntador en las audiencias de alguien que le indica cuál es la decisión que debe tomar en un momento dado. Es decir, hay un deterioro desde el punto de vista académico e intelectual del Poder Judicial.

_Sin embargo, el magistrado Luis Velásquez Alvaray señala exactamente todo lo contrario. Se está sustituyendo jueces que además de no estar capacitados para ejercer sus funciones, están vinculados a actividades como el narcotráfico.

_Resulta una irresponsabilidad que un magistrado asuma posiciones sin pruebas. El TSJ debería ser el sitio en donde más se resguarden los derechos de cualquier ciudadano y más aun de aquellos que forman parte del Poder Judicial. Si observamos quiénes están en el Poder Judicial desde 1999, pues encontramos un grupo de jueces nuevos, de personas que no éramos parte de lo que se quería erradicar, es decir, las supuestas tribus judiciales de aquel momento. Ahora llega este mismo grupo y dice que esos jueces no sirven. Pero si son jueces que se designaron bajo este período presidencial.

_Puede ser que a criterio de quienes deciden no cumplen con los requisitos. La cuestión es por quién están siendo sustituidos.

 _Eso es importante. Pero hay que ir más allá y preguntarse cómo llegaron hasta allí los nuevos magistrados del TSJ. El diputado Pedro Carreño declaró que no iban a admitir autogoles y allí no estaría nadie que resultara afecto al oficialismo. Uno también debe preguntarse cuáles son las credenciales de esos magistrados. Es cierto que algunos reprobaron el concurso para ser jueces titulares y ahora magistrados de la república.

_¿Cómo quiénes?

_Se habla de magistradas que reprobaron el concurso para juez superior. Se habla de jueces que fueron destituidos de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y ahora están en el TSJ. La Constitución establece claramente los requisitos para ser magistrado del TSJ. Nadie que no tenga el título de doctor en Derecho podría ocupar un puesto en el TSJ. Claro que también hay gente muy preparada como los doctores Angulo Fontiveros, Cabrera, Omar Mora y Lewis Ignacio Zerpa.

_Si ellos son doctores en Derecho y aparte de sus conocimientos deben poseer un acendrado sentido ético del ejercicio profesional, ¿por qué permiten ese tipo de situaciones que usted describe?

_Esa pregunta deberían responderla ellos y más con esta radicalización y control del Poder Judicial en manos de un grupo de magistrados. Anteriormente la Comisión Judicial era presidida por el presidente del TSJ, pero había un funcionamiento relativamente independiente. Llegan los nuevos magistrados y presiden la casi totalidad de las salas del TSJ. Controlan la Inspectoría General de Tribunales, a través de un inspector que es Luis Ortiza. Controlan la Escuela Judicial por medio de la magistrada Porra. Controlan la Comisión Judicial que encabeza Luis Velásquez Alvaray. Controlan la Unidad Nacional de la Defensa Pública con la magistrada Deyanira Nieves. Controlan la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, en manos de Luis Velásquez Alvaray. Y el único eslabón que no estaba controlado, la Comisión de Reestructuración del Poder Judicial, órgano constituyente, lo sacan de funcionamiento a través de un amparo constitucional.

_Organo constituyente o no, esa comisión no llegó a reestructurar absolutamente nada.

_Si bien no reestructuró, por lo menos no malformó el Poder Judicial. Allí, por lo menos, había un debido proceso para que los jueces se defendieran y se realizaban audiencias donde los magistrados escuchaban. Lo que no puedes hacer es concentrar, de forma absoluta, todo el poder en un solo grupo de funcionarios porque eso implica una politización del sistema.

_¿No estuvo politizado siempre el Poder Judicial?

_Creo que nunca estuvo ni el Poder Judicial ni el Ministerio Público de rodillas ante la política. Siempre la política ha estado metida en todo, pero hay circunstancias que diferencias aquellos momentos de éstos. Primero no existían tantos casos de índole política llevados a los tribunales y por tanto era más difícil medir la politización de la institución. Había intereses económicos, casos personales y un grupo de jueces que podían estar vinculados a partidos. Quizás las negociaciones para llegar a la Corte Suprema se hacían con el apoyo de los partidos porque siempre el Congreso designaba a los magistrados del Máximo Tribunal. Pero en este momento los discursos que manejan las cabezas de las instituciones son políticos. El mismo hecho de ponerle el nombre de la "revolución" a una plan de transformación judicial nos da una idea del nivel de compromiso con el gobierno.

rgiusti@eluniversal.com



 
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