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Caracas, miércoles 25 de mayo, 2005  
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LIBERTAD DE EXPRESION / Human Rigth Watch
Exhorta a invitar al relator de la OEA

Vivanco cree conveniente hacer una llamada a la OEA
(Foto Jorge Santos)
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El director para las Américas de la organización Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, recomienda al Ejecutivo Nacional que se abra a la observación foránea y demuestre que no le teme a la evaluación de los organismos internacionales.

PEDRO PABLO PEÑALOZA

EL UNIVERSAL

El director para las Américas de la organización Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, propone al Gobierno de Venezuela que extienda una invitación formal al Relator Especial para la Libertad de Expresión de la OEA, con el fin de que este funcionario pueda evaluar la situación del ejercicio de ese derecho humano en el país.

"El Relator puede cumplir una labor muy positiva que ayudaría a terminar con estas desconfianzas, generar un nuevo ambiente en Venezuela, y hablaría muy bien del Gobierno desde el punto de vista político, pues evidenciaría su voluntad para abrirse a la comunidad internacional y demostrar que no tiene miedo frente a este tipo de análisis", indicó el vocero de HRW.

Vivanco considera que Miraflores ha incurrido en una "equivocación" al optar por una postura de enfrentamiento en contra de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la que calificó como "un órgano autónomo, profesional, que hace una gran labor", y de la cual depende la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.

Dijo saber que funcionarios de la CIDH han tratado de viajar a Venezuela para observar la realidad interna; sin embargo, destacó que la falta de un acuerdo con las autoridades venezolanas impide que se materialice esta visita.

"Ayudaría mucho que el Relator pudiera recibir una invitación especial del Gobierno para poder visitar el país, ya que no lo puede hacer si no cuenta con una autorización expresa" de Miraflores, explicó Vivanco.

Unico e inimitable

El representante de HRW rechazó el principal argumento detrás del cual se ha escudado la administración de Hugo Chávez para responder a las críticas emitidas desde el exterior: la soberanía nacional. "Eso es un anacronismo, un subterfugio que muchos gobiernos han usado en el pasado para eludir sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos", contestó Vivanco antes de resaltar que "no conozco ninguna otra democracia latinoamericana donde actualmente exista esa premisa".

Sin embargo, esto no sería lo único que distingue a Caracas de sus vecinos continentales. El abogado de origen chileno enfatizó que la reforma del Código Penal y la promulgación de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión "cierran los espacios para el ejercicio de la libertad de expresión", y revierten la tendencia regional que apunta a eliminar las limitaciones en esta materia.

Vivanco, ponente invitado a un foro sobre derechos humanos que se desarrolló en la Universidad Católica Andrés Bello, señaló que al ampliar la protección de los funcionarios públicos, por medio de las "leyes de desacato" contempladas en el COP, Venezuela ignora obligaciones jurídicas internacionales y produce "un efecto inhibidor que restringe la capacidad de los ciudadanos de fiscalizar eventuales abusos de poder, incluida la corrupción".

Con respecto a la llamada Ley Resorte, advirtió que "sus numerosas prohibiciones, que tienen una complejidad casi bizantina, amenazan con sofocar y amordazar el debate público", mientras vaticinó que "estos nuevos controles funcionarán como una camisa de fuerza sobre un paciente rebelde, que puede ser convenientemente ajustada si el Hermano Mayor así lo decide".

Cambio de reglas

Recordó que en anteriores oportunidades ha reconocido que "los márgenes de ejercicio de la libertad de expresión, durante estos años del gobierno de Chávez, han sido amplísimos"; no obstante, admitió que "en los últimos tiempos el Estado de Derecho ha sufrido retrocesos".

Vivanco confesó que "lo que nos preocupa es que se esté desarrollando, consolidando, una especie de doble estándar en Venezuela, donde algunos cuentan con protección y otros no pueden ejercer sus derechos fundamentales", diferencia que se agravaría debido a la constitución y jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia.

"Creemos que la reforma a la estructura del TSJ, que incluso antes de ese cambio ha sido favorable a las leyes de desacato, dificulta más la defensa, en virtud de lo que son los valores jurídicos universales y regionales" referidos a la libertad de expresión, comentó el portavoz de HRW.



 
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