ANA MARIA HERNANDEZ G.

EL UNIVERSAL

Así, el pasado miércoles 6 de abril se realizó el foro Propiedad intelectual como Patrimonio del Estado en la Sala E de la Universidad Central de Venezuela. Intervinieron Xiomara Jayaro del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), el abogado y docente de la UCV Leonel Salazar, Eduardo Samán del Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI) y la escritora y editora Blanca Strepponi, representante de la Cámara Venezolana del Libro (Cavelibro). Luego de estas intervenciones se sumó la escritora Andrea Coa, una de las redactoras del mencionado proyecto de ley.

Coa defendió el documento que compuso junto a Ramón Domingo Valdés y Alberto Monteagudo y señaló que "nos reunimos porque consideramos que la ley del 93 no responde ni defiende nuestros derechos, y nos entrega a las corporaciones internacionales".

Agregó que existen leyes como la del Libro que exoneran de impuestos a toda la cadena de comercialización del sector, que a su juicio no incentiva la producción cultural nacional. "Aun con todo eso, la industria editorial venezolana está en rojo", e invitó a constatarlo a través de la página de Internet del Centro Nacional del Libro.

"Aquí los pintores están en las plazas porque se estimula sólo a los extranjeros. Acá hay consumidores de libros", y denunció a las editoriales como entes que "explotan a los au tores".

Según sus palabras, "tratamos de acercarnos al SAPI (antes de ser dirigido por Samán) y nunca tenían tiempo para nosotros. Esta situación ha cambiado con la dirección revolucionaria, y no me da miedo decir esta palabra en la UCV, porque lo que se necesita es una transformación de fondo. Vi el manifiesto de Cavelibro, contrapuesto al derecho de los autores con los editores. Yo sí tengo que decir que la legislación internacional acabó con la industria editorial mexicana. Debemos denunciar los convenios internacionales, ¿quién dijo que son palabra de Dios? Son palabra de Estados Unidos, es la vieja lucha del Norte contra el Sur. El nuevo orden solidario es que el Sur participe y ponga su propuesta".

También habló sobre el polémico artículo 5 del proyecto donde se menciona que el Estado "podrá adquirir" aquellas obras que considere de interés público. "Ese es uno de los principios para garantizar que la gente tenga acceso a la obra. Cuando el Estado la adquiere lo hace con trato directo al autor. Entendemos que chillara Cavelibro, Sacven, hay que hacer una contraloría social para que defienda. Se trata de eso".

Acerca de las sanciones penales, otro punto delicado, instó para que los "abogados bolivarianos hicieran las correcciones. Esto es diferente a lo que hace el Imperio, que cocina leyes a espaldas de la comunidad. No queremos que cambien las partes estratégicas, sino las sanciones penales".

Calificó este proyecto como uno de los tres, que se discuten en el Parlamento, "más satanizados por los medios de comunicación. En agosto de 2004 lo introdujimos, entró en agenda en noviembre de 2004 y fue redactado hace dos años. Yo también tengo observaciones y soy partidaria de que no se apruebe tal como está, porque contiene errores de transcripción y redacción. Nosotros no somos como los bufetes, somos dolientes".

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