La rebelión del 11A
Los generales Efraín Vásquez Velazco y Pedro Pereira Olivares, el contralmirante Daniel Comisso Urdaneta, y el vicealmirante Héctor Ramírez Pérez fueron acusados de rebelión militar por los eventos del 11 de abril.
 A pesar de haber sido absueltos por la Sala Plena del TSJ, que declaró en sentencia del 14 de agosto del 2002 que no existían méritos para el enjuiciamiento de los militares, el pasado 11 de marzo la Sala Constitucional Accidental anuló la sentencia y ahora es posible que los militares sean procesados nuevamente por el delito de rebelión o por cualquier otro delito. 

Se proyecta que con la reapertura del caso sean imputadas otras 200 personas más, entre militares  y civiles. Entre los militares que serían imputados estarían: los generales de división (GN) Edgar Bolívar, Rafael Damiani Bustillos, Carlos Alfonzo Martínez, (Ej.) Romel Fuenmayor, Néstor González González, y Enrique Medina Gómez.

Otros que se encuentran involucrados en el caso son el capitán Henry Parra, que se encuentra ahora en libertad después del sobreseimiento de la causa, y el subteniente Claudio Vitoria, también sobreseído pero detenido por otras razones en Ramo Verde.

Crímenes de abril
En diciembre del 2003, fueron imputados 8 oficiales de la PM: Marcos Hurtado, Rafael Neazoa, Julio Rodríguez, Erasmo Bolívar, Luis Enrique Molina, Ramón Zapata, Héctor Rovaín y Arube Pérez. Se les acusó, entre otros, de homicidio calificado en grado de complicidad correspectiva, lesiones gravísimas, graves y menos graves, y uso indebido de armas de guerra en los alrededores de Puente Llaguno el 11 de abril de 2002. Un año más tarde, se añadieron al expediente cuatro nombres: Alfredo Peña, Iván Simonovis, Henry Vivas y Lázaro Forero, acusados ellos de ser los `autores intelectuales´. Peña permanece en clandestinidad y los demás están siendo juzgados con medida privativa de libertad.
A Peña también lo acusaron, junto a Baldomero Vásquez y Luis Daniel Falkenhagen, por malversación de fondos en relación a un contrato otorgado al Colegio de Médicos durante su gestión como alcalde.
Por otro lado, están imputados Leopoldo López y Henrique Capriles por la detención del entonces Ministro de Interior y Justicia Ramón Rodríguez Chacín.
Enrique Mendoza fue imputado por rebelión civil y agavillamiento, entre otros, por haber interrumpido la señal de VTV en abril de 2002.

Son más de cien
El caso de los paramilitares de El Hatillo continúa envuelto en una espesa nube de intriga y misterio. A pesar de las investigaciones, imputaciones y declaraciones que se han hecho en relación al caso, todavía no se entiende cómo llegaron los presuntos paramilitares a la finca Daktari, ni cuál era la `misión´ que supuestamente venían a cumplir. 
 Son más de una centena de supuestos `paras´ que están siendo investigados por la Fiscalía. Juntos a ellos, se ha acusado a una serie de oficiales de la Fuerza Armada por el delito de rebelión militar y conspiración. Los más destacados son el general Ovidio Pogiolli, el coronel Jesús Farías, el capitán Javier Quintero, el coronel Jesús Castro Yelles, el capitán Rafael Farías Villasmil y el capitán Javier Nieto. Se ha solicitado que se les castigue con 27 años de prisión, con excepción del capitán Nieto, que recibiría 12 años por no haber denunciado a sus superiores. Ambos `paras´ y oficiales acusados tienen orden de privación de libertad.
 De acuerdo a como se desarrolle la investigación, se puede alargar la lista. Entre los investigados están el general Oscar Márquez, el capitán Douglas Pérez Pérez, el Tcnel. Miguel Prieto Montes y el coronel Orlando Castro Yesgra.

Los créditos
La lista de banqueros imputados por la presunta comisión de los delitos de estafa y usura, en el momento de otorgar los llamados créditos indexados y cuotas balón, sigue ensanchándose; hasta ahora son 16 los banqueros acusados.
En la lista tenemos a Ignacio Salvatierra, Gustavo Marturet, Juan Carlos Escotet, Andrés Azpurua, Francisco Debera, José Carlos Pla Aroyo, Michel Goguikian, María Elena Fumero, Diego Luis Castellanos e Irving Ochoa. A los imputados se les ha acordado medida de prohibición de salida del país.
Este caso se viene investigando desde julio de 2003, al formularse varias denuncias por numerosos deudores. Estos reclamaban los pagos excesivos al cobrárseles intereses sobre intereses.
A pesar que el TSJ emitió una sentencia a favor de los deudores hipotecarios de créditos indexados y cuotas balón de vehículos, los banqueros insisten en que obraron acordes con la ley vigente en el momento que fueron concedidos dichos créditos y su registro contable se ha establecido de acuerdo con la normativa especial dictada por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, evidenciado en los balances bancarios publicados cada mes.

Táchira y Mérida
Son siete las personas que han sido sentenciadas a prisión a raíz de los eventos del 12 de abril del 2002 en el estado Táchira. José Meira Félix, Orlando Pantaleón, Omar Guillén, Elsi de Peña, Jacobo Superlano, William Forero, Danni Ramírez y Saúl Lozano, no pudieron compartir el alivio de su compañero Wilfrido Tovar, el único absuelto en este caso de rebelión civil.
Sin embargo, a partir de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de revocar la sentencia de los militares acusados por el 11 de abril, se estima la reapertura del caso y la posible imputación de hasta 50 personas más.
En Mérida, fueron imputados por los delitos de conspiración, rebelión, impedimento del ejercicio de derechos políticos, privación ilegítima de libertad y ofensa sobre funcionario de gobierno, en perjuicio del gobernador de Mérida Florencio Porras Echezuría, unas 25 personas que demandaron la renuncia del gobernador el 12 de abril del 2002.
Entre estos se encuentran Fortunato González, Marco Abilio Trejo, Jesús Rondón Nucete, Nixon Moreno, Carlos Chirinos, Crispulo González, Lisandro Estupiñan, Tarek Aboassi, Clara Peña, Pausides Reyes, Rómulo Canelón y Máximo Briceño.

El paro petrolero
Los funcionarios de la petrolera estatal que se sumaron al paro de diciembre de 2002 no sólo perdieron sus empleos como resultado del fracaso del paro, también fueron imputados por la Fiscalía General por diversos delitos, incluyendo rebelión civil, instigación a delinquir, agavillamiento, interrupción indebida del suministro de gas y revelación indebida de datos electrónicos.
Entre los imputados se encuentran altos gerentes de Pdvsa y dirigentes de la asociación Gente del Petróleo, como Juan Fernández, Horacio Medina y Mireya Ripanti. Recibieron orden de aprehensión Gonzalo Feijoo, Edgar Quijano, José Luis Santana, Edgar Paredes y Juan Lino Carrillo.
Por otro lado, se ha imputado al líder sindicalista Carlos Ortega, atrapado el pasado 28 de febrero en Caracas, por los delitos de rebelión civil, traición a la patria, instigación a delinquir, agavillamiento y devastación, todos en relación a su actuación durante el paro.
El Tribunal Supremo de Justicia rechazó una solicitud de extradición para Carlos Fernández, antiguo presidente de Fedecámaras y actualmente residenciado en Miami. Sin embargo, se mantiene en pie una orden de aprehensión contra el empresario. 

Desobediencia legítima
El general Carlos Alfonso Martínez, acusado y sentenciado a 5 años de prisión por violación de zonas de seguridad, quedó en libertad después de 22 meses detenido. Sin embargo, siguen las investigaciones e imputaciones a otros 57 militares que se declararon en desobediencia legítima el 22 de octubre de 2002 en Altamira.
Entre ellos están acusados por los supuestos delitos de sublevación, subordinación y delitos contra la FAN, los generales Enrique Medina, Isidro Pérez Villalobos, el contralmirante Oscar Betancourt y el alcalde Leopoldo López.
Tienen orden de aprehensión los coroneles Antonio Ortega, Carlos Hernández, Carlos González Caraballo, Ivan Trujillo Contreras, Gerardo Pérez Pernalete, Antonio Semprum Valecillos, Héctor Ortiz Zambrano, Otilio Martínez, Alexander Raffo Navarro y Domingo Santana, entre otros.
El general Felipe Rodríguez, alías `el Cuervo´, quien también participó en la toma de la plaza Francia, está siendo juzgado por su supuesta participación en los atentados contra las embajadas de España y de Colombia en 2003. A la vez, los tenientes José Antonio Colina y Germán Rodolfo Valera, acusados por el mismo caso, permanecen en Miami bajo solicitud de asilo político.   

El caso Anderson
Las investigaciones alrededor del asesinato del fiscal Danilo Anderson han arrojado, hasta ahora, resultados controversiales. Entre los imputados por la autoría material del siniestro se encuentran los hermanos Otoniel y Rolando Guevara y su primo Juan Bautista Guevara, acusados de homicidio calificado y agavillamiento. A los tres se les ha dictado medida de privación de libertad, y se encuentran detenidos en la sede de la Disip. Se ha vinculado a los hermanos Guevara con el atentado terrorista de los `collares bomba´, sucedidos en marzo del 2004.
Asimismo, se encuentran bajo investigación por el caso Johan Peña y Pedro Lander.
Antonio López, abogado que también estaba siendo investigado por el caso Anderson, murió en un altercado con la policía científica (Cicpc). Sus padres sexagenarios, Haydée Castillo y Antonio López, han sido acusados por la presunta comisión de los delitos de ocultamiento de armas de fuego y explosivos.
Todavía no se han hecho acusaciones entorno a los autores intelectuales del fatal atentado, aunque se ha vinculado el caso a una red de extorsión que supuestamente involucraba al fiscal Anderson y algunos de los firmantes del decreto Carmona.

El carmonazo
A pesar de su fallecimiento sorpresivo, el plan de ataque del fiscal Danilo Anderson, con respecto a los firmantes del decreto Carmona, sigue viento en popa. De acuerdo con la estrategia de Anderson, primero se imputaría al efímero gabinete interino, luego a los abogados que supuestamente redactaron el polémico documento, y después atacaría la lista de personas que firmaron (incluyendo a aquellas que firmaron un papel en blanco). De último, se imputaría a las personas que aparecen en los videos grabados ese día. De esta manera se pretende imputar por el delito de rebelión a más de 400 personas.
Hasta ahora han recibido acusaciones más de una treintena de personas, incluyendo a los abogados Allan Brewer Carías, Federico Carmona y Gisela Parra, el banquero Ignacio Salvatierra, los dirigentes Sergio Omar Calderón, Alberto Quirós Corradi, Américo Martín y Rafael Huizi Clavier, los empresarios Leopoldo López Gil, Felipe Brazón, y Albis Muñoz, Guaicaipuro Lameda, María Corina Machado, Enrique Yéspica, Carmen Elena Núñez, y el sindicalista Jaime Manzo.
Los últimos individuos en haber sido acusados por la Fiscalía General son Cecilia Sosa, Ana Karina González y José Gregorio Vásquez.

Conspiración y opinión
Los dirigentes de la asociación civil Súmate Alejandro Plaz, María Corina Machado, Luis Enrique Palacios y Ricardo Estévez fueron acusados de conspiración por haber aceptado la contribución monetaria de la organización National Endowment for Democracy (NED, en inglés).
A la periodista Patricia Poleo la acusaron de difamar por la transmisión de un video controversial, caso que ha sido archivado, y por el manejo ilícito de información relacionada con el caso Anderson. Su colega Ibéyise Pacheco está imputada por una información publicada en su columna, donde mencionaba a José Vicente Rangel y otros funcionarios. También fue imputado el periodista Napoleón Bravo por afirmaciones hechas en su programa televisivo 24 Horas.
El abogado Tulio Alvarez fue acusado de difamación por William Lara y recibió sentencia de 2 años y 3 meses.
Por su parte, el general Francisco Usón fue condenado a 5 años de prisión por las declaraciones que dio en torno al incidente fatal de Fuente Mara.
El general Manuel Rosendo, actualmente en clandestinidad, es acusado de ultraje a El Centinela, a la Bandera y a la FAN por opiniones dadas frente a medios de comunicación.