La organización humanitaria dijo, en un comunicado, que las enmiendas al Código Penal, que aprobó la mayoría oficialista de la Asamblea Nacional, "podrían servir para reprimir las críticas periodísticas a las autoridades del Gobierno y restringir la capacidad de la opinión pública para fiscalizar al Gobierno".

Cuestionó el hecho de que mientras en otros países de la región se han derogado o debaten la derogación de leyes de este tipo, en Venezuela se han impuesto restricciones adicionales a la prensa "que protegerían a las autoridades del escrutinio público:, refirió José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.

Para Vivanco la condena por difamación pasó de 30 meses de cárcel a un nuevo máximo de cuatro años, y el pago de multas de más de 27.000 dólares. En los casos de injuria se llevó el castigo de tres meses a dos años de cárcel.

"Al criminalizar aún más las críticas contra las autoridades del Gobierno, restringirán la capacidad del público para fiscalizar posibles abusos de los que ostentan el poder".

Por otro lado, también se cuestionó la ley de radio y televisión, que entre otras consideraciones hace responsable a los propietarios de medios de lo que dicen los entrevistados.

Por su parte, el Gobierno niega que la ley restrinja la libertad de expresión y asegura que su objetivo principal es regular la violencia y el sexo en los programas._GM