En un comunicado, el INTI informó que "la primera decisión revolucionaria del directorio fue sobre el Hato Piñero. Se estableció _con base en los artículos 14,15, 43 y 123 de la Ley de Tierras_ la ociosidad de este predio, el cual consta de 80.212 hectáreas con 800 metros cuadrados, y que está ubicado en el Estado Cojedes".

Agregan que "se estableció considerar este predio como latifundio dentro de los parámetros establecidos por la Ley aplicable en esta materia".

"El INTI decidió que el Hato Piñero es de origen baldío de la nación, puesto que su tradición legal no demuestra documentos debidamente verificados que determinen propiedad privada de acuerdo con los criterios del marco legal".

Explican que lo importante de esta decisión "es que dicho predio no es privado".

En cuanto a la comunidad Quebrada de Agua, ubicada dentro de los linderos del predio, la Oficina Regional de Tierras estudiará los correspondientes procedimientos legales a los fines de garantizar y otorgar los derechos de permanencia y beneficios, establecidos en la Ley de Tierras y demás normativas.

Por tanto, "el directorio decidió establecer un fundo zamorano, en conjunto con la comunidad asentada en el lugar, como política fundamental para alcanzar la seguridad alimentaria y desarrollo rural sustentable de la zona".

Para los predios del Hato Piñero, no sujetos a las áreas de administración especial y donde se desarrolle una actividad agrícola y pecuaria realmente efectiva, el directorio decidió otorgar constancia de actividad productiva, lo cual no implica un reconocimiento de la propiedad privada de los terrenos, ni incluye la aplicación de un impuesto predial en cuanto a lo establecido en la Ley de Tierras.

"Sobre todas las áreas con vocación agrícola que se encuentran fuera de las áreas con regímenes de administración especial decretadas y por decretarse, se iniciará el procedimiento de rescate".

Igualmente, el directorio decidió oficiar al Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales y demás órganos competentes, a los fines de agotar las acciones necesarias para la creación de un área bajo régimen de administración especial sobre las zonas identificadas como bosques de galerías: Río Chimbo, Caño Quita Calzón, Caño La Canoa y Sabana Abierta, ubicados en las zonas sureste y suroeste del Hato Piñero.

En cuanto al hato El Charcote, el INTI decidió que parte importante de las 12.950 hectáreas que lo componen "son tierras ociosas que no tienen ningún tipo de productividad y son consideradas como latifundio".

Esta decisión la tomaron luego de inspecciones "donde se comprobó que son tierras baldías pertenecientes a la nación, por cuanto la cadena titulativa presentada por los propietarios de El Charcote "carece de regularidad, porque pretenden hacer valer una supuesta propiedad privada desde 1840, y no poseen documentos que lo avalen. Se realizaron estudios en el Archivo General de la Nación y los registros subalternos de la región, y se comprobó que sólo existen documentos de propiedad desde 1850", explicó el presidente del INTI Eliécer Otaiza.

La declaración de tierras ociosas sólo se determina en las hectáreas inutilizadas, que no son aprovechadas para el beneficio de la comunidad. Por ello, el resto del terreno correspondiente a este fundo cojedeño, utilizado para la producción de rubros como el maíz, girasol, sorgo, ajonjolí y leguminosas, seré certificado por el INTI con una constancia de productividad, sin implicar el reconocimiento de la propiedad privada.

"Más de 230 familias son habitantes de este lugar y desde hace varios años han sido las encargadas de darle productividad agrícola a estas tierras. Por tanto, el directorio del Instituto otorgará el derecho de permanencia a estos campesinos", dice el comunicado.

"En cuanto a las medidas cautelares, de acuerdo con lo establecido en los artículos 127 y 128 de la Ley de Tierras, se determina acabar con las irregularidades presentadas en el Area Bajo Régimen de Administración Especial, la cual abarcaba 7.171 hectáreas y sólo quedan un poco más de mil hectáreas que nos se han dañado a causa de la tala y deforestación".

En otros predios
Con respecto al hato Borges, ubicado también en el Estado Cojedes, "se declara ociosidad de la tierra en sus 4.600 hectáreas aproximadamente".

Otaiza explicó que "en la cadena titulativa del mencionado hato hay una extensión de 1.200 hectáreas que son propiedad privada, y el INTI reconocerá que en ese caso existe desprendimiento de la República. Sin embargo, el resto del terreno se considera como tierra baldía, porque no se demuestra la titularidad sobre las mismas".

Manifestó el presidente del INTI que estas 1.200 hectáreas se evaluarán para pasar al cobro de impuestos de acuerdo con lo establecido en la ley.

También concederán 60 derechos de permanencia a habitantes del hato El Coco, ubicado en el Estado Nueva Esparta, 20 cartas agrarias en el Estado Lara y 80 cartas agrarias en el Estado Monagas.

Existe otro caso declarado como tierra ociosa, correspondiente a la hacienda Sanz, "ubicada en el Estado Miranda, la cual tiene una extensión aproximada de 90 hectáreas y hasta el día de hoy no se ha podido demostrar la cadena titulativa". Por esta razón el Instituto Nacional de Tierras la considera tierra pública y procederá a su rescate mediante la implementación de núcleos de desarrollo endógeno.