Si los ataques del 11 de septiembre de 2001 contra Estados Unidos alertaron a los europeos sobre el advenimiento de una guerra de nuevo tipo, los atentados perpetrados en Madrid dos años y medio más tarde colocaron a los habitantes del Viejo Continente en las mismas trincheras de esa guerra.

Se desvanecieron las ilusiones -si alguna vez las hubo- de que la guerra contra el terrorismo sólo enfrentaría a Washington, como en los tiempos de la Guerra Fría, contra el enemigo del momento, en este caso la nebulosa red terrorista Al Qaida, de Osama bin Laden.

Con la atención centrada en los 191 muertos y los más de 1.900 heridos que dejaron los atentados con bombas en Madrid, la Unión Europea (UE) inmediatamente intensificó los esfuerzos antiterroristas desplegados tras los atentados del 11-S.

Durante una reunión celebrada en Bruselas a raíz de los atentados en Madrid, los líderes europeos designaron al diplomático holandés Gijs de Vries para ocupar el cargo de primer coordinador para la lucha antiterrorista en la historia del bloque comunitario.

Europol, el organismo policial de la Unión Europea con sede en La Haya, fue dotado de la autoridad necesaria para recabar y analizar informaciones relacionadas con el terrorismo, al tiempo que la UE aceleró sus esfuerzos por introducir una orden de detención de alcance europeo para impedir que los terroristas y otros criminales eludan la acción de la Justicia aprovechándose de las diferencias entre los diversos sistemas legales nacionales.

Los ataques en Madrid también indujeron a las naciones europeas individuales a colaborar más estrechamente en temas de seguridad. Cuatro días después de los bombazos, el canciller de Alemania, Gerhard Schroeder, pidió una mayor cooperación entre las agencias de seguridad europeas para combatir las redes de apoyo financiero, armamentístico y logístico a los terroristas.

Los ministros del Interior de Francia, Alemania, Gran Bretaña, España e Italia comenzaron a reunirse periódicamente para intercambiar informaciones. Esto permitió, entre otros resultados, que los servicios de inteligencia franceses suministraran a Alemania información sobre 150 extremistas islámicos que habían visitado campos de entrenamiento para terroristas o que habían viajado a Irak, al tiempo que Berlín entregó a París información sobre otros 210 sospechosos de terrorismo.

En Francia, esta información ayudó a que fueran arrestados el año pasado 101 personas sospechosas de mantener vínculos con redes terroristas islámicas.

Inmediatamente después de los atentados en Madrid, el gobierno francés elevó su alerta de seguridad a rojo, su segundo nivel más alto, en virtud de lo cual se intensificaron las labores de vigilancia de la policía en aeropuertos y estaciones ferroviarias y se instalaron patrullas policiales en los trenes de alta velocidad TGV.

Adicionalmente, Francia suspendió el Acuerdo de Schengen y restableció los controles en sus fronteras, tal como permite ese acuerdo en casos de amenaza a la seguridad.

En Alemania, los ataques terroristas en Madrid impulsaron un debate sobre la necesidad de coordinar mejor las operaciones de la policía y los servicios de inteligencia del país, descentralizados en gran medida. El ministro del Interior, Otto Schily, incluso propuso la creación de una agencia de seguridad al nivel federal.

Mientras tanto, las autoridades de seguridad alemanas continuaron registrando las casas y mezquitas de elementos islamistas sospechosos de simpatizar con los terroristas.

En Italia, el número de lugares catalogados como objetivos potenciales del terrorismo y vigilados por la policía aumentó de 8.000 a 13.400 tras los atentados de Madrid.

Más importante aún, los funcionarios de la policía y la inteligencia italianas incrementaron la cooperación con sus colegas españoles, lo que condujo en junio de 2004 a la detención de varias personas sospechosas de estar involucradas en los bombazos de Madrid.

Para Grecia, los atentados en la capital española ocurrieron justamente cinco meses antes de comenzar los Juegos Olímpicos en la nación helena. Como Atenas temía que los Juegos podrían convertirse en un objetivo terrorista, las fuerzas de seguridad griegas fueron puestas en estado de máxima alerta tras los ataques en Madrid y también los griegos comenzaron a trabajar más estrechamente con los españoles en cuestiones de seguridad.

"Tratamos de cooperar con la policía española y solicitamos sus consejos sobre cómo impedir que los terroristas realizaran atentados en Atenas como habían hecho en Madrid", dijo el portavoz del Ministerio griego de Orden Público, Lefterios Economou.

Aunque los holandeses reaccionaron con lentitud a lo sucedido en Madrid, el gobierno de La Haya promulgó en agosto una Ley sobre Crímenes Terroristas, acorde con las directrices europeas, que impone penas de prisión más largas para los que reclutan a personas para la Yihad, la guerra santa islámica.

Además, en enero el gobierno holandés destinó más de 400 millones de euros (527 millones de dólares) a la lucha contra las actividades terroristas.

En Gran Bretaña, los atentados en Madrid convencieron a varios dirigentes políticos, a los servicios de inteligencia y a la policía de que un atentado terrorista en Londres u otra ciudad británica era "inevitable".

El funcionario policial más importante de Gran Bretaña, el director de Scotland Yard, Ian Blair, ha advertido de que los terroristas podrían llevar a cabo un atentado en la etapa previa a las elecciones parlamentarias previstas para mayo.

Como resultado de este temor, la vigilancia en los accesos a los edificios del Parlamento británico ha sido reforzada con barreras, mientras que un "anillo de acero" está siendo instalado alrededor del cuartel general de Scotland Yard.

Un año después, los atentados terroristas del 11 de marzo siguen presentes como una sangrienta advertencia a los europeos contra toda complacencia en cuestiones de seguridad. "Los terroristas tienen una larga memoria", dijo el director de Scotland Yard.

Fuente: Agencia DPA