Los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid no sólo causaron la peor matanza vivida en España desde la Guerra Civil (1936-1939), sino que además propiciaron un inesperado cambio de gobierno, dando el poder al Partido Socialista (PSOE) de José Luis Rodríguez Zapatero en las elecciones del día 14.

Un año después, España es otra.

En política nacional, el nuevo presidente del Ejecutivo ha emprendido a marcha forzada lo que sus seguidores describen como una "revolución social", mientras que en las relaciones exteriores, el país ha dejado de ser el aliado incondicional de Estados Unidos que fue en la era de José María Aznar (1996-2004) para volver al seno de Europa, con Francia y Alemania como principales referentes.

Dos imágenes recientes ilustran este giro: El pasado 22 de febrero, con ocasión de la cumbre de la OTAN en Bruselas, el presidente estadounidense, George W. Bush, despachó a Zapatero en siete segundos con un "Hola, ¿qué tal amigo?" en el primer contacto personal entre ambos.

Días después, el 1 de marzo, Zapatero se convertía en el primer presidente del gobierno español en hablar ante la Asamblea Nacional de Francia, un discurso con el que selló la reconciliación de ambos países tras el desencuentro por el apoyo de España a la guerra en Irak durante la etapa de Aznar.


a decisión más popular del Ejecutivo socialista, avalada según los sondeos por más del 80 por ciento de la población y adoptada sólo horas después de la toma de posesión, fue precisamente ordenar el regreso a casa de los 1.300 soldados españoles enviados por el anterior gobierno a Irak. Había sido una de sus principales promesas electorales de Zapatero. Y la cumplió.

El precio ha sido un deterioro evidente de las relaciones con Washington, criticado como un grave error por la oposición del PP.

En los asuntos de casa, el principal reto al que se ha enfrentado Zapatero fue el referéndum sobre la Constitución europea, aprobada el 20 de febrero con casi el 77 por ciento de los votos pero con una participación de sólo el 42,3 por ciento, la más baja en la historia de la democracia.

El líder del PP, Mariano Rajoy, calificó de fracaso la consulta por la elevada abstención y reiteró sus críticas por la precipitación del Ejecutivo en convocar la primera consulta de este tipo en la UE, pero incluso el diario "El Mundo", muy crítico con el gobierno socialista, reconoció que Zapatero "superó la prueba sin desgaste y, en el peor de los casos, sale intacto de un nuevo episodio de la constatación de su tendencia a arriesgar".

Pero el tema más espinoso al que se enfrenta el gobierno es el plan soberanista planteado por el presidente del gobierno vasco, Juan José Ibarretxe.

Si bien la polémica iniciativa fue rechazada por una abrumadora mayoría en el Congreso de los Diputados el 1 de febrero, Zapatero fue acusado por el PP y sectores de la prensa de exhibir una posición de debilidad, al dejar abierta la puerta para negociar un nuevo estatuto que dé al País Vasco mayor autonomía.

"No es el final de un plan, sino el día para un nuevo proyecto para el País Vasco y para el conjunto de España", dijo.

En opinión del diario "ABC", el nacionalismo vasco tiene ahora la certeza de que "sin contrapartida alguna y con ETA en activo, el gobierno de la nación ya ha roto el perímetro de seguridad colectiva que representaba la intangibilidad del Estatuto vasco".

Un importante vuelco lo constituyó también la decisión del gobierno de dar voz y voto a la colonia británica de Gibraltar en las negociaciones con Londres sobre el futuro de este diminuto territorio en el sur de la Península Ibérica, que España reclama como suyo desde hace 300 años.

Desde el PP además han llovido las críticas contra la gestión del ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Angel Moratinos, que vivió los momentos más duros al frente de la diplomacia española después de afirmar, durante una visita del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, que el gobierno de Aznar había apoyado la intentona golpista en el 2002.

También en otros temas de política nacional, el gobierno socialista ha optado por desmontar algunas de las piedras angulares del proyecto del Ejecutivo de Aznar.

Así, frenó en seco el polémico trasvase de las aguas del río Ebro hacia las regiones áridas del litoral mediterráneo, paralizó la reforma de la Ley de Enseñanza por la cual la religión volvía a ser en las escuelas materia puntuable para pasar de curso, anunció una flexibilización de las leyes de aborto, impulsó la legalización de matrimonios homosexuales e inició una nueva regularización del cerca de un millón de inmigrantes ilegales que se calcula hay en el país.

Esto le ha valido al nuevo Ejecutivo duras críticas también de la Iglesia católica, que llamó a la movilización a sus fieles. Desde la retaguardia, uno de los que más ha disparado contra la política socialista es Aznar. "No veo ningún proyecto que no consista en el derribo sistemático y concienzudo de todo aquello que ha hecho de España un país fuerte y próspero durante estos años", proclamó desde la fundación FAES, el laboratorio de ideas del PP que dirige.

Irreconciliables son también las posiciones entre gobierno y oposición respecto, precisamente, al 11-M. Mientras que los socialistas sostienen que el Ejecutivo de Aznar mintió deliberadamente al atribuir los atentados a ETA, el PP insiste en que esa afirmación se basó en los informes policiales.

Así quedó patente también en las declaraciones de Zapatero y Aznar ante la comisión de investigación sobre el 11-M en el Congreso. Nunca antes un presidente y un ex presidente del gobierno habían comparecido ante un órgano como éste. Para muchos, también esto es una señal de que España es otra.

Por Jorge Vogelsanger
Agencia DPA