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ENTREVISTA / María Auxiliadora Monagas defenderá al Estado el 8 de marzo
El Estado se defiende ante Corte Interamericana

(Foto Jorge Santos)
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El Estado intensificó medidas contra irregularidades policiales

GIULIANA CHIAPPE

EL UNIVERSAL

Tres nombres propios serán repetidos constantemente, el 8 de marzo, ante el estrado de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en San José de Costa Rica: Aragua, Guanayén y Barrios. Juntos, y también revueltos, estos tres vocablos hablan de cuatro miembros de una misma familia que presuntamente murieron a manos de policías.

La familia es Barrios; el pueblo donde vivían ellos y los policías, Guanayén y el estado en el que está ubicado y de cuya gobernación dependen los funcionarios es Aragua, estado que, por demás, registra 1150 muertos por la policía, sea por enfrentamientos, ajusticiamiento o uso excesivo de la fuerza.

El caso Barrios se diferencia del resto porque contiene elementos colaterales que lo han llevado a la Corte Interamericana: entre cada fallecimiento han mediado presuntas amenazas que trajeron como consecuencia que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos obligara al Estado venezolano a brindar medidas de protección a favor de los Barrios. Aún así, murieron dos de ellos.

El Estado venezolano será defendido, ante la CIDH, por María Auxiliadora Monagas, quien fue designada por el Ejecutivo como agente del Estado en materia de Derechos Humanos ante el Sistema Interamericano Internacional. Monagas asegura que la medida de protección sí fue cumplida, negando con ello la denuncia de los familiares de las víctimas, representados por Eloísa Barrios, y de su defensor legal Luis Aguilera, coordinador de la ONG, Comisión de Derechos Humanos de Justicia y de Paz.

Monagas admite que se presentaron fallas en la implementación de la medida de protección, pero considera que, antes de hacer un juicio, deben definirse todos los elementos que se tejen alrededor del caso:

_Nos parece muy importante dilucidar, antes de llegar a cualquier conclusión, si se trata de ajusticiamientos como se denuncia o de enfrentamientos. Para profundizar en esto, me hice partícipe de la situación y fui a Guanayén a conocer la realidad de la familia Barrios. El Estado venezolano no ha hecho caso omiso de las medidas preventivas dictadas por la CIDH, como acusa Aguilera. Yo fui el martes pasado para Guanayén.

_¿Con quién está trabajando usted el caso?

_ La investigación es responsabilidad de la fiscal Superior de Aragua, Olga Adames, quien lleva todas las investigaciones para determinar cuáles son las situaciones de ajusticiamiento o de enfrentamiento. Claro que, aunque esto no se haya deteminado, hay que dar cumplimiento igualmente a las medidas de protección porque vienen de la corte y son de obligatorio cumplimiento para el Estado. Y, mientras no se tenga dilucidada la investigación, el carácter conclusivo de la investigación, la medida permanece vigente. Y el Estado las ha ido garantizando.

_ ¿Se han planteado cómo subsanar las fallas que se han presentado?

_ Sí. Efectivamente, algunas situaciones han escapado de nuestras manos. Para evitar que se repitan, hemos decidido adoptar varias medidas entre las que se encuentra la conformación de una brigada de funcionarios que dependerán de mi despacho, la Agencia del Estado por los Derechos Humanos, y que velará por el cumplimiento de las medidas provisionales de protección y así garantizar la vida y los derechos humanos de los ciudadanos.

_¿Cuáles funcionarios conformarán esa brigada?

_La brigada todavía se encuentra en etapa de conformación. Probablemente sean estudiantes universitarios pero siempre serán brigadistas que formaremos muy íntegramente pues tendrán que confirmar si los agentes policiales responsables de cumplir con las medidas de protección realmente lo están haciendo.

_¿Por qué usted se refiere a la policía como responsable de cumplir con las medidas de protección? Siempre se ha hablado que la responsable es la GN.

_Es que ahora llegamos a un acuerdo. Como la policía del Estado aragua ha tenido inconvenientes para dar cabal cumplimiento a la medida preventiva, vamos a reforzar eso a través de la Guardia Nacional. Giramos una nota al gobernador del Estado (Didalco Bolívar) para que traslade a los funcionarios y los rote cada 15 días, de manera que tengan policías nuevos cada vez.

_ ¿Cómo es posible que sea la misma policía la encargada de cuidar a las personas que supuestamente también amenaza?

_ Eso mismo dice la familia Barrios pero hay que dejar claro que una vez los protegió la Guardia Nacional y también se quejaron. Por eso, planteamos la rotación continua de los funcionarios porque es muy difícil que todo el cuerpo policial les dé problemas si los cambiamos frecuentemente. Si el conflicto continúa, entonces la causa es la familia y no los uniformados.

_ Los defensores legales de la familia Barrios aseguran que a las seis comisarías que quedan en el alejado sur de Aragua, entre ellas la de Guanayén, envían a los policías de mala conducta del resto del Estado y que siempre son rotados entre las mismas seis comisarías, lo que les da un escudo de poder e impunidad en la zona.

_No son los mismos. Son diferentes funcionarios. De todas maneras, ahora el compromiso es que los funcionarios sean trasladados y sustituidos periódicamente y de todas partes de Aragua. Además, haremos que la GN refuerce la medida y que los sobrevivientes de la familia Barrios firmen un acta si están conformes con lo acordado. Para enfatizar más en esto, la agencia del Estado hará un exhaustivo seguimiento, independientemente de lo que haga la GN y la policía.

_ ¿De qué manera supervisará esto la Agencia del Estado? ¿Con los brigadistas?

_ Uno de nuestros funcionarios vigilará, en forma periódica, el cumplimiento de la medida. Lo mismo hará un miembro de la Fiscalía General de la República y otro del Ministerio del Interior y Justicia, del viceministerio de Seguridad Ciudadana. Los tres despachos articularemos un equipo supervisor. El 8 de marzo tenemos una audiencia en Costa Rica para manifestar la posición del Estado venezolano frente a las medidas preventivas.

_ ¿El resto de los organismos públicos involucrados en los derechos humanos ha mostrado receptividad a sus planteamientos?

_ Absolutamente. La receptividad ha sido total por parte del ministro de Interior y Justicia, Jesse Chacón; de Mayerling Rojas, de la división de Derechos Humanos de ese despacho; del Fiscal General Isaías Rodríguez y de Alix Boscán, de la división de derechos humanos de la Fiscalía.

_ Existen muchas denuncias contra la Policía de Aragua. Por esto, es muy probable que, en un futuro, la CIDH levante medidas de protección a favor de otras familias que puedan sentirse amenazadas por los funcionarios. ¿Cómo piensan asegurar ustedes que la protección se cumpla efectivamente en el resto del Estado?

_ A través de todas las estrategias que hemos planteado. La Agencia del Estado velará por cada una de ellas en todo el territorio nacional, a través de estos mecanismos. Ya las brigadas se están conformando, y nos encontramos estableciendo la normativa para que puedan operar sin violar la competencia de que tiene la policía, la fiscalía e Interior y Justicia. Yo aseguro que la Agencia del Estado estará pendiente de que se cumplan las medidas preventivas. Si los funcionarios que dependen de este despacho detectan cualquier irregularidad, nosotros tomaremos medidas inmediatas para subsanarlas.

"Muchas de las acusaciones realizadas se encuentran en etapa de averiguación y la reserva sumarial debe respetarse. E, insisto, será la investigación la que determine si se trató de ajusticiamientos o enfrentamientos. No corresponde a nadie más determinarlo y por eso, no deberían manejarse cifras".

_Muchas víctimas recibieron numerosos tiros. A un joven se le contaron 50 disparos en el cuerpo. Eso no parece un enfrentamiento. Tampoco son muchos los funcionarios heridos o fallecidos en estos supuestos enfrentamientos.

_La Fiscalía no es acusadora a ultranza. Hay que esperar el resultado de las investigaciones. Los fiscales tienen que hacer su acto conclusivo y determinar si se trató de ajusticiamiento o enfrentamiento.

_De cualquier manera, aunque se trate de verdaderos delincuentes, siempre hay instancias policiales y judiciales que los funcionarios deberían respetar.

_Estamos plenamente de acuerdo con esa afirmación. Y por eso, la Agencia del Estado ha encontrado una manera de fortalecer el respeto a los derechos humanos. Junto con el Ministerio del Interior y Justicia y la Fiscalía dictaremos talleres intensivos a funcionarios policiales para que, en el ejercicio de sus funciones, tanto en la calle como en detenciones e interrogatorios que realicen, no violen los derechos humanos.

_¿Cuándo comenzarán esos talleres? ¿Los realizarán a escala nacional?

_Ya comenzamos. Para ser más eficientes le hemos solicitado al Fondo de Garantías de Depósitos y Protección Bancaria, Fogade (custodio de los inmuebles cedidos al Estado durante la crisis financiera) una sede para dictar esos cursos, invitando a ponentes internacionales y especialistas en el tema.

"Hugo Chávez tiene tal nivel de compromiso con los derechos humanos que no sólo os garantiza en la Constitución Bolivariana sino que está creando la Agencia del Estado para los Derechos Humanos, como estructura jurídica, pues antes era sólo un agente, una persona. Para nosotros es importante defender al Estado, ante instancias internacionales, acerca de su cumplimiento con los derechos humanos y esto sólo puede lograrse con eficacia si se atacan las inconstitucionalidades a tiempo y se garantiza el derecho a la vida de todos los venezolanos. Nuestro lema es: Con los derechos humanos"

gchiappe@eluniversal.com



 
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