ERNESTO LINZALATA

EL UNIVERSAL

Para su presidente, Gonzalo Gerbasi, hasta ahora se han contabilizado unos 600 casos, pero estiman que el número de afectados puede superar los 1.500, porque muchos "carentes de recursos económicos" no han trasladado sus mascotas al veterinario.

Gerbasi indicó que las acciones contra Purina buscan un "castigo ejemplarizante" y están sustentadas en el Convenio Internacional de los Derechos del Animal (Londres, 1977), acogido por la Unesco y la Organización de Naciones Unidas, en cuyo artículo 14 se hace referencia a los derechos de igualdad del hombre y los animales. Asimismo dijo que las denuncias también tienen como base los artículos 365, 366 y 367 del Código Penal, donde se expresa castigo "de hasta dos años de prisión" a todos aquellos que comercialicen alimentos en mal estado.

"Cualquier denuncia debe acompañarse del examen de sangre del animal, donde se observe un alza en la bilirrubina y las transaminasas, y del informe del veterinario. Esto vale tanto para las víctimas que perdieron su perro o gato como para aquellos en los cuales la mascota no murió, pero que lamentablemente sobrevivirá con daño hepático".

Reveló Gerbasi que el Ministerio de Sanidad y Desarrollo Social abrió una averiguación contra todas las cadenas alimentarias que elaboran y distribuyen productos para mascotas, y denunció que, pese a que el producto ha sido retirado de los grandes supermercados y de muchas urbanizaciones, "sigue vendiéndose en abastos y en sitios de expendio al detal".

"Las víctimas esperamos que los tribunales civiles y penales decidan el castigo correspondiente y se indemnice a los afectados".

En un comunicado, los directivos de Purina informaron ayer que "han enfatizado sus esfuerzos en alertar a los consumidores para suspender la alimentación con nuestros productos, retirar los productos de los anaqueles de venta y determinar cómo ha ocurrido esta indeseada situación".