De Eloísa es la voz que más protesta, se queja y busca justicia por los asesinatos de sus familiares en Guanayén, uno de los casos más sonados de ajusticiamiento policial en Aragua. Aunque los muertos bajo circunstancias similares suman 1.150 en seis años, el de Guanayén es el que ha logrado llegar a la Comisión Interamericana, por las tantas irregularidades registradas.

Entre quienes asesoran a Eloísa se encuentra Luis Aguilera, de la organización no gubernamental Comisión de Derechos Humanos de Justicia y de Paz del Estado Aragua, quien la acompañará a declarar en San José de Costa Rica. Con ellos irá otro sobrino de la atormentada familia, Caudy, de 19 años, quien ha sido amenazado por las autoridades armadas.

Luis Aguilera, en su carácter de defensor de las víctimas, ha interpuesto sus denuncias ante dos instancias, local e internacional. La primera es la Fiscalía General de la República: "Ante la dirección de Inspección y Disciplina y al mismo fiscal general Isaías Rodríguez he denunciado a Olga Adames, fiscal superior de Aragua, como responsable por omisión del asesinato de Luis Alberto y Rigoberto Barrios, este último asesinado en enero con sólo 16 años". Todo, incluso la denuncia ante la CIDH, tiene que ver con el incumplimiento de la medida de protección dictada, a favor de ellos, por el Tribunal Noveno de Control del Estado, el 30 de marzo de 2004.

"Esa medida de protección había sido dictada pero la fiscal, en franca demostración de negligencia, no la implementó y los policías ejecutaron las amenazas de muerte que realizaron contra Luis Alberto y Rigoberto. Antes de eso, funcionarios de la GN acudían de vez en cuando a Guanayén, con papeles en blanco, y obligaban, con coacción y engaños, a la señora Elvira Barrios a firmarlos, aprovechándose de su condición humilde y a su desconocimiento de las leyes. Lo grave es que no se trata sólo de un engaño de los guardias nacionales pues la fiscal, Olga Adames, envió a la Corte Interamericana esos formatos fraudulentos para hacerles creer que sí se cumplía la medida de protección. Nosotros alertamos a la CIDH y ellos ya tienen conocimiento de esa patraña. Por eso pedimos también la destitución de esa fiscal por parte del Ministerio Público", alega Aguilera.

Ante el incumplimiento de las medidas de protección, ordenadas por el Tribunal Noveno de Control de Aragua y ratificadas por la CIDH al conocer el caso de Guanayén, la Comisión Interamericana solicitó a la Corte Interamericana que en el primer período de sesiones, que se inicia en marzo, sea incluida una audiencia donde estén presentes Aguilera, Eloísa y Caudy. En defensa del Estado venezolano actuará la abogada María Auxiliadora Monagas, agente del sistema interamericano en Venezuela y quien ya comenzó a conocer el caso in situ.

En la audiencia, la Corte escuchará los alegatos y los testimonios para conocer mejor el caso de ajusticiamientos y abuso de autoridad en Guanayén. Aguilera explica que, después de dar este paso, solicitarán que la Corte, en su informe anual, exija a la Organización de Estados Americanos un voto de censura contra el Estado venezolano por incumplimiento de medidas sugeridas por la Comisión Interamericana de DDHH. _GCH