Que la voz de una persona que vive en el barrio El Huete de
Cagua, que no pudo terminar de estudiar por enfrentarse a la
vida que le tocó y que jamás se ha sacado pasaporte
y, mucho menos, montado en un avión, se escuche en la solemne
sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de San José
de Costa Rica será posible debido a cuatro tristes sucesos:
a esa persona, Eloísa Barrios, la policía le ha matado
a tres hermanos y un sobrino.
De Eloísa es la voz que más protesta, se queja
y busca justicia por los asesinatos de sus familiares en Guanayén,
uno de los casos más sonados de ajusticiamiento policial
en Aragua. Aunque los muertos bajo circunstancias similares
suman 1.150 en seis años, el de Guanayén es el que
ha logrado llegar a la Comisión Interamericana, por las
tantas irregularidades registradas.
Entre quienes asesoran a Eloísa se encuentra Luis
Aguilera, de la organización no gubernamental Comisión
de Derechos Humanos de Justicia y de Paz del Estado Aragua,
quien la acompañará a declarar en San José
de Costa Rica. Con ellos irá otro sobrino de la atormentada
familia, Caudy, de 19 años, quien ha sido amenazado
por las autoridades armadas.
Luis Aguilera, en su carácter de defensor de las
víctimas, ha interpuesto sus denuncias ante dos instancias,
local e internacional. La primera es la Fiscalía
General de la República: "Ante la dirección
de Inspección y Disciplina y al mismo fiscal general
Isaías Rodríguez he denunciado a Olga Adames,
fiscal superior de Aragua, como responsable por omisión
del asesinato de Luis Alberto y Rigoberto Barrios, este
último asesinado en enero con sólo 16 años".
Todo, incluso la denuncia ante la CIDH, tiene que ver
con el incumplimiento de la medida de protección
dictada, a favor de ellos, por el Tribunal Noveno de Control
del Estado, el 30 de marzo de 2004.
"Esa medida de protección había sido dictada
pero la fiscal, en franca demostración de negligencia,
no la implementó y los policías ejecutaron
las amenazas de muerte que realizaron contra Luis Alberto
y Rigoberto. Antes de eso, funcionarios de la GN acudían
de vez en cuando a Guanayén, con papeles en blanco,
y obligaban, con coacción y engaños, a la
señora Elvira Barrios a firmarlos, aprovechándose
de su condición humilde y a su desconocimiento
de las leyes. Lo grave es que no se trata sólo
de un engaño de los guardias nacionales pues la
fiscal, Olga Adames, envió a la Corte Interamericana
esos formatos fraudulentos para hacerles creer que sí
se cumplía la medida de protección. Nosotros
alertamos a la CIDH y ellos ya tienen conocimiento de
esa patraña. Por eso pedimos también la destitución
de esa fiscal por parte del Ministerio Público",
alega Aguilera.
Ante el incumplimiento de las medidas de protección,
ordenadas por el Tribunal Noveno de Control de Aragua
y ratificadas por la CIDH al conocer el caso de Guanayén,
la Comisión Interamericana solicitó a la
Corte Interamericana que en el primer período
de sesiones, que se inicia en marzo, sea incluida
una audiencia donde estén presentes Aguilera,
Eloísa y Caudy. En defensa del Estado venezolano
actuará la abogada María Auxiliadora Monagas,
agente del sistema interamericano en Venezuela y quien
ya comenzó a conocer el caso in situ.
En la audiencia, la Corte escuchará los alegatos
y los testimonios para conocer mejor el caso de
ajusticiamientos y abuso de autoridad en Guanayén.
Aguilera explica que, después de dar este paso,
solicitarán que la Corte, en su informe anual,
exija a la Organización de Estados Americanos
un voto de censura contra el Estado venezolano por
incumplimiento de medidas sugeridas por la Comisión
Interamericana de DDHH. _GCH
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