RAQUEL BARREIRO C.

EL UNIVERSAL

El enfoque del Gobierno centrado en la lucha contra el latifundio, no es el principal tema a atender, pues la prioridad es darle respuesta a la población urbana que busca vivienda y que son más de 2 millones de hogares venezolanos.

"Las invasiones que se han suscitado en los últimos días no han sido sobre terrenos rurales, sino urbanos, porque el problema es que la gente quiere viviendas. Al final el tema del reordenamiento de la tierra no es un problema de extensión o de latifundio".

Borges explica que "en materia de tierras rurales, estos últimos decretos zamoranos dirigidos a intervenir latifundios no están orientados a fortalecer la producción agrícola. Por ejemplo, el total de latifundios intervenidos en Monagas y Cojedes no son ni 3% del total de tierras propiedad del Estado".

El diputado señala que el concepto de latifundio, tal y como está concebido en la Ley de Tierras _que comprende propiedades con más de 5 mil hectáreas que estén ociosas_, no se aplica ni a 1.000 fundos privados de todo el país.

Leyes sin aplicación
Aseguró que la Ley de Tierras está vigente desde diciembre del año 2001, "pero el Gobierno nacional no ha tomado ninguna de las medidas que establece la propia ley para la resolución del problema de la tenencia de la tierra en el país".

El diputado de Primero Justicia considera que la intención del Gobierno de devolver la gente al campo, es poco viable, más si no se logra un desarrollo sostenido de la agricultura. "Lo que ha habido hasta ahora son medidas efectistas que no garantizan el estímulo del empleo en el sector rural de la población".

La falta de un catastro confiable en materia de tierras rurales ha impedido tener una visión completa de la situación del campo y de las necesidades a atender en esta área.

"El catastro de tierras es indispensable en el diseño de medidas destinadas a mejorar la situación del sector agrícola. Según el Censo Agrícola de 1998, existen en el país 2.515.649 hectáreas de tierras con vocación agrícola en manos del Estado. Las tierras propiedad del Estado son de una extensión mayor en promedio a las tierras privadas".

Aclaró Julio Borges que el Estado es propietario de aproximadamente 13 millones de hectáreas, de las cuales 2,5 millones de hectáreas son aptas para cultivos agrícolas o ganadería, pero la mayoría de estas tierras están ociosas.

Proyectos olvidados
Luego de analizar datos obtenidos de estudios del Instituto Nacional de Estadística, el Instituto Nacional de Tierras o la FAO, el representante de Primero Justicia aseguró que la mayor cantidad de hogares en situación de pobreza se encuentran en barrios de zonas urbanas. 51% de los habitantes a escala nacional habitan en barrios.

"Por eso es necesario solucionar el problema de la titularidad en las zonas urbanas, lo que beneficiará potencialmente a más familias en el corto plazo. Hemos presentado una ley de barrios que reposa en la Asamblea Nacional y es necesario retomarla".