ANGEL MENDEZ
EL UNIVERSAL
Valencia. La firma de un decreto de tamaña
importancia no se podía realizar a puertas cerradas en
el Capitolio de Valencia. El general Luis Felipe Acosta Carles,
tal y como lo había anunciado, puso su rúbrica al
documento en la zona invadida desde hace un año, conocida
como La Guacamaya, al sur de la ciudad, en la parroquia Miguel
Peña.
El gobernador arribó al sitio a las 5:30 de la tarde.
Convocó a los medios y a todo el que quisiera estar presente.
El gabinete en pleno estuvo allí, comenzando por el procurador
del estado, quien comenzó a leer el decreto apenas divisó
que se acercaba el gobernador carabobeño.
Lo cierto es que con este decreto se comienza a poner orden
en lo que se ha llamado las "ocupaciones precarias", porque
se trata de tomas de terrenos no aptos para desarrollar
un complejo habitacional, no así las 920 mil hectáreas
de La Guacamaya, que por un decreto paralelo quedan expropiadas
para proceder a la construcción de 1.700 viviendas.
Queda claro en el decreto que, en el caso de que los
propietarios de terrenos ocupados no procedan a donarlo
de manera concertada, o se nieguen a dialogar con el llamado
Consejo Estadal de Viviendas, que ayer mismo juramentó
Acosta Carles, le serán expropiados.
En el Decreto de Emergencia Financiera para la Construcción
de Viviendas, se exhorta a los alcaldes a donar terrenos
para proceder a la construcción de viviendas. Si
no lo hicieren, se procederá a convocar una asamblea
de ciudadanos presidida por el gobernador y se acatará
la decisión allí aprobada. Es de suponer que
allí se decretaría la expropiación.
Según se decreta, quienes están auspiciando
tomas de terrenos en el estado serán puestos
a la orden del Ministerio Público. En tal sentido,
la Policía de Carabobo comenzará desde hoy
a patrullar las distintas zonas proclives a ser ocupadas,
para evitar futuras invasiones.
Quizás uno de los aspectos más importantes
y que esperaban con ansias los afectados, es que
a partir de la presente fecha se prohíbe la
ocupación de terrenos públicos y privados
dentro de la jurisdicción del estado Carabobo.
Quienes opten por la violencia o actos reñidos
con lo establecido en el presente decreto, quedarán
excluidos de los planes de reubicación en viviendas
dignas de Carabobo.
La expropiación de los terrenos en La Guacamaya
quedó establecida en el decreto 199, donde
el gobernador Luis Felipe Acosta Carles establece
que en uso de sus atribuciones y por considerar
que es su deber el dotar de viviendas dignas al
pueblo de Carabobo, procede a: "declarar la expropiación
de un lote de terreno, con una extensión
de superficie que abarca los 920 mil 413,36 metros
cuadrados".
