MARIELA LEON

EL UNIVERSAL

El estudio que adelantan funcionarios regionales está enmarcado en el decreto 585/04, emitido por la Gobernación de ese Estado el 9 de diciembre del año en curso, el cual establece la intervención de todas las tierras urbanas, rurales o con vocación agrícola, públicas o privadas.

Previamente a diversos encuentros con voceros del Alto Gobierno, el mandatario regional Johnny Yánez Rangel informó en rueda de prensa que la comisión tiene por finalidad esclarecer si estas tierras se encuentran ociosas e improductivas, o enmarcadas bajo el régimen latifundista, o en conflictos de tenencia.

Precisó que esta comisión _integrada por autoridades regionales, organismos gremiales, universidades y el capital privado_ deberá rendir cuentas directamente al gobernador, destacando que no existe documento alguno suscrito por el Instituto Nacional de Tierras (INTI) en el cual delegue esas funciones en el gobierno regional. "No estamos en el concepto de usurpación de poderes, estamos en el concepto de cooperación de poderes. La justicia social no se sacrifica por formalidades de la ley; además, la competencia que tenemos para aplicar estas disposiciones la tenemos garantizada en la Constitución, como en los considerandos que sustentan los decretos".

Yánez Rangel insistió, con anuencia del procurador Alexis Ortiz y del asesor jurídico Alfredo D'Ascoli, en que el alcance de la intervención busca acabar con la injusticia social y la anarquía existente. Explicó que "intervención no es otra cosa que hacer uso del poder para poner orden y solventar problemas; no está prevista la expropiación de tierras".

Comentó que al asumir el cargo existía un desempleo en el orden de 52% de la población activa y hoy es de 37%. "Se ha reducido, pero sigue siendo alta. Queremos que una vez reordenado el territorio se inicie el desarrollo económico del Estado, a través de los núcleos endógenos que fomentarán el crecimiento agrícola y agroindustrial de la región".

Adicionalmente al ejercicio y aplicación de "estos decretos zamoranos", señaló la necesidad de aclarar o llenar "el vacío" que deja la Ley de Tierras, "pues para actuar se debe tener clarificado con qué tipo de territorio se cuenta".

Zona de tolerancia
El gobernador aprovechó la ocasión para salirle al paso a declaraciones emitidas por voceros de la Embajada Británica en el país, referidas al Hato Charcote, asentamiento de inversiones inglesas. Yánez entregó a la prensa un compendio de misivas suscritas por representantes del Gobierno y de la misión diplomática, alertando la situación de invasiones en esa superficie y solicitando la mediación de la Gobernación.

Consideró como "un mecanismo de presión" estas comunicaciones públicas y sostuvo que el Hato Charcote "ha tenido invasiones esporádicas en áreas donde estipulan que se corrieron las líneas donde estaba determinada la posesión de las tierras. Hemos actuado y devengado dinero al campesino para movilizarlo a zonas de tolerancia y llegar a términos de negociación para acabar con la anarquía".

Donación
Informó que como parte del diálogo que impone la comisión técnica de Cojedes, Jaime Pérez Branger, del Hato Piñero, le envió una propuesta en la cual está en disposición de donar 18.000 hectáreas "para contribuir a eliminar los cordones de miseria y marginalidad y formar un área productiva, con el apoyo técnico financiero de las instituciones del Estado".

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