YOLANDA OJEDA REYES
EL UNIVERSAL
El director de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana
de Prensa, Ricardo Trotti, anunció que para hoy está
previsto que este organismo se entreviste con el secretario
general interino de la Organización de Estados Americanos-OEA,
Luigi R. Einaudi, y allí en ese encuentro se planteará,
entre otros casos, el tema venezolano, relacionado con la Ley
de Responsabilidad Social en Radio y Televisión.
La preocupación siempre ha estado presente y desde el
año 2000 la SIP ha cumplido varias misiones, alertando
la "perversidad" de la Ley, y ahora que a ésta se le
pondrá el ejecútese, la SIP continuará vigilando
la actuación de las autoridades frente a las amenazas
a la libertad de expresión contenida en varios de sus
articulados.
"Mañana (hoy) estamos yendo a Washington a una reunión
con el secretario interino de la OEA, en donde además
de muchos otros temas, se planteará el caso venezolano
porque realmente nos preocupa".
No habrá escenario que no sea propicio para dar
a conocer los alcances de esta Ley en toda la región.
"Ahora lo que más nos urge es saber en los próximos
meses cómo será implementada y reglamentada
la Ley, porque hasta ahora todo ha estado en el contexto
de amenazas y queremos ver cómo se pondrá en
práctica".
Coincide en que estas "amenazas" propician la autocensura,
lo cual es "lamentable", pero "seguiremos denunciando
y apoyando a las instituciones gremiales, cuando formulen
sus denuncias legales".
La SIP estará respaldando a los medios, pero
Trotti aclaró que la lucha tiene que surgir de
los propios venezolanos y en esa medida esta institución
los apoyará. Si bien es cierto que cada país
tiene sus problemas, el caso de Venezuela es un punto
de atención, por lo que no se descarta hacer
este tipo de eventos en otros lugares, para que conozcan
la realidad de esta Ley. Lo principal es defender
los "principios de la libertad de expresión y
de prensa". A la SIP le preocupa el tema de la información
veraz, en la Constitución y el de la responsabilidad.
"Ante las sanciones pecuniarias que hay para los
medios, lo que se crea prácticamente es un
delito de opinión por la incorporación
específica del desacato, protección especial
para funcionarios públicos".
Recordó Trotti que mientras en otros países
desaparece esta figura, aquí se reincorpora:
un intento más para mermar la libertad de
expresión y prensa.
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