"En la versión aprobada, el texto sigue incluyendo las dos disposiciones más peligrosas para la libertad de prensa: el órgano destinado a controlar la aplicación de la Ley sigue estando compuesto mayoritariamente por representantes del Estado, o controlados por éste; y se mantiene la figura de las medidas cautelares, que restablece la censura".

"Nos sentimos extremadamente preocupados por la aprobación de una ley cuyo margen de interpretación es muy amplio, y que podría instrumentalizarse contra los medios de comunicación que no comparten los puntos de vista del Gobierno. A partir de ahora, las autoridades dispondrán de todo un arsenal de sanciones, incluyendo fuertes multas y la suspensión, o la retirada, de la concesión a los medios que incurran en falta. Un dispositivo así sólo podrá animar a los medios a autocensurarse, o bien dar lugar a abusos por parte de las autoridades".

El texto cita algunos de los artículos que para RSF resultan más peligrosos. Entre ellos cita que "entre las infracciones reprimidas figuran algunos elementos sin relación aparente con el objeto inicial de la ley, tal como la difusión de imágenes que "promuevan, hagan apología o inciten a la guerra (...), a alteraciones del orden público (...), al delito" (artículo 29). Para ese tipo de infracción el texto establece la suspensión del canal durante 72 horas. En caso de reincidencia en un plazo inferior a cinco años podrá revocarse la habilitación, e incluso la concesión.

"El artículo 20 pone el control de la aplicación de la Ley en manos del Directorio de responsabilidad social, en el que 7 de los 11 miembros serán designados por los poderes públicos. El Directorio está encargado de dictar las sanciones contra los medios culpables. Sólo la revocación de la concesión corresponde al "órgano rector en materia de telecomunicaciones"" (artículo 29), sin más precisión. En la anterior versión del texto, correspondía al ministro de Infraestructura".