CARACAS, sábado 30 de octubre, 2004 | Actualizado hace
ELVIA GOMEZ
EL UNIVERSAL
La Coordinadora Democrática rechazó las declaraciones
emitidas ayer por los ministros de la Defensa y de Información
y Comunicación, general Jorge Luis García Carneiro
y Jesse Chacón Escamillo, porque "se inscriben en la distorsionada
visión militarista que el régimen tiene de la vida
social y del funcionamiento institucional" y desconocen el derecho
de los ciudadanos a participar de la apertura de las cajas en
los escrutinios del domingo.
"La amenaza de disolver mediante el uso de la fuerza armada
a los ciudadanos que exijan que se cumpla la ley y se realice
el escrutinio público es un exabrupto".
En un comunicado leído por el secretario general de
Unión, Luis Manuel Esculpi, la alianza de oposición
advierte que el Gobierno busca generar temor e incrementar
la abstención.
Califican como "inaceptable" la amenaza de García
Carneiro de desalojar por la vía violenta a alcaldes
y gobernadores así como la de "usar a elementos civiles
en los presuntos operativos de desalojo". Asevera el texto
que eso convierte a la Fuerza Armada Nacional "en cómplices
o comparsas de los grupos civiles irregulares que suele
utilizar el régimen. Esa amenaza del ministro de
la Defensa constituye una falta de respeto al profesionalismo
y sentido institucional de la institución militar".
"La amenaza de García Carneiro de perpetrar allanamientos
a policías estadales y municipales para realizar
supuestos inventarios de armas, realizada a sólo
48 horas de un acto electoral, constituye el mejor reconocimiento
por parte del régimen de que los alzamientos policiales
en Anzoátegui y Apure, y el conato de alzamiento
en Caracas fueron teledirigidos por el oficialismo para
crear intranquilidad y temor".
La CD ratifica el derecho de los ciudadanos, previsto
en el artículo 169 de la Ley Orgánica del
Sufragio, a estar presentes durante los escrutinios
y rechazaron lo dicho por el ministro Chacón,
quien limitó este derecho a observar la impresión
de un acta automatizada y amenazó con desalojar
con funcionarios del Plan República a quienes
pretendan ejercer su derecho al cómputo voto
a voto.
"La amenaza de disolver mediante el uso de la fuerza
armada a los ciudadanos que exijan que se cumpla
la ley y se realice el escrutinio público es
un exabrupto. Aceptarla sería aceptar que el
sistema político venezolano dejó de ser
una democracia de ciudadanos y pasó a ser una
democracia tutelada por quienes administran la violencia
legal e ilegal (...) Mientras no se cambie la ley
o hasta tanto Jesse Chacón no reinvente el
castellano, los ciudadanos tienen perfecto derecho
a estar presentes en la revisión de los votos
tras la apertura de las cajas".
Elvia Gomez
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