JUAN FRANCISCO ALONSO
EL UNIVERSAL
Durante el juicio que se le siguió a Luis Carrera Almoina,
la jueza Rosa Cádiz sólo admitió una docena de
peticiones u objecciones planteadas por la defensa del acusado
de secuestrar, torturar y violar a Linda Loaiza López,
mientras que desechó cerca de una treintena.
En contraposición, dio por buenas más de una treintena
de solicitudes formuladas por los fiscales Yoraco Bauza y
César Mirabal y por la defensa de la joven.
Así consta en las 169 páginas del acta del proceso
seguido contra Carrera Almoina, su padre (Gustavo Carrera
Damas) y Leyda Reyna, en las cuales también se observa
que Cádiz incorporó una serie de pruebas documentales
(fotografías, cartas que Linda López le dedicó
a su presunto agresor, un clasificado publicado en El Universal,
en el que la joven supuestamente ofrecía sus servicios
sexuales, recibos bancarios, entre otros), que la defensa
de los acusados había aportado al Ministerio Público
y que no habían sido tomados en cuenta, para "hallar
la verdad".
En el extenso escrito, la juez justifica su decisión
de permitir tanto a Carrera como a López hacerle
preguntas a los testigos y expertos que rindieron declaración
en el juicio, diciendo que con ello "garantiza el debido
proceso y del derecho a la defensa".
Esta posibilidad fue aprovechada enormemente por Carrera
Almoina y Carrera Damas, los cuales interactuaron con
20 testigos y expertos el primero y doce el segundo,
mientras que la víctima apenas lo hizo con nueve.
Por su parte, los fiscales Bauza y Mirabal, en distintas
oportunidades, objetaron esta resolución, por
considerar que retrasaría el proceso e inclusive
acusaron a Cádiz de "propiciar desorden procesal".
En el acta, Carrera Damas justifica su participación
en la evasión de su hijo en 2001, bajo el argumento
de que quería protejer su vida y acusa al alcalde
de Chacao, Leopoldo López, de ser quien bautizó
a su hijo como "El Monstruo de Los Palos Grandes"
y solicitó su comparecencia.
Por último, en el texto se lee que la defensa
de Carrera Almoina pidió que fuera citada
a declarar la fiscal Capaya Rodríguez (la
primera que llevó el caso) para explicar
por qué no figuraban en el expediente todas
las pruebas que consignaron.