SARA CAROLINA DIAZ

EL UNIVERSAL

La negativa del CNE a entregar a la oposición el "cúmulo de pruebas que va desde cuadernos hasta actas electorales es la evidencia de que el organismo electoral pretende ocultar las pruebas del fraude del 15 de agosto", aseguró la asesora legal de la Coordinadora Democrática, Delsa Solórzano.

La abogada explicó en una rueda de prensa en la quinta Unidad que tiene en su poder una carta del presidente del CNE, Francisco Carrasquero, que niega la posibilidad de que el órgano comicial entregue elementos utilizados en el proceso electoral que pudieran demostrar que hubo fraude electoral en el revocatorio.

La misiva fechada el 29 de septiembre no especifica si tal decisión se tomó en un directorio o si se trata de una resolución unilateral del rector Carrasquero.

La carta _que está dirigida al dirigente Enrique Naime_ señala que no se entregarán esos elementos probatorios porque no era del conocimiento del CNE que se estaban solicitando para realizar una impugnación del referendo.

"No tendrá derecho a las copias de las actas el interesado que no hubiese hecho mención expresa de su intención de impugnar", dice el texto.

Solórzano calificó la justificación como "insólita, ridícula y risible", y anunció que tomará medidas para tratar de revertir la situación.

A partir del lunes próximo la abogada acudirá a la Sala Electoral y al propio CNE para pedir una aclaratoria sobre el origen de la misiva y a solicitar una vez más que el ente electoral ponga a disposición de la Coordinadora los materiales electorales solicitados.

"Todo el país sabe de las peticiones que hemos hecho al CNE y no habíamos recibido respuesta y ahora nos entregan esta carta que niega lo que hemos pedido. No sabemos de donde salió. El lunes o el martes iremos al CNE a pedir una explicación", dijo la abogada, quien recordó que el trámite se realizará por secretaría porque no la dejan entrar al ente electoral.

Por su parte, Enrique Naime aseguró que el deber del CNE es entregar el material, de acuerdo con una jurisprudencia que existe en el TSJ que lo obliga a presentar toda la información solicitada por los interesados.

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