ASDRUBAL AGUIAR

ESPECIAL PARA EL UNIVERSAL

I

La observación del referendo revocatorio presidencial del pasado 15 de agosto ha suscitado insólitos informes, cuyos efectos sobre el prestigio de la veeduría electoral interamericana no podemos medir aún.

La Organización de Estados Americanos (OEA) y Jimmy Carter, como se sabe, concluidos los comicios y terminada la auditoría de resultados que diera por ganador al presidente Hugo Chávez: acordada ésta por el ex mandatario norteamericano con el rector oficialista Jorge Rodríguez, respaldaron las cifras de votos emitidas por el ente electoral y dieron por finalizadas, así, sus tareas amén de satisfechas, según sus opiniones, las preocupaciones de fraude esgrimidas por la oposición.

Según los informes escritos sucesivamente por el hoy ex secretario del órgano hemisférico, César Gaviria; por el embajador brasileño Valter Pecly Moreira, y por Jimmy Carter, palabras más, palabras menos, en el referendo se utilizó "un sistema electrónico de alta sofisticación tecnológica" (Pecly) para "establecimiento del voto electrónico" y mediante "equipos y sistema" adquiridos de "manera poco transparente"; creándose, así, "un innecesario clima de desconfianza" (Gaviria), provocador de "sospechas o posibilidades de que computadoras centrales impartiesen instrucciones a las máquinas" (Carter).

En lo particular, Carter señala que se trató de un proceso "afectado por algunas irregularidades, demoras, politización e intimidación". Y una "marcada falta de transparencia" también acompañó a la toma de decisiones generales del Poder Electoral. Tanto que "las decisiones más controversiales, en particular aquellas que favorecían al Gobierno, se tomaron por un voto de 3-2", no encontrándose "evidencia ni en una sola ocasión de una decisión favoreciendo a la oposición con votación dividida de 3 contra 2".

II

La observación internacional de elecciones fue debatida por vez primera durante la V Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores celebrada en Santiago, en 1959. La reacción contra los gobiernos de facto, con independencia de sus filiaciones ideológicas, hizo que la OEA prestase cooperación técnica en la República Dominicana (1961), Costa Rica (1962) y Nicaragua (1963), luego de lo cual y hasta 1988 ejecutó 14 misiones de observación, siendo su primer despliegue masivo en las elecciones de Nicaragua (1990), que determinaron la salida del poder del sandinismo.

Su primer revés, según se dice, tuvo lugar en Perú durante las elecciones de Alberto Fujimori.

El mecanismo fue institucionalizado por la Asamblea General de la OEA en 1991, cediéndole su conducción a la Unidad para la Promoción de la Democracia, creada antes, en 1990. Ella actúa no sólo como promotora, observadora y constructora de consensos informales entre los actores políticos de los países miembros de la organización; antes bien, apoya "a los Estados miembros que lo soliciten para preservar o fortalecer sus instituciones políticas y procedimientos democráticos" y "desarrolla estándares y procedimientos para la organización de misiones de observación electoral".

La aprobación de la Carta Democrática Interamericana en 2001, sin embargo, introdujo una corrección vital para la defensa del voto como derecho político y para su observación como elemento crítico de la democracia.

La distinción entre democracia formal y de ejercicio determinó, en efecto, la consideración de las elecciones como elemento esencial de dicho sistema político y su estimación a partir de criterios que escapasen radicalmente a lo cuantitativo. En otras palabras, en lo adelante no bastaría que unas elecciones den resultados numéricos o sean conformes a las leyes del Estado que las realiza: en Cuba hay elecciones.

La Carta pide, pues, que las elecciones sean libres, justas, secretas y transparentes. De allí que las misiones de observación electoral no estén llamadas, como lo dicta el artículo 25, a cumplir un papel de contabilistas. Les corresponde dar cuenta de la existencia o no de "las condiciones necesarias" para "la realización de elecciones libres y justas". Así de simple.

III

Los últimos informes sobre la observación en Venezuela detallan los condicionamientos a que estuvo sometido el referendo revocatorio. Dicen lo difícil que les fue a los observadores conseguir ser invitados y acerca de las prohibiciones establecidas por el CNE para la actuación libre de éstos, tanto que la Unión Europea decidió no hacerse presente. Cuentan que "la oposición también puede alegar que asistió al proceso en condiciones que le imponían cierta desventaja", para luego admitir lo inadmisible: "es muy difícil crear condiciones de total equidad cuando se compite contra cualquier presidente" (Gaviria).

El embajador Pecly, quien a mediados de diciembre de 2002 ya defendía a Chávez ante el Consejo de la Organización de Estados Americanos, esgrimiendo el carácter conspirador y golpista de la oposición venezolana y de la prensa, piensa, lógicamente, de un modo distinto a Gaviria y a lo prescrito por la Carta Democrática. En su informe dice que "el proceso se desarrolló normalmente, sin incidentes que pusieran en duda la transparencia e integridad del mismo". Y, luego de ajustar que "los ciudadanos que participaron... lo hicieron libremente, sin obstáculos que impidieran o limitaran la expresión de su voluntad, no registrándose casos de intimidación y violencia", desprecia las quejas de la oposición para sentenciar, a la manera de un juez nacional, que "ninguna de las denuncias recibidas, sin embargo, estuvo basada en hechos relacionados con las conductas tipificadas como delitos... en la Ley Orgánica del Sufragio".

La oposición, con todo, tenía "dudas razonables" sobre los resultados del referendo. No eran intrascendentes sus denuncias, como refleja ahora la Comisión Alvarez, sobre las graves irregularidades electorales acaecidas.

La inconsistencia de los resultados validados por los observadores con los exitpools que señalaban, como el caso de Súmate, la victoria de la oposición con una diferencia de 19.4 puntos; y el posterior descubrimiento por ésta de más de 2.000 actas electrónicas con patrones numéricos de votación idénticos _que no de porcentajes_ en mesas con electores variables, motivó el pedido a Carter de una auditoría "integral" antes de que se reconociese el triunfo de Chávez. Mas, lo veraz fue que Carter se opuso rabiosamente, sin atender la mediación oportuna de Gaviria. Esgrimió, entonces, que los términos de la "nueva auditoría", dado el fracaso de la que hubo de ejecutarse el 15 de agosto, estaban convenidos.

IV

Carter, coincidiendo con Pecly en cuanto a que "el voto del 15 de agosto expresó claramente la voluntad del electorado venezolano", tuvo, sin embargo, escrúpulos diferidos y ahora narra, con detalles, entre exposiciones y recomendaciones, la trágica verdad del referendo que observara, así:

El proceso de verificación de firmas se hizo con reglamentos "poco claros aplicados de manera inconsistente" y sin reconocer "la buena fe _e intención_ de los firmantes"; La verificación de firmas "duró más de 100 días, cuando por ley" debió hacerse en 30 días; Durante el llamado "reparo de las firmas" impuesto por el CNE, emergieron "amenazas de pérdida de empleos o beneficios gubernamentales" contra quienes firmasen y no retirasen sus firmas; El retiro de firmas impuesto por el Gobierno, "no se ajustaba a las normas electorales internacionales"; Fue cierta la "significativa asimetría de recursos" entre el Gobierno y la oposición para sus campañas; El "número de electores _inscritos en el Registro Electoral_ había crecido desmesuradamente y demasiado rápido", aparte de que se dieron migraciones involuntarias de votantes hacia centros de votación distantes; El CNE removió a todos los miembros de las juntas electorales designando en su lugar a militantes "chavistas"; Hubo "promulgación tardía de normas cruciales"; No se hizo _en contra de lo afirmado por Pecly_ la auditoría convenida para el día de la elección; (10) Las actas de votación no se imprimieron antes de su transmisión electrónica, haciéndose posible que computadoras centrales impartiesen instrucciones a las máquinas; (11) La Fuerza Armada participó en la administración del proceso en las afueras y dentro de los centros de recolección de firmas y los centros electorales y "en algunos casos ese papel activo intimidaba a los electores"; (12) Tuvo lugar, en fin, "falta de transparencia en la toma de decisiones del CNE".

Aun así, Carter, coincidiendo con Pecly, se atrinchera para repetir que el "conteo rápido" de las actas electrónicas y los resultados transmitidos por las máquinas al centro de totalización "funcionaron correctamente". Mas acepta, coincidiendo con Gaviria, que "la oposición y los observadores internacionales no fueron autorizados para observar plenamente el proceso ni se les permitió observar los procesos de revisión interna".

Y añade, por si fuese poco, "que la certificación del software de las máquinas de votación no fue observada ni por representantes de los partidos... ni por los observadores electorales"; aun cuando Pecly sostenga que "el sistema electrónico de votación y transmisión de datos... fue adecuadamente auditado". Y concluye Carter, junto a Pecly y Gaviria, que no tuvieron acceso a "la sala de totalización"; salvo "a la 1 hora de la mañana del día 16 _como lo acepta el embajador de Lula_ "cuando fueron invitados a comparecer... a la sala... donde se recibían y procesaban los resultados apurados de las llamadas actas que cada máquina de votación emitía".

V

Lo cierto de esta tragedia, derivada en fraude, es que la OEA y el Centro Carter certificaron lo hecho y deshecho por el Poder Electoral venezolano y se apoyaron en los quick count o cuenta rápida de las boletas electrónicas. Se entregaron a la infalibilidad de una sofisticada tecnología montada por manos nada transparentes, como lo admiten ahora. Pecly, rompiendo todo récord, fue capaz de aprobar tal ingenio en su fugaz observación, apenas iniciada una semana antes del referendo.

La auditoría del 18 de agosto, para el conteo manual y aleatorio de las papeletas depositadas e impresas por cada máquina electrónica, tampoco se hizo como lo prometiera Carter: mediante un programa elaborado por su Centro. Al final, la muestra analizada "fue generada por personal del CNE" y mediante un programa del mismo órgano electoral auditado.

En suma, Chávez ganó con el apoyo de los observadores: quienes insisten en la victoria del remilgoso mandatario; pero aceptan, con "revelador" retardo, la conveniencia de examinar "todos los indicios o argumentos en contra del resultado oficial". Gaviria pide "una valoración independiente". Carter sugiere que el CNE y el Tribunal Supremo de Justicia investiguen a fondo las denuncias de fraude, "ofreciendo una explicación clara y pública". Mas convienen, ambos dignatarios, que "el Gobierno ha ido consolidando su control de todos los poderes públicos" y que "si las instituciones... como las cortes, el Poder Ciudadano y el Poder Electoral acaban dominadas por los partidarios presidenciales" cede la democracia y el Estado de Derecho.

Carter no deja de recordar, para coronar su hazaña, que "perder un empleo o beneficios nunca debe ser la consecuencia de haber escogido libremente una opción". Y se dice que será invitado por el Consejo Nacional Electoral para las elecciones regionales y municipales. Quizá crea, a pesar de su dañosa ambigüedad, que la frase lapidaria de Gaviria hizo alguna mella: la oposición "debe confiar en las valoraciones técnicas que hagan organizaciones independientes". Sobre todo si tienen como emisario a un Valter Pecly Moreira.