Caracas.- La fiscal sexta nacional, Luisa Ortega Díaz, solicitó hace instantes una orden privativa de libertad en contra de los directivos de la asociación civil Súmate, María Corina Machado y Alejandro Plaz.

Esta medida estaría siendo conocida por el tribunal 41 de control, a cargo del juez Eduardo Pérez Santoyo, luego que la fiscal Ortega decidiera acusar a los miembros de Súmate por el delito de conspiración en calidad de autores, el cual está previsto en el artículo 132 del Código Orgánico Procesal Penal y establece una pena de entre 8 a 16 años de prisión para quienes lo cometan.

La imputación del cargo a Machado fue realizada el pasado 1 de junio, mientras que Plaz fue imputado el 11 del mismo mes.

A Luis Enrique Palacios y Ricardo Estevez, otros de los directivos, les fue dictada medida cautelar de prohibición de salida del país y presentación periódica, después de que el pasado 19 y 26 de julio, respectivamente, se les imputara el delito de conspiración en grado de complicidad.

El Ministerio Público abrió la investigación contra estos directivos, tras una denuncia hecha por el presidente de la República, Hugo Chávez, en la que advertía que Súmate estaría recibiendo financiamiento de organizaciones norteamericanas para supuestamente "desestabilizar" su gobierno.

Señaló específicamente a la National Endowment Democracy de ser el ente financiador del trabajo "conspirativo" de la asociación venezolana.

Irregularidades

Por su parte, el defensor de los directivos, Gregory Odreman, explicó que de momento no ha podido ver el escrito acusatorio, pero tiene conocimiento de la existencia de una falla en el documento.

El abogado comentó que el juez Pérez Santoyo se dio cuenta de que el oficio de revisión venía viciado desde la Fiscalía Sexta Nacional, por lo que ordenó que este error sea corregido para poderle dar entrada al expediente.

El representante legal resaltó lo improcedente de la medida privativa de libertad, por cuanto sus defendidos han colaborado con la Fiscalía en el proceso de investigación.

"No se han escondido, cada vez que han sido llamados y citados a la causa han comparecido. Tienen arraigo en el país, no existe peligro de fuga, por lo que han desvirtuado los supuestos de la norma para que se determine una privativa de libertad", precisó el jurista.

Odreman aseguró haber visto el expediente ayer en la tarde, momento para el cual  no existía el escrito de acusación, por lo que presume que fue hecho "entre gallos y medianoche". Además, el juez Santoyo es provisorio y fue trasladado al tribunal 41 de control precisamente hoy, tras ocuparse de una corte de apelaciones.

Denunció que "no existe independencia de los poderes en Venezuela. Aquí el poder Judicial, el Legislativo y el Ejecutivo se han convertido en uno mismo".