JUAN FRANCISCO ALONSO
EL UNIVERSAL
Rebelión civil, ese sería uno de los delitos que
podría imputarle el Ministerio Público a quienes firmaron
el decreto dictado por Pedro Carmona Estanga el 12 de abril
de 2002 y a quienes que estuvieron presentes en el acto donde
se autojuramentó el entonces presidente de Fedecámaras
como jefe provisional del Estado. Así lo aseguró el
fiscal cuarto con Competencia Nacional, Danilo Anderson, quien
anunció que la próxima semana comenzará a citar
a los señalados a su despacho.
Anderson explicó que esta semana fue comisionado por
el fiscal general de la República, Isaías Rodríguez,
para asumir la averiguación abierta hace más de
dos años, y que originalmente dirigía su colega
José Benigno Rojas, contra "un grupo de ciudadanos que
a través del decreto derogaron la Constitución,
suspendieron a todos los magistrados del Tribunal Supremo
de Justicia, al fiscal, al defensor del pueblo, al contralor
general y a los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE)".
Aunque dijo que apenas está revisando las listas de
firmantes y los videos grabados en el palacio de Miraflores,
para determinar el grado de participación de cada uno
de los investigados, adelantó que el número de
éstos supera el centenar.
Del mismo modo, afirmó que la investigación
también abarcará los pronunciamientos que se
produjeron durante las 47 horas que el presidente Hugo
Chávez permaneció fuera de la Primera Magistratura.
"Por ejemplo, después de que el presidente de
la República es depuesto, que fue llevado a La
Orchila, hubo algunas personas que señalaron (a
través de los medios) que eso (su derrocamiento)
estaba preparado (...) Eso será objeto de análisis
por la Fiscalía para determinar cuál es el
grado de participación de estas personas en la
presunta comisión de delitos", agregó.
Anderson negó categóricamente que este
proceso sea una retaliación política contra
aquellos que adversan al Gobierno y, por el contrario,
garantizó su labor será completamente "imparcial".
De prosperar esta acción en los tribunales,
los eventuales imputados por el delito de rebelión
civil podrían pasar entre 12 y 24 años
en la prisión, según lo establece el COPP
en su artículo 144.
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