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Caracas, sábado 18 de septiembre, 2004  
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Fiscalía retoma la averiguación abierta hace 2 años
Firmantes del decreto de Carmona pueden ser acusados por rebelión

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JUAN FRANCISCO ALONSO

EL UNIVERSAL

Rebelión civil, ese sería uno de los delitos que podría imputarle el Ministerio Público a quienes firmaron el decreto dictado por Pedro Carmona Estanga el 12 de abril de 2002 y a quienes que estuvieron presentes en el acto donde se autojuramentó el entonces presidente de Fedecámaras como jefe provisional del Estado. Así lo aseguró el fiscal cuarto con Competencia Nacional, Danilo Anderson, quien anunció que la próxima semana comenzará a citar a los señalados a su despacho.

Anderson explicó que esta semana fue comisionado por el fiscal general de la República, Isaías Rodríguez, para asumir la averiguación abierta hace más de dos años, y que originalmente dirigía su colega José Benigno Rojas, contra "un grupo de ciudadanos que a través del decreto derogaron la Constitución, suspendieron a todos los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, al fiscal, al defensor del pueblo, al contralor general y a los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE)".

Aunque dijo que apenas está revisando las listas de firmantes y los videos grabados en el palacio de Miraflores, para determinar el grado de participación de cada uno de los investigados, adelantó que el número de éstos supera el centenar.

Del mismo modo, afirmó que la investigación también abarcará los pronunciamientos que se produjeron durante las 47 horas que el presidente Hugo Chávez permaneció fuera de la Primera Magistratura.

"Por ejemplo, después de que el presidente de la República es depuesto, que fue llevado a La Orchila, hubo algunas personas que señalaron (a través de los medios) que eso (su derrocamiento) estaba preparado (...) Eso será objeto de análisis por la Fiscalía para determinar cuál es el grado de participación de estas personas en la presunta comisión de delitos", agregó.

Anderson negó categóricamente que este proceso sea una retaliación política contra aquellos que adversan al Gobierno y, por el contrario, garantizó su labor será completamente "imparcial".

De prosperar esta acción en los tribunales, los eventuales imputados por el delito de rebelión civil podrían pasar entre 12 y 24 años en la prisión, según lo establece el COPP en su artículo 144.

jalonso@eluniversal.com

 



 
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