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ANALISIS / La disyuntiva entre las denuncias de fraude e ir a las regionales genera serias dudas
¿A votar y ganar o a votar y perder?

Las auditorías previas y posteriores de los votos son un derecho de los electores
(Foto Archivo)
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Para hacer buena la proclama de votar y ganar, la Coordinadora Democrática debe hacer cumplir la Ley del Sufragio; resolver el dilema del fraude y/o participación en los comicios de octubre; establecer responsabilidades en la toma de decisiones tras los resultados de agosto; renovar su liderazgo; reconocer el papel protagónico de gobernadores y alcaldes; lograr candidaturas unitarias en las entidades federales y municipios; y espantar el fantasma de la abstención

ROBERTO GIUSTI

EL UNIVERSAL

Como una manera de conjurar el fantasma de la abstención y por consecuencia los efectos de una derrota, el líder de la Coordinadora Democrática, Pompeyo Márquez, lanzó una proclama asaz optimista que no luce aparejada con la realidad. "Vamos a votar y a ganar" ha dicho Pompeyo al referirse a las elecciones regionales, anunciando reajustes en la estrategia y en la organización, así como en el liderazgo de la organización opositora, sólo que después del 31 de octubre.

En primer lugar aparece como una verruga imposible de ocultar el tema del fraude, que, a juicio de Pompeyo, no está cerrado y sigue pendiente. Sólo que todavía no existe una manera de explicar cómo se puede participar en unas elecciones y ganarlas bajo unas condiciones que apenas dos meses y medio antes significaron la consumación de un fraude "masivo, selectivo y continuado", de acuerdo al informe elaborado por Tulio Alvarez, el comisionado de la misma Coordinadora para investigarlo.

Unicamente un cambio radical de esas condiciones, que la CD se ha visto en disposición de negociar, podría garantizar resultados transparentes, sólo que la totalidad de las exigencias que la CD hace al Consejo Nacional Electoral para participar en realidad no resultan negociables porque forman parte de la Ley Orgánica del Sufragio y por tanto son de obligatorio cumplimiento.

Es así como las auditorías previas y posteriores de los votos son un derecho de los electores, quienes además tienen la potestad de estar presentes en el momento de su celebración, cosa que se incumplió durante el referendo revocatorio. Lo mismo ocurre con los plazos establecidos, los cuales igualmente fueron violentados en el último proceso electoral y que, de acuerdo con lo previsto, también lo serán para las regionales. Según el artículo 119 de la Ley, "para cada elección el Registro Electoral vigente será cerrado noventa (90) días antes de la fecha de la realización de las elecciones o referendo" y si tomamos en cuenta que el REP estuvo abierto hasta el día 8 de este mes, encontramos allí una irregularidad que, en el caso del revocatorio, constituyó una de las causas mayores en la adulteración de los resultados electorales.

A eso debemos añadirle luego el descarado ventajismo gubernamental con la utilización de los poderes públicos a su favor, (de primero el CNE) la chequera sin fondo de Pdvsa y demás organismos oficiales y la evidente parcialización de la Fuerza Armada, que, en algunos casos, acudió a la fuerza para evitar las auditorías ordenadas por la Ley.

Pero está también el desgano de un electorado que, en lo concerniente a las asambleas de ciudadanos, se convierte en abstencionismo militante. Posición que rechaza participar ante las contradicciones de una dirigencia que denuncia el fraude en el revocatorio y al mismo tiempo pide el voto para las regionales. Y como si esto fuera poco, está la actitud de algunos gobernadores y alcaldes de oposición, en franca rebeldía ante una Coordinadora que, a su juicio, les ha usurpado su papel de líderes en este proceso, ha tomado decisiones sin consultarles y aún no reconoce quiénes son los responsables del fracaso del 15 de agosto, con fraude o sin él.

Y aun cuando todas estas contradicciones pudieran ser resueltas, quedaría pendiente el espinoso tema de las candidaturas unitarias en una oposición que, además de los formidables obstáculos que le colocan sus adversarios del CNE y del Gobierno, debe enfrentar la pugna por las candidaturas. Así las cosas, de nada serviría lograr unas condiciones honorables de participación y luego botar el triunfo por la borda ante el egoísmo y la incapacidad de trascender más allá de las pequeñas ambiciones.

En ese contexto surgen, por otra parte, los problemas logísticos y organizativos del CNE, provocados por la eventual imposibilidad técnica de Smarmatic para tenerlo todo listo el 31 de octubre. En esta situación, en la cual se requiere adquirir otro lote de máquinas y añadirles una pantalla paralela en la cual aparezcan todas las opciones electorales, surgen tres escenarios: la postergación hasta diciembre. La simplificación, (sólo se elegirían gobernadores y alcaldes) o, en el más improbable de los casos, el voto manual.

Pero sea cual fuere el escenario y de nuevo nadando contra la corriente, la CD aparece en deuda con un país que aun cree en su dirigencia y a la vez le reclama mayor realismo político y un verdadero propósito de enmienda, pero ya, ahora, y no después del 31 de octubre, porque de nada sirve decir que vamos a votar y ganar si una parte de nosotros rechazamos lo primero y por lo tanto todos estamos muy lejos de lo segundo.



 
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