ROBERTO GIUSTI
EL UNIVERSAL
Como una manera de conjurar el fantasma de la abstención
y por consecuencia los efectos de una derrota, el líder
de la Coordinadora Democrática, Pompeyo Márquez, lanzó
una proclama asaz optimista que no luce aparejada con la realidad.
"Vamos a votar y a ganar" ha dicho Pompeyo al referirse a las
elecciones regionales, anunciando reajustes en la estrategia
y en la organización, así como en el liderazgo de
la organización opositora, sólo que después del
31 de octubre.
En primer lugar aparece como una verruga imposible de ocultar
el tema del fraude, que, a juicio de Pompeyo, no está
cerrado y sigue pendiente. Sólo que todavía no existe
una manera de explicar cómo se puede participar en unas
elecciones y ganarlas bajo unas condiciones que apenas dos
meses y medio antes significaron la consumación de un
fraude "masivo, selectivo y continuado", de acuerdo al informe
elaborado por Tulio Alvarez, el comisionado de la misma Coordinadora
para investigarlo.
Unicamente un cambio radical de esas condiciones, que la
CD se ha visto en disposición de negociar, podría
garantizar resultados transparentes, sólo que la totalidad
de las exigencias que la CD hace al Consejo Nacional Electoral
para participar en realidad no resultan negociables porque
forman parte de la Ley Orgánica del Sufragio y por
tanto son de obligatorio cumplimiento.
Es así como las auditorías previas y posteriores
de los votos son un derecho de los electores, quienes
además tienen la potestad de estar presentes en el
momento de su celebración, cosa que se incumplió
durante el referendo revocatorio. Lo mismo ocurre con
los plazos establecidos, los cuales igualmente fueron
violentados en el último proceso electoral y que,
de acuerdo con lo previsto, también lo serán
para las regionales. Según el artículo 119 de
la Ley, "para cada elección el Registro Electoral
vigente será cerrado noventa (90) días antes
de la fecha de la realización de las elecciones o
referendo" y si tomamos en cuenta que el REP estuvo abierto
hasta el día 8 de este mes, encontramos allí
una irregularidad que, en el caso del revocatorio, constituyó
una de las causas mayores en la adulteración de los
resultados electorales.
A eso debemos añadirle luego el descarado ventajismo
gubernamental con la utilización de los poderes
públicos a su favor, (de primero el CNE) la chequera
sin fondo de Pdvsa y demás organismos oficiales
y la evidente parcialización de la Fuerza Armada,
que, en algunos casos, acudió a la fuerza para
evitar las auditorías ordenadas por la Ley.
Pero está también el desgano de un electorado
que, en lo concerniente a las asambleas de ciudadanos,
se convierte en abstencionismo militante. Posición
que rechaza participar ante las contradicciones de
una dirigencia que denuncia el fraude en el revocatorio
y al mismo tiempo pide el voto para las regionales.
Y como si esto fuera poco, está la actitud de
algunos gobernadores y alcaldes de oposición,
en franca rebeldía ante una Coordinadora que,
a su juicio, les ha usurpado su papel de líderes
en este proceso, ha tomado decisiones sin consultarles
y aún no reconoce quiénes son los responsables
del fracaso del 15 de agosto, con fraude o sin él.
Y aun cuando todas estas contradicciones pudieran
ser resueltas, quedaría pendiente el espinoso
tema de las candidaturas unitarias en una oposición
que, además de los formidables obstáculos
que le colocan sus adversarios del CNE y del Gobierno,
debe enfrentar la pugna por las candidaturas. Así
las cosas, de nada serviría lograr unas condiciones
honorables de participación y luego botar el
triunfo por la borda ante el egoísmo y la incapacidad
de trascender más allá de las pequeñas
ambiciones.
En ese contexto surgen, por otra parte, los problemas
logísticos y organizativos del CNE, provocados
por la eventual imposibilidad técnica de
Smarmatic para tenerlo todo listo el 31 de octubre.
En esta situación, en la cual se requiere
adquirir otro lote de máquinas y añadirles
una pantalla paralela en la cual aparezcan todas
las opciones electorales, surgen tres escenarios:
la postergación hasta diciembre. La simplificación,
(sólo se elegirían gobernadores y alcaldes)
o, en el más improbable de los casos, el
voto manual.
Pero sea cual fuere el escenario y de nuevo
nadando contra la corriente, la CD aparece en
deuda con un país que aun cree en su dirigencia
y a la vez le reclama mayor realismo político
y un verdadero propósito de enmienda, pero
ya, ahora, y no después del 31 de octubre,
porque de nada sirve decir que vamos a votar
y ganar si una parte de nosotros rechazamos
lo primero y por lo tanto todos estamos muy
lejos de lo segundo.