El denominado informe Tulio (Fraude a la Democracia, Caso Venezuela)) se basa sobre dos hechos fundamentales para demostrar la comsumación de un fraude antes y durante el referendo revocatorio del pasado 15 de agosto.
Inicialmente se hace un exhaustivo recuento de las condiciones desventajosas en las cuales se vio obligada a participar la oposición desde el mismo momento del nombramiento del Directorio del CNE, resaltando el desequilibrio de poderes y el solapamiento de los derechos ciudadanos. Luego pasa a documentar la adulteración y contaminación masiva del Registro Electoral Permanente y finalmente hace una revisión técnica de las irregularidades detectadas en las máquinas de Smarmatic.
En primer lugar aparece la estrategia de cedulación como elemento del fraude. Allí se advierte que el Gobierno diseñó un Plan de Cedulación de venezolanos y extranjeros sin cumplir los requerimientos técnicos de seguridad.
La consecuencia añade el informe fue una absoluta distorsión del REP gracias al control absoluto de la Fiscalía General de Cedulación y de la DIEX y Onsrci. Se asienta que en el año 2003 comenzó el Plan Nacional de Cedulación, en actos proselitistas del oficialismo, que se realizó de manera selectiva. Vino luego otorgamiento masivo de la nacionalidad a extranjeros ilegales y paralelamente se activó la "Misión Identidad".
Se establecieron oficinas ambulatorias operadas por activistas del Gobierno con recursos de Pdvsa, INCE y el Ministerio de la Defensa. Se utilizó una plataforma tecnológica para emitir cédulas, carente de todos los elementos de seguridad, sin verificación de datos, sin cotejarse las huellas dactilares ni controlarse la emisión de cédulas.
Es así como en cuatro meses el REP se incrementó en más de un millón 800 mil electores y se realizaron un millón cien mil reubicaciones. Al mismo tiempo el CNE, mediante el expediente de depuración de fallecidos, dejó por fuera a un importante grupo de electores, que en su mayoría había firmado solicitando el RR
De acuerdo al documento, también se violó la Ley Orgánica del Sufragio según la cual el REP debe cerrarse 90 días antes de las votaciones. Lo ocurrido fue que luego de procederse a la medida, el 10 de Julio fue abierto de nuevo hasta el 30 de julio, todo lo cual invalida el proceso.
Se agrega que un porcentaje muy elevado de nuevos inscritos se orientó hacia áreas rurales y urbanas no consolidadas, donde el Gobierno podía ejercer su control sobre el conteo manual. En casos de municipios pequeños se reportaron reubicaciones que alcanzaron a más del 50% de la población. La intención era hacer coincidir los resultados automatizados, también manipulados, con los mesas manuales y esto sólo era posible si se materializaba una movilización importante hacia estos centros.
Se advierte, por otra parte, que en veinte de las 24 entidades federales el REP supera la proporción histórica del 48% de la población electoral, que se había mantenido desde 1958 hasta el 2000. Esto, según el Instituto Nacional de Estadísticas, implica un crecimiento aual de 217.586 nuevos electores. Sólo que entre enero y julio del 2004 el REP se incrementó en un 1 millón 744 mil quinientos trece electores. Una cifra cercana a la diferencia entre el No y el Sí que, según los resultados oficiales, es de 1 millón 811 mil 621 votos.
Otra contradicción encontrada es que la expectativa histórica del crecimiento poblacional, algo más de 450 mil personas por año, se elevó a casi 700 mil. Según esto, la población debería ser de 28 millones y de abrirse el REP nuevamente llegaría a 30 millones.
En 6 seis meses la población envejeció, se invirtieron las proporciones de votación y si en enero de este año, de cada cien habitantes 48 eran mayores de edad, en julio ya eran 54.
Desde el punto de vista técnico el estudio encuentra anomalías en la operación de las máquinas de Smarmatic y en el sistema de comunicaciones, concluyendo que hubo bidireccionalidad de la comunicación, no obstante que esto fue negado por el presidente de Smarmatic, Antonio Mugica.
Se hallaron diferencias en patrones de tráfico, tranmisiones fuera del horario permitido y modificación en el procedimiento, cuando imprimir primero las actas y transmitirlas luego era lo acordado.