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Caracas, martes 13 de julio, 2004  
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El país entero espera en vilo la decisión

Este martes será la audiencia preliminar en la que se determinará si el caso es desechado o llevado a juicio. Y con toda la presión de un juicio encima, Capriles no ha ocultado las ideas que siempre ha esgrimido: la realización del referendo revocatorio presidencial.

Parece más una novela por entregas que un caso en donde la justicia es el norte. El 16 de marzo, el Tribunal 52 de Control libró boleta de captura contra el alcalde de Baruta por los hechos en la Embajada de Cuba el 12 de abril de 2002.

Sorprendentes fueron las declaraciones del fiscal Danilo Anderson el 18 de marzo, al asegurar que los abogados del alcalde no conocerían el expediente hasta tanto éste se pusiera a derecho. Por su parte, la defensa del alcalde advertía que la única forma de ejercer la defensa era conociendo el expediente.

El primero de abril, la Sala Penal del TSJ, con ponencia de la magistrada Blanca Mármol, anuló la orden de detención contra Capriles. A su vez el fiscal general manifestó que el avocamiento de la Sala Penal no era procedente, pues no había ninguna situación irregular para corregir, alegando que la anulación de la orden de aprehensión se sustenta en hechos que no son ciertos.

El 11 de mayo Capriles acudió a la citación del Tribunal Segundo de Control. En la tarde fue trasladado a la sede de la Disip. El 26, la Corte Interamericana de Derechos Humanos anunció medidas cautelares para Capriles. El 4 de junio el fiscal Anderson solicitó al tribunal 2 de Control, a cargo de la juez María Gómez Nieves, otros 15 días de prórroga para recabar pruebas.

La acusación formal fue realizada el 25 de junio en grado de autor por los delitos de quebrantamiento de principios internacionales, violencia privada y violación de domicilio por parte de funcionario público, y en grado de cómplice por los delitos de privación arbitraria de libertad, intimidación pública y daños a la propiedad. Danilo Anderson solicitó ante el tribunal 2 de Control que se mantenga la medida privativa de libertad. _PD.

 

 
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