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Caracas, viernes 09 de julio, 2004  
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Finanzas compro torre por el doble de lo que Citibank le pidió al INCE

VICTOR SALMERON

EL UNIVERSAL

El 19 de noviembre de 2002 Milagros Martínez, para ese momento presidenta del Ince, le envía una carta a Phillip Henríquez, quien estaba al frente de Citibank, donde le manifiesta el interés del organismo por adquirir el edificio sede del banco, mas sin embargo, explica que los cinco millones de dólares que exige Citibank "son una cifra difícil", por lo que le pide que estudie la posibilidad de ayudarnos a buscar cofinancistas".

El Estado terminaría adquiriendo el edificio el seis de febrero de 2003, cuando en medio del paro de la industria petrolera y el control de cambio, el Ministerio de Finanzas acuerda cancelarle 9,5 millones de dólares a Inmobiliaria Chacao, una empresa que seis días antes, el 30 de enero, se lo compra a Citibank por 4,7 millones de dólares.

Después de que el seis de febrero el Ministerio de Finanzas se compromete a pagar con bonos de la República, el 22 de abril cambia el convenio y acuerda cancelar con el equivalente a tres millones de dólares en efectivo y 6 millones 500 mil dólares "mediante la entrega de bonos de la República Bolivariana de Venezuela".

A pesar de que los documentos registrados se refieren a bonos de la República, Antonio Pardo, socio de Inmobiliaria Chacao, ha explicado que en realidad recibió un pagaré "por 6,5 millones de dólares a valor nominal".

Antes de comprarle a Citibank el inmueble Inmobiliaria Chacao ya tenía asegurada la operación con Finanzas, por lo que desde el tres de enero comienza a recibir "cotización referencial de compra sobre un pagaré emitido por el Ministerio de Finanzas".

Los pagarés en dólares no son nuevos en el Ministerio de Finanzas. El 31 de diciembre de 2002 Jesús Rodolfo Bermúdez, para ese entonces viceministro del despacho, abrió a nombre de la República un fideicomiso gigante en el Banco Industrial por $1.500 millones entregando pagarés.

Cediendo fracciones de los pagarés en dólares, el Ministerio de Finanzas canceló compromisos a contratistas y empresas públicas, como es el caso de Ferrominera, una filial de la CVG.

vsalmeron@eluniversal.com



 
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