GUSTAVO AZOCAR ALCALA

ESPECIAL PARA EL UNIVERSAL

El fiscal Jairo Escalante, quien lidera la parte acusadora, presentó a consideración del juez segundo de juicio Gerson Niño, una denuncia interpuesta por un ciudadano identificado como Henry Alirio Sosa, en contra del abogado Pedro Rey, lo cual buscaba invalidar la participación de este profesional del Derecho como parte de la defensa y anular el nombramiento de uno de los dos escabinos que han sido juramentados para conocer este caso.

Niño consideró que la denuncia era extremadamente grave y que, si se comprobaba, debían ser suspendidos inmediatamente, tanto el abogado Pedro Rey, como el escabino que había recibido el soborno.

Pero el juez Gerson Niño desestimó los alegatos de la Fiscalía presentados por Escalante y consideró que la moción del fiscal no solamente estaba fuera de lugar, por cuanto la misma no forma parte del juicio, sino que no tenía incidencia en el juicio, por lo que denegó la solicitud de posponer la audiencia, señalando que los hechos denunciados debían ser investigados por los órganos competentes para demostrar su veracidad o su falsedad y que hasta tanto esto no ocurriera el juicio debía proseguir como estaba programado.

Habla el denunciado

El abogado Pedro Rey, miembro del grupo de defensores de los imputados, y sobre quien recayó la denuncia hecha pública por la Fiscalía, dijo que el fiscal Escalante mostró al juez Niño y a los presentes copia de una denuncia incoada en horas de la mañana de este martes por el ciudadano Henry Alirio Sosa, quien lo acusa de haber entregado la suma de diez millones de bolívares en efectivo a uno de los dos escabinos para que éste decidiera a favor de los presos políticos.

Rey dijo que la denuncia no solamente es falsa, sino que forma parte de una estrategia llevada a cabo desde la Fiscalía para tratar de enturbiar y retrasar el juicio. "...En Derecho decimos que lo que hizo el fiscal fue una bufonada, una cochinada y una falta de ética. Esa denuncia no tiene ningún basamento, es falsa de toda falsedad y podemos demostrarlo en su oportunidad.

Ahora bien, lo importante es que ellos (la Fiscalía) están dispuestos a hacer lo que sea para posponer el juicio porque es evidente que no tienen pruebas y saben que lo perderán".

Dijo el abogado que "lo que han hecho hoy es una cochinada. El presunto soborno del que se me acusa es falso y lo demostraré en su momento, pero ahora lo importante es ganar este juicio".

Proceso largo

La lista de testigos que han sido citados a declarar en el juicio, aumentó de 62 a 109 personas, según confirmaron fuentes vinculadas al caso. Del total de testigos, poco más de un 40 por ciento son empleados de la Gobernación del Estado Táchira y, por lo tanto, subalternos del gobernador Ronald Blanco La Cruz, lo cual, aparentemente, los inhabilitaría para dar un testimonio que pueda ser tomado en cuenta por el juez.

Uno de los abogados defensores se preguntó "...¿cómo puede un empleado mío declarar contra mí si sabe que lo puedo botar del trabajo? Los testigos promovidos por la parte acusadora son subalternos y en su mayoría, forman parte del personal de libre nombramiento y remoción de la Gobernación. Podrán ofrecer un testimonio válido y creíble".

La defensa estima que si declaran todos los testigos y se promueven todas las acciones que han sido previstas, el juicio podría tardar de dos a tres semanas como mínimo, lo que significa que el caso podría llegar a su etapa culminante justo cuando estemos a una semana del referendo revocatorio presidencial.

El traslado

El traslado de los imputados se hizo a bordo de una unidad de transporte de la Fundación Penitenciaria del Táchira, Fundapenta, junto a otros diez presos comunes, a quienes también les correspondía audiencia. Fueron llevados esposados, en grupos de tres bajo la custodia de efectivos de la Guardia Nacional.

Belkys Cárdenas de Supelano, madre de Jacobo Supelano, uno de los nueve imputados, dijo que "haberlos traído desde la cárcel esposados y junto a otros presos comunes es una cosa aberrante. Ellos no son matones, ni asesinos". José Gregorio Peña, hijo de Elsy de Peña, la única mujer detenida por los hechos de abril 2002, dijo que "...el gobernador ha intentado hacer cualquier cosa para bajarle la moral a los presos políticos, pero no lo ha logrado ni lo va a lograr. Por el contrario, traerlos esposados les da mucha más fortaleza y más fuerza".

Saúl Lozano y Jacobo Supelano fueron trasladados desde los centros hospitalarios donde se encuentran recluidos. Supelano fue llevado desde el Centro Materno Infantil, donde hace una semana fue intervenido quirúrgicamente de una apendicitis, en tanto que Lozano fue llevado desde el Hospital central de San Cristóbal, donde se encuentra desde hace ocho meses por presentar dos hernias discales.